La estimación del “ombudsman” carcelario, que surge en el “Informe de actuación y evaluación del Sistema Penitenciario Nacional-2007″ presentado ayer al presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, y al que accedió LA REPUBLICA, señala que en el año 2015 Uruguay tendrá 15.870 reclusos.
El análisis de Garcé, que se inicia en 1990, cuando la población reclusa era de 2.791 personas, indica que en el año 2007 la misma se incrementó a 7.474 encarcelados, por lo que de continuar esta tendencia el sistema penitenciario uruguayo tendría un fuerte incremento de su población reclusa.
El hacinamiento de los reclusos en los centros de rehabilitación es una de las “distintas razones” que llevaron a declarar “la emergencia humanitaria” en 2005, por lo que se requiere una mayor inversión en infraestructura edilicia, indica el informe.
La habilitación de 750 plazas en el Penal de Libertad, de 250 en el Módulo VII del Comcar y “otras 100 en la nueva cárcel departamental de San José permiten anticipar un alivio” pero la “hasta ahora indetenible tendencia al crecimiento de la población reclusa hará que la descompresión generada por las nuevas plazas resulte transitoria”, dice.
El “ombudsman” señala que “para dar un alojamiento razonablemente digno a quienes hoy están en prisión se requieren dos mil quinientas (plazas) más” de las que ya han sido o serán habilitadas por distintas inversiones en materia de infraestructura.
El informe 2007 que elevó el “ombudsman” carcelario a la Asamblea General “es un trabajo de crítica, también de autocrítica”, al cumplirse la mitad del período de gobierno y a dos años y medio de la sanción de la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario.
La evolución de la reforma penitenciaria marca puntos de destaque, como “la difusión y consolidación de los sistemas de trabajo en reclusión abierta (chacras); la transformación de algunas cárceles del interior del país; y la baja reincidencia entre los egresados del Centro Nacional de Rehabilitación”, señala.
La crisis económica de 2002 “facilitó el renacimiento de las chacras penitenciarias” como forma de “proveer” la alimentación “de los internos y de los guardias penitenciarios”, pero a partir de 2005 pasó a ser “una política general del Ministerio del Interior, vinculada al principio de la progresividad”.
El régimen abierto en modalidad de “chacras” registró en 2007 “un aumento en la cantidad de beneficiarios” por tercer año consecutivo, y alcanzó a 305 reclusos, “todos de sexo masculino”, que representan el 4,08% del total de los privados de libertad, que participan del mismo.
El análisis indica que se detectaron “unas 50 plazas ociosas en establecimientos abiertos de todo el país” y que Cerro Largo y Maldonado “carecen de establecimientos de esta naturaleza”, que en caso de implementarse podrían derivar en 50 plazas más.
“En un contexto de sobrepoblación general en el sistema, la subutilización de estas plazas resulta absurda”, por lo que se recomendó “el aprovechamiento integral de la capacidad instalada en chacras y centros de rehabilitación, en los que debe darse cabida a las mujeres”.
El informe destaca que “frente al elevado porcentaje de reincidencia a nivel general (más del 50%)”, la misma “se sitúa en el orden del 5%” en los liberados del Centro Nacional de Rehabilitación, por lo que existe la “indiscutible” necesidad de invertir en este modelo de rehabilitación.
El aumento de la cantidad “de internos e internas que, en aplicación del beneficio de la redención de la pena por trabajo o estudio, realizan actividades productivas o educativas” (1.631 en 2007), es otro de los avances que destacan en el informe de Garcé.
Los avances, sin embargo, no ocultan que “nuestro sistema penitenciario viene fracasando desde hace décadas; tal vez nunca haya operado totalmente como escuela de ‘rehabilitación’ (…) y es posible que por esencia nunca pueda llegar a un éxito en este plano”, dice el informe en su “Reflexión final”.
Uruguay corre “el riesgo de llegar al año 2015 con algo así como 16.000 personas encarceladas”, por lo que no se puede “dejar que las cosas sigan como están y aguardar que las tendencias actuales se confirmen en los próximos años”, indica.
“Una sociedad con tradición humanitaria no puede contemplar pasivamente la llegada de semejante desastre”, por lo que “urge la definición de una política criminal coherente, con alcance nacional y fundamento racional”, y se debe “ver más lejos del enojo que nos causa aquél que injustamente nos priva de algún bien, moral o material”, dice.
La Cárcel de Canelones, el Penal de Libertad y el Comcar son los “tres mayores establecimientos” penitenciarios del país, y pese a las mejoras del sistema “persiste en ellos la emergencia humanitaria”, siendo las condiciones edilicias y sanitarias de los dos últimos “particularmente críticas”.
Tres de los siete módulos del Comcar “se encuentran en estado ruinoso” y con “graves problemas sanitarios”, además de existir “escasez de agua”, por lo que “las condiciones de higiene son muy malas en casi todo el establecimiento”, donde los internos deben realizar “sus necesidades fisiológicas a la vista de los compañeros de celda”, indica el informe. “La acumulación de basura es endémica”, expresa.
Los módulos de acero del Penal de Libertad, en tanto, son considerados “inhabitables para todos, internos y personal de custodia”, a causa de las “temperaturas extremas: hace frío polar en invierno y calor insoportable en verano”. La violencia “intragrupal e institucional” es otro aspecto “preocupante” del establecimiento, donde se registraron 9 de los 16 fallecimientos violentos que ocurrieron entre personas privadas de libertad durante 2007.
La tenencia de armas de fuego por parte de internos y su empleo “es un dato relativamente nuevo” y los coloca en “una inadmisible superioridad de fuego” de esos reclusos contra la guardia que “posee armas cargadas con munición no letal”.
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