"Ombudsman carcelario"

El proyecto de ley en poder de los legisladores y al que tuvo acceso LA REPUBLICA establece en el primer punto del artículo segundo que el «comisionado parlamentario» deberá «promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas sometidas a un procedimiento judicial», seguidamente «solicitar información a las autoridades carcelarias respecto a las condiciones de vida de los reclusos», «formular recomendaciones a las autoridades carcelarias para que se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras que tiendan al cumplimiento de las normas constitucionales», «recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de los reclusos» y además informar a la Asamblea General legislativa en forma obligatoria en períodos de un año, realizar inspecciones de carácter general a los establecimientos carcelarios, interponer los recursos de hábeas corpus cuando considere que existen delitos y cooperar con los organismos u organizaciones nacionales e internacionales que promuevan el respeto de los Derechos Humanos.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara parlamentaria, el diputado del Encuentro Progresista Guillermo Chifflet dijo a LA REPUBLICA que la persona elegida para actuar como el ombudsman penitenciario deberá poseer una probada actividad en defensa de los Derechos Humanos y un vasto conocimiento sobre la realidad carcelaria de nuestro país en particular e internacional en general. «Podrá ser incluso un legislador que, llegado el caso, deberá abandonar su actividad parlamentaria» confirmó.

En otro de los artículos que conforman el ya redactado proyecto de ley del «comisionado parlamentario para el sistema carcelario» se establece que las actuaciones que realice tendrán carácter reservado y confidencial y que todas las denuncias que se le hagan llegar deberán ser por escrito dentro del plazo de seis meses a partir de la irregularidad constatada.

Este trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

Las conversaciones que el «comisionado» tenga incluso con aquellas personas bajo estricta custodia deberán ser reservadas y si se viola esta disposición, «se penará en base al artículo 296 y siguientes del Código Penal».

También «el funcionario que obstaculizare la investigación» del ombudsman «incurrirá en el delito previsto en el artículo 164 del Código Penal».

El proyecto de ley que crea el «comisionado parlamentario» contiene 27 artículos en los que también se detalla las características que deberá poseer la persona que ocupe ese cargo, que será remunerado con una partida incluida en el presupuesto destinado al Poder Legislativo.

Tendrá un mandato de cinco años pudiendo ser reelecto por una única vez, ser mayor de 35 años, tendrá autonomía total en sus funciones y el cargo es incompatible con toda función dependiente del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunal de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Entes Autónomos, Servicios descentralizados y Gobiernos Departamentales.

El «comisionado parlamentario» tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual o de adopción de medidas prontas de seguridad.

Proyectos «gemelos»

El diputado Chifflet confió que la comisión parlamentaria que él preside se abocará de ahora en más a la redacción de un nuevo proyecto de ley. Es el que apunta a crear un organismo que se encargará de la problemática carcelaria, retirando ese tema de la órbita del Ministerio del Interior. Al igual que el de la conformación del «comisionado parlamentario», el nuevo proyecto es promovido por el diputado encuentrista Daniel Díaz Maynard.

El diputado Chifflet señaló que la Comisión parlamentaria está a la espera de un proyecto de similares características que está en poder del ministro del Interior Guillermo Stirling y que –según el propio secretario de Estado– es «gemelo al propuesto por el diputado Maynard».

El órgano carcelario no dependerá de ningún ministerio y estará conformado por personas que estén vinculadas al sistema carcelario «porque nos hemos encontrado actualmente con jerarcas que, con total sinceridad nos señalan que de cárceles no saben absolutamente nada pero estamos acá, en el Ministerio del Interior».