"Protección económica y financiera"

La conveniencia de generar «protección económica y financiera» para la pequeña economía uruguaya mediante la inversión pública en vivienda fue defendida en conjunto por Eduardo Lorier y Doreen Ibarra. Este pidió a los economistas del MEF que el Estado reponga «la cuota parte que desde la crisis de 2002 le debe al Fondo Nacional de Vivienda», relató el propio diputado. «Hoy día serían unos US$ 100 millones», suma que podría representar «incrementos sustanciales para la Agencia Nacional de Vivienda» recientemente creada por el gobierno, apuntó. El novel organismo tiene como cometido asumir el rol de agente de promoción desempeñado históricamente por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Si bien la recuperación de aquella cifra «es lenta», el equipo económico «tomó la propuesta con mucho interés y se comprometió a estudiarla», celebró Ibarra. En la misma sintonía de preocupación, el representante de la 1001 abogó ante las cabezas del MEF por «una solución a los deudores del BHU», entidad desfinanciada que padece un «altísimo» nivel de morosidad. «Las deudas alcanzan a entre el 75% y el 80% de la cartera», advirtió el dirigente del Fidel.

La representación de la 1001 y el ministro Astori coincideron en la perentoriedad de finalizar el proyecto de ley para la reestructura financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Cuando le recordaron al secretario de Estado que la comisión tripartita de estudio del tema (AEBU, MEF y MTSS) no se reúne desde fines del año pasado, Astori contestó que «será convocada de inmediato», dado que el asunto debe ser abordado «ahora». Lorier insistió con la preocupación del PCU por la veloz evolución negativa de «la burbuja inmobiliaria del norte», recalcó el senador. El legislador comunista fue el primer dirigente político uruguayo en advertir públicamente, a mediados de 2005, acerca del potencial riesgo de ese factor para la salud de una estructura económica altamente dependiente de los flujos fiancieros externos, como la uruguaya.