El Frente Amplio define si apoya o no nueva terminal de contenedores

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Fernando Puntigliano, manifestaron su deseo, a la bancada parlamentaria frenteamplista, de que en marzo se explicitara la posición de la fuerza política respecto a la intención del Ejecutivo de licitar una segunda terminal de contenedores en Montevideo.

Luego del receso de Semana de Turismo, los legisladores oficialistas conformarán una comisión especial, integrada por representantes de cada sector político, para buscar un consenso respecto a la propuesta del gobierno. La fuerza política deberá decidir, lo antes posible, primero, si aprueba la construcción de la terminal, y luego, en caso de tener una respuesta afirmativa, determinar la mejor forma de instrumentar la explotación de este servicio.

De acuerdo a sondeos previos realizados en la presente semana, existe una tendencia de la fuerza política a darle el visto bueno al gobierno. Sin embargo, consultada la senadora Margarita Percovich, aclaró que aún no hay una resolución sobre el tema. La legisladora manifestó que la intención es programar una reunión para la semana próxima con integrantes de la bancada frentista para abordar un análisis del tema.

En el gobierno, hay apuro en definirlo cuanto antes, ya que según sus cálculos, la terminal de contenedores del puerto de Montevideo ingresará en una «zona de riesgo a partir del año 2011″, según indicó el presidente de la ANP, Fernando Puntigliano. (Sin embargo, la empresa Katoen Natie hizo otras proyecciones que ubican el plazo desde el 2015).

Por lo tanto, los tiempos darían justo para todos los procedimientos que lleva la instauración de una segunda terminal: proceso licitatorio (si lo hubiera) y construcción en sí misma.

Fuentes frenteamplistas entienden que el Ejecutivo debe ir adelante en la construcción de la nueva terminal, debido a la creciente demanda y a la saturación que tendrá, en pocos años, la única playa de contenedores.

Sin embargo, no habría unanimidad en la forma de instrumentación del servicio, ni la participación que tendría el Estado en la misma.

Algunos legisladores, como el diputado Eduardo Brenta, son partidarios de autorizar la instauración de la terminal a través de la aprobación de una ley. Este legislador considera que, a través de una norma, Uruguay se estaría dotando de una mayor garantía, ante «una casi segura impugnación de la empresa Belga, Katoen Natie.»

Puntigliano explicó que estos inversores anuncian la realización de una demanda por un tema en particular, con el argumento de que el Plan Maestro del puerto es vinculante, y en la que se explicitaría, dicen estos empresarios, que debía existir una sola terminal.

«Pero todos los juristas que hemos consultado hasta el momento nos dicen todo lo contrario», advirtió el presidente de la ANP.

El jerarca dijo que hubo palabras del embajador de Bélgica haciendo referencia a su intención de proteger sus inversiones en Uruguay. A lo que replicó que nuestro país defenderá su soberanía, teniendo en cuenta lo que considere conveniente para el país.

Puntigliano aclaró que además de las empresas Montecom, Igsi (de origen filipino) y APL Terminal del grupo Maersk (danés) con sede en Holanda, que manifestaron públicamente su interés en participar en una segunda terminal de contenedores, hay otras 6 empresas «que me dijeron que quieren competir por explotar esta otra opción en el puerto de Montevideo.» A lo que agregó que también, algunos de los gobiernos a los que pertenecen estas empresas, dijeron que quieren proteger sus inversiones.

El puerto de Montevideo experimentó en los últimos cinco años un crecimiento en el movimiento de contenedores en el entorno del 15%, ubicándose entre los 8 puertos de mayor crecimiento en Sudamérica.