Reacción de Casal

La defensa de Francisco «Paco» Casal consideró «insólita» la determinación de la Dirección General Impositiva (DGI) de trabar una medida de embargo contra los bienes de su cliente, al constatarse que el empresario mantiene una deuda millonaria con el ente recaudador.

Ayer trascendió que la DGI presentará ante la Justicia, después de Semana Santa, el pedido de embargo.

La administración «en forma insólita ahora dice que va a trabar embargo contra los bienes de un presunto deudor», cuando «en seis años no tomaron ninguna medida cautelar ni resolución», señaló Oscar Brum, uno de los representantes del empresario.

La DGI «dice que se embargarán los bienes del empresario», lo que significa una «clara violación del secreto tributario» y «es una prueba más de que no hay garantías para Casal por parte de la administración», expresó Brum. «Ahora rápidamente, con celeridad, y con aparente eficiencia, la DGI resolvió el monto que debe abonar el empresario. No pueden presionar al Poder Judicial y se deben dar cuenta que están en un Estado de Derecho», indicó el profesional. Los abogados Brum y Leonardo Costa promovieron «una acción declarativa de certeza» ante la Justicia Civil para que se defina «el derecho aplicable en materia fiscal» por la actividad empresarial de Casal.

La jueza de 4º Turno, Martha Alves, «asumió competencia», pero desestimó la «medida cautelar» de «prohibición de no innovar» que pretendía la defensa, aunque dio un plazo de 30 días para que la DGI se presente en la sede y defina el derecho aplicable.

El director de Rentas, Nelson Hernández, aseguró que la administración del fisco se presentará con la documentación requerida antes del plazo estipulado por la jueza.