Próxima visita de cárceles desactivó motines
La confirmación de la Suprema Corte de Justicia de que el próximo 12 de este mes se retomarán las visitas carcelarias dejó sin efecto dos anuncios de motines en los establecimientos penitenciarios del Comcar y en el Penal de Libertad.
Uno de los mayores reclamos de los reclusos era precisamente que se diera inicio con estas visitas las cuales son propicias para, en algunos casos, conceder libertades anticipadas.
El tratamiento del Presupuesto quinquenal a nivel parlamentario llevó a que se fueran suspendiendo las visitas que estaban previstas en principio para mediados del pasado mes de octubre.
El diputado Guillermo Chifflet, del Encuentro Progresista, recordó que uno de los motivos de la huelga de hambre desarrollada en el pasado mes de marzo en diferentes centros de reclusión tenía como fundamental reclamo la realización de las visitas judiciales.
«Centros de corrupción»
El legislador Guillermo Chifflet que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes confirmó que los traslados de reclusos de una institución a otra «no se hacen por comportamientos correctos o por extrema necesidad», sino que intervienen otros factores y no precisamente legales.
«Nosotros –dijo– hemos preguntado a fiscales y abogados de oficio y nos han confirmado positivamente que los traslados de los reclusos se cotizan en dólares, aunque no hay pruebas concretas de ello».
Chifflet señaló que personal penitenciario cobra a razón de 500 dólares los traslados departamentales de los reclusos que por razones familiares o de la propia seguridad personal lo solicitan.
Las cárceles siguen siendo campos de concentración y centros de corrupción en lugar de rehabilitación» aseguró el diputado «más allá de que en determinado momento hagan espectáculos teatrales o jueguen un partido de fútbol» sostuvo en alusión a recientes actividades desarrolladas por reclusos con instituciones civiles.
Chifflet dijo que los problemas que se detectan en las diferentes cárceles se pueden llegar a solucionar «con la simple aplicación de las normas previstas en las leyes y en la Constitución».
Agregó que un informe redactado en la pasada dictadura militar refleja lo que efectivamente debe hacerse en los establecimientos carcelarios, «pasa que la dictadura lo hizo como pantalla para el exterior y en la democracia tampoco esto se aplica».
El legislador adelantó que próximamente, en un informe que el Parlamento deberá redactar y presentar en el Parlamento Latinoamericano «se va a demostrar lo poco que se ha podido hacer para que las cárceles se vuelvan efectivamente centros de rehabilitación».
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