Para evitar "presiones" al negociar recursos presupuestales

Magistrados reclaman autonomía financiera

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) expresó la «necesidad de mejorar el bajo estándar de autonomía financiera» del Poder Judicial, como forma de evitar posibles «presiones» al momento de negociar «los haberes presupuestales» de este poder del Estado.

«El sistema político uruguayo mantiene su discurso de respeto a la independencia del Poder Judicial, al mismo tiempo que bajo el axioma o pretexto de que los jueces no son ni deberían ser presionables, intenta incidir en las decisiones que son de su interés», indica un comunicado emitido ayer.

«Es siempre riesgoso para el Estado de Derecho» que las ‘presiones’ se realicen por «fuera de las oportunidades legalmente establecidas», pero «tiene particular importancia» porque el Poder Judicial «está muy lejos de tener asegurada la independencia económica necesaria o acorde a su condición de poder del Estado», dice.

La mejora de la autonomía financiera es «impostergable para evitar que se recargue al sistema judicial sin la dotación de recursos», así como «resguardar la confiabilidad del sistema institucional dando al presupuesto del Poder Judicial un tratamiento acorde a su condición de poder».

El directivo de AMU Jorge Chediak dijo a LA REPUBLICA que existe «un problema de calidad institucional de la democracia uruguaya cuando la independencia jurisdiccional no va acompasada de la independencia económica».

El presidente Vázquez ratificó durante una entrevista con directivos de AMU «su compromiso de avanzar hacia la independencia económica del Poder Judicial», por lo que los magistrados hicieron llegar «una propuesta autonómica» al director de la OPP, expresó Chediak.

El planteo consistía en «votar el presupuesto del Poder Judicial por partidas globales, que no se puedan retocar a nivel legislativo», como forma de «evitar negociar» ante cada Rendición de Cuentas, indicó.

La intención es «avanzar hacia soluciones, sin aspiraciones macro», pero terminar con «las injerencias en la planificación y autonomía del Poder Judicial para determinar hacia donde dirigir sus recursos». AMU iniciará la «ronda de contactos», entre los que se encuentra un pedido de audiencia con el director de la OPP Enrique Rubio.

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