Malestar de la SCJ con el ex presidente Sanguinetti

El ex presidente Sanguinetti le había solicitado a la SCJ, que especificara en qué situación está cada uno de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el IRPF a las jubilaciones.

Pero en las últimas horas, ante la falta de respuesta, Sanguinetti sostuvo que la Corporación está dejando vencer los plazos para expedirse «para que aparezca una nueva integración». Según está previsto, el 7 de abril Sara Bossio se retirará de la SCJ.

El director de Protocolo de la SCJ, Raúl Oxandabarat, dijo que existe «mucha expectativa» con relación a la decisión del Cuerpo sobre la inconstitucionalidad del IRPF, pero eso «no implica que los ministros vayan a abandonar los principios de transparencia, imparcialidad y garantía para las partes».

El Colegio de Abogados del Uruguay reclamó a los poderes públicos competentes la «pronta decisión de las causas pendientes en cumplimiento del principio general de pronta resolución». La Corporación contestará mañana al pedido de informes que solicitó Sanguinetti, ya que el acuerdo de ministros de ayer no consideró el «fondo del asunto» porque la doctora Bossio no participó del mismo, expresaron dos ministros de la SCJ a LA REPUBLICA.

El artículo 118 de la Constitución indica que todos los legisladores pueden solicitar a los ministros de la SCJ «los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido», pero «no podrá ser objeto de dicho pedido lo relacionado con la materia y competencia jurisdiccional del Poder Judicial».

Los legisladores no pueden esgrimir que no hay «voluntad política, o en este caso, voluntad jurídica» por parte de la SCJ para no resolver, sino que «deben comprender que se deben respetar los tiempos de cada expediente», dijeron fuentes.

La presión que puedan ejercer legisladores a través de los medios para incidir en la resolución «es un tema muy subjetivo», porque no se puede «determinar cuánta presión recibe un juez cuando tiene que decidir», expresó Oxandabarat.

«Cada juez en particular debería responder una pregunta de este tipo. El ministro Hipólito Rodríguez Caorsi una vez respondió esa interrogante diciendo: ‘A nosotros nos pagan para recibir presiones'», explicó Oxandabarat. «En este caso se trata de un asunto de gran trascendencia pública, no sólo para quienes han iniciado las acciones de sino también para el propio Estado uruguayo, porque a partir de esta decisión, sea en un sentido o en otro, tendrá que tomar las medidas correspondientes», indicó.

 

EXPEDIENTE CON 3 VOTOS

Fuentes de la SCJ indicaron que ya existe «un expediente que cuenta con tres votos», pero no se puede pronosticar si llegará a ser tratado en acuerdo de ministros antes de que la doctora Bossio se retire.

Oxandabarat consideró imposible estimar cuándo puede existir el primer pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad o no del IRPF, porque «no existe un plazo único» para resolver estas acciones.

El análisis de los expedientes se inicia con un estudio de admisibilidad, y si es aceptado, se le da traslado a las partes involucradas, en este caso la Fiscalía de Corte, el Parlamento y la DGI, a través del Ministerio de Economía.

La recopilación de antecedentes sobre el IRPF incluyó un pedido de agregación de pruebas al Poder Legislativo, concretamente, las versiones taquigráficas que se suscitaron durante el proceso de discusión de la ley que creó el impuesto.

Los ministros tienen 20 días cada uno para estudiar el expediente, expedirse y pasarlo, y una vez que pasa por las manos de los cinco, queda en condiciones de ser llevado al acuerdo para una resolución definitiva. Sólo después de ser redactada, y firmada por los cinco ministros, la resolución cobra validez.