Ganadería cortó con la publicidad encubierta

Nueva administración dijo "no va más".

LA REPUBLICA accedió a un informe en el que se deja en evidencia que durante el gobierno anterior, diversos organismos estatales y paraestatales pagaban a medios de comunicación para estar en la agenda pública. El documento fue recibido a principios de la nueva administración por el entonces flamante ministro José Mujica, quien cortó de inmediato con esas prácticas.

En el informe, que fue elaborado por funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se dejaba constancia de un mecanismo que venía funcionando desde hacía varios años, y que consistía en contratos de publicidad que realizaban diversos organismos estatales y paraestatales con diferentes medios de comunicación. La particularidad radicaba en que los contratos, si bien se pagaban como si fueran “menciones en tanda”, se ejecutaban como “publicidad encubierta”. Esto significa que, en lo concreto, los espacios rurales de los diarios, programas de radio y televisión emitían entrevistas de altos jerarcas sin aclarar que se trataba de una publicidad paga.

En el documento, se indica que para fines de 2004 ya habían firmado sus contratos de publicidad para los meses de enero, febrero y marzo de 2005 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Instituto Plan Agropecuario, el Movimiento pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Programa de Reconversión de la Granja, y Antel. Entre los medios con los que se renovó el contrato figuran los espacios rurales de varios diarios nacionales, dos radios AM y diversos canales de televisión, tanto privados como de cable. Si bien en el informe no figura la cifra que cada uno de estos medios recibió por las publicidades, se aclara que se trata de “decenas de miles de dólares”. Asimismo, se indica que los gastos se destinan a “equipos de periodistas que trabajan conectados entre los diferentes canales y diarios, por lo que todo va a un pozo común donde después (cada fin de mes) se efectúa el reparto del botín”.

A modo de ejemplo, se adjuntan al informe las entrevistas pautadas para enero, febrero y marzo sólo con uno de los medios, un canal de TV. Se trata de 47 páginas, en cada una de las cuales se hace referencia a una entrevista distinta. En cada hoja se indica el nombre del entrevistado, se hace una introducción a la entrevista y se indica exactamente cuál será la duración de la misma, especificando con qué frase debe empezar y con cuál terminar.

En una de ellas, figura como introducción: “La extensión del programa de desarrollo ganadero dependerá de la posición de las autoridades electas de gobierno. Luego de haber aprobado los aspectos técnicos, el proyecto se encuentra actualmente a estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta segunda fase adquiere ciertos aspectos del programa piloto, pero tiene algunas diferencias”. Asimismo, se aclara el nombre del entrevistado, la duración de la nota (1’40”) y desde dónde va (“no es nada seguro que haya una…”), hasta donde (“…burocráticos que hay que hacer”).

 

NO DESCARTAN INVESTIGADORA

Un alto jerarca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, señaló a este diario que frente al informe la cartera decidió no iniciar una investigación ya que “era un gran lío y había otras cosas más importantes para solucionar”. No obstante, el jerarca aseguró que la reacción de las autoridades fue cortar de plano con esas prácticas. Se dejó claro que las entonces flamantes autoridades no continuarían con las “publicidades encubiertas”.

Por su parte, el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay), presidente de la Comisión Investigadora de Gastos e Inversiones de Entes y Empresas Públicas de la Cámara de Representantes -entre los años 2000 y 2005-, dijo a este diario que hasta ahora la comisión ha constatado algunas irregularidades relativas a los gastos en publicidad de los organismos investigados (Banco Hipotecario, UTE, Antel y Ancap), aunque ninguna ilegalidad. El legislador expresó que las irregularidades tienen que ver fundamentalmente con gastos en publicidad orientados marcadamente a los departamentos de los cuales los directores eran originarios. Asimismo, remarcó que en ciertos casos los gastos eran exagerados y cumplían la función de sostener a medios de comunicación, muchos de los cuales estaban directamente vinculados al sector político que apoyaba el director. Varela expresó que si bien estas cuestiones constituyen irregularidades, no se puede hablar de ilegalidad “porque no existían normas que lo prohibieran específicamente”. Es por ello que el legislador expresó que se está trabajando para crearlas.

En lo que respecta a las “publicidades encubiertas”, Varela señaló que si bien hasta ahora no se han podido comprobar, “hay indicios de que eso puede haber ocurrido”, expresó, agregando que el tema se tratará en la próxima reunión con los ex directores de Ancap.