Medida cautelar. La jueza Opertti entendió que existe riesgo para la DGI para cobrar sus tributos

Justicia embargó a Francisco Casal y créditos de todos los clubes de la AUF

La jueza Civil de 1º Turno, Loreley Opertti, procedió al embargo de créditos contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), todos los clubes y el empresario Francisco Casal por un monto aproximado a 561 millones de pesos (unos 25 millones de dólares, aproximadamente), según expresó el director de la DGI, Nelson Hernández, en Canal 5.

El director del fisco aseguró que existe «una notificación a un club deportivo de una resolución judicial que accede al embargo genérico de bienes, es decir que concuerda con la DGI en que existe riesgo para la administración en el cobro de los tributos».

La jueza determinó «un embargo sobre los créditos» de un club, por lo que se comunica «al deudor que no puede pagarle al acreedor», y en este caso «el acreedor del club es el empresario», ya que el embargo se adopta «sobre los créditos ciertos o probables», indicó Hernández a LA REPUBLICA.

La demanda de la DGI contra los bienes del empresario «refiere a la aplicación del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) en su mayor parte» y corresponde a adeudos originados antes de la implementación de la reforma tributaria, que entró en vigencia el 1º de julio de 2007.

La medida cautelar es «un procedimiento que la DGI aplica con generalidad, en todos los casos por deuda de tributos en los que entienda que hay riesgo de cobro», pero el tema adoptó «una trascendencia pública no buscada por el organismo», expresó Hernández.

El director de Rentas aseguró, en tanto, que la DGI comparecerá ante la jueza Civil de 4º Turno, Martha Alves de Simas, para determinar ante la sede judicial cuál es el «derecho aplicable» a la actividad empresarial del mayor contratista del fútbol uruguayo.

Las dos causas «son independientes» pero «si lo que se pretendía (en la demanda de ‘acción declarativa de certeza’) era que la administración se expidiera, se logró.

La administración se expidió», y ahora la Justicia embargó los créditos, afirmó Hernández.

La jueza Alves de Simas desestimó entonces la «medida cautelar» de «prohibición de no innovar», que presentaron los abogados de Casal, Leonardo Costa y Oscar Brum, pues se pretendía «que mientras no se dilucide la cuestión objeto de incertidumbre, no se traben medidas cautelares a solicitud de la DGI».

La defensa del empresario futbolistico Casal, sin embargo, aún no fue notificada de la decisión de la jueza Opertti sobre el embargo del crédito del empresario, por lo que se prefirió no realizar comentarios hasta conocer el dictamen de la jueza.

«Nosotros estamos muy tranquilos.

La DGI planteó una medida cautelar pero no había peligro, ni riesgo de cobro, por lo que nosotros estamos tranquilos, ya que la defensa es absolutamente sólida y nos asiste el derecho», señaló el doctor Leonardo Costa a LA REPUBLICA. El diferendo que mantiene Casal con la DGI data desde al menos seis años atrás. El contencioso comenzará a dirimirse en la justicia a partir dela medida cautelar aprobada en las próximas horas.

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