Cordero será extraditado

El Ministerio Público brasileño admitió las requisitorias de tres jueces de Argentina y uno de Uruguay. Deberá ser juzgado por delitos contemplados en el orden penal brasileño. Los once ministros del Supremo Tribunal Federal norteño podrían tomar una decisión antes de mayo.

El procurador general de la República Federal de Brasil, doctor Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, aprobó con salvedades el otorgamiento de la extradición del coronel (r) uruguayo Manuel Cordero y serán ahora los once ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño quienes resolverían este mes si es entregado a Argentina o Uruguay.

Barros e Silva de Souza admitió en los últimos días de febrero la solicitud de extradición de la que le dio vista el ministro Marco Aurelio de Mello, presidente del STF, quien le entregó sus conclusiones en el último trámite previo a la decisión formal e inapelable que tomaran los integrantes del máximo órgano judicial brasileño.

El ministro Marco Aurelio de Mello había tenido a su cargo el largo trámite del expediente de la extradición Nº 974, iniciada por pedido el juez federal argentino Guillermo Montenegro que promovió la detención del torturador en febrero de 2005, cuando fugó de Uruguay para no comparecen en un proceso de desacato con ofensa promovido por un juez penal.

Cordero es acusado de participar en crímenes de lesa humanidad en Argentina, donde operó en la coordinación represiva del Plan Cóndor contra opositores a la dictadura uruguaya quienes fueron secuestrados, torturados en el centro clandestino de reclusión Automotores Orletti y trasladados ilegalmente a Montevideo, donde más de veinte de ellos están desaparecidos.

 

¿Argentina o Uruguay?

A la solicitud de extradición del juez Montenegro se sumó también una requisitoria del juez penal de 19º Turno de Uruguay, doctor Luis Charles, quien implicó a Cordero en el delito de privación de libertad de Adalberto Soba, por el que fueron procesados en noviembre de 2006 ocho militares y policías conocidos como la «patota de la OCOA».

El militar uruguayo, que continúa encarcelado en una unidad militar de Santana do Livramento, también ha sido requerido por el juez federal argentino Daniel Rafecas, a cargo de la causa Automotores Orletti, y por su colega Norberto Oyarbide, quien indaga el secuestro de niños. Todos los pedidos de extradición fueron sumados en un único expediente.

La respuesta de la Procuraduría General brasileña será estudiada ahora por los once ministros del Supremo Tribunal Federal, quienes podrían tomar una decisión en el correr del mes de abril y determinar la formal extradición del represor a uno de los dos países que lo requieren, aunque fuentes judiciales consultadas por LA REPUBLICA prevén que sea enviado a Uruguay.

Las salvedades marcadas por el procurador Antonio Fernando Barros e Silva de Souza habrían limitado los cargos por los que el militar uruguayo puede ser juzgado una vez que se otorgue la extradición, debido a que el sistema judicial brasileño establece que debe realizarse un proceso respecto a tipificaciones penales que existan en su país.

 

8 VOLUMENES Y 3 ANEXOS

Desde que el coronel Manuel Cordero fue ubicado en Santana do Livramento en 2004, por el militante de derechos humanos gaúcho Jair Krischke, se cumplió un largo trámite para lograr su detención en febrero de 2005 y propiciar su extradición a Argentina o Uruguay donde cometió crímenes de lesa humanidad.

Ocho volúmenes de fojas y tres anexos con las sucesivas requisitorias de otros jueces, completan el expediente Nº 974 en el que se incluyen las sucesivos chicanas jurídicas presentadas por la defensa del militar uruguayo y sus traslados a la sede de la Policía Federal en Porto Alegre, la cárcel estadual de Santana do Livramento y la Brigada Militar Nº 2.

El ministro relator Marco Aurelio de Mello entregó su velatorio con las conclusiones del caso el pasado 22 de enero y el expediente derivó a la Procuraduría General de la República, cuyo titular Antonio Fernando Barros e Silva de Souza tomó posición el 29 de febrero. La decisión final será ahora de los miembros del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

 

Enemigos íntimos

El Procurador General, Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, y el Presidente del STF, Marco Aurelio de Mello, son casi «enemigos íntimos» en la agitada vida política interna de Brasil, que ya vive su próximo proceso electoral.

El primero es un hombre muy cercano al presidente Luis Ignacio Lula Da Silva, quien promovió su reelección en el cargo de procurador general en junio de 2007 y reasumió su cargo con el apoyo unánime del Senado.

Marco Aurelio, primo del ex presidente Fernando Collor de Mello, en cambio, se ha enfrentado duramente al presidente Lula. El presidente del STF es a la vez presidente de la Corte Electoral y ha criticado decisiones del gobierno del Partido de los Trabajadores.

Sin embargo, tanto el procurador como el ministro de Justicia terminaron por coincidir en que el torturador Manuel Cordero debe ser juzgado por los múltiples delitos por los que le acusan tres jueces argentinos y uno uruguayo.