IMM deberá pagar cien mil dólares a dos abogados

El conflicto fue planteado por el consorcio que integran Benito Roggio e Hijos SA, Despar SA y la Constructora Odebrecht SA, que entre 1992 y 1995 fue el encargado de hacer el interceptor costero entre la escollera Sarandí y Punta Carretas.

En 1998 la empresa reclamó diez millones de dólares a la comuna argumentando que la obra había implicado trabajos extra que no estaban previstos en el pliego. Uno de los motivos planteados fue que el suelo era rocoso, lo que no habría sido aclarado por el municipio.

El director de Desarrollo Ambiental, Luis Lazo, dijo a LA REPUBLICA que esos aspectos «estaban contemplados en el pliego. Lo que sucede es que resulta habitual para esta clase de empresas enviar los abogados antes que los ingenieros. Su especialidad es el reclamo».

Las autoridades municipales consideraron que el pago no correspondía pero el pliego preveía que para definir discrepancias entre contratante y contratado debería fijarse un arbitraje.

La empresa nombró a Carlos Delpiazzo para su representación y la comuna eligió al doctor Luis Torello Giordano, que cobró 73.800 dólares por su tarea. Como tercero neutral fue nominado el doctor Carlos de Cores, cuyos honorarios fueron divididos en partes iguales entre ambas partes, correspondiendo a la IMM el pago de 36.900 dólares. Este tribunal arbitral resolvió que la comuna debía abonar 970.000 dólares a la empresa por intereses de mora y otros aspectos que fueron calificados por Lazo como «razones menores».

Sin embargo, la IMM no abonó dicho monto porque el consorcio todavía le adeuda 1.300.000 dólares por cargas sociales al Banco de Previsión Social (BPS).

La comuna debió hacerse cargo de dichos gastos porque al ser propietario resulta responsable de los pagos pero pretende cobrar a la empresa la diferencia entre ambas cifras. Ese aspecto está siendo negociado con la intención de evitar un juicio.

El consorcio Benito Roggio e Hijos SA, Despar SA y Constructora Odebrecht SA no volvió a ser contratado por la IMM ya que, según explicó Lazo, «sus antecedentes de incumplimiento son tenidos en cuenta en el momento de la precalificación para cualquier llamado a licitación».