No aparece el expediente sobre incidentes del Filtro

Una curiosa situación está planteada en el ámbito judicial. Fuentes judiciales dijeron a LA REPUBLICA que el caso de la denuncia del diputado colorado Daniel García Pintos contra los ex líderes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), entre ellos los senadores Mujica y Fernández Huidobro, está de momento estancado pues se pidió el expediente de los incidentes ocurridos en agosto de 1994 en las inmediaciones del Hospital Filtro, pero no ha podido ser hallado.

Dicho expediente fue requerido por la Fiscalía para que se agregue al de la denuncia, para poder extenderse en las indagatorias, pero ya han pasado muchos días y hasta la pasada jornada el mismo no había sido localizado. Tal es el caso, que tanto desde el despacho del juez que entiende la causa, doctor Daniel Tapié, como desde el de la fiscal, doctora Olga Carvallo, se comunicarán con la oficina encargada de los expedientes, para ver si hay alguna novedad sobre el expediente del caso de los incidentes del Hospital Filtro.

La denuncia contra los ex líderes tupamaros José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, Julio Marenales, José López Mercao y Jorge Zabalza, fue realizada en noviembre pasado, en el Juzgado Penal de 5º Turno, por el diputado García Pintos y el teniente general, ex comandante en jefe del Ejército, Raúl Mermot, que se basaron en el libro «Un cero a la izquierda» escrito por el periodista Federico Leicht, que es un biografía de la vida del ex líder tupamaro Jorge Zabalza.

Pero la denuncia se centra en una parte del libro, en la cual Zabalza cuenta que en las inmediaciones del Filtro, los tupamaros tenían un vehículo cargado con cócteles molotov y clavos «miguelitos» para arrojar a las cubiertas de los vehículos policiales, pero que desistieron de utilizarlos cuando la movilización se volvió masiva.

García Pintos también, en más de una oportunidad, dijo que los líderes tupamaros arengaron a la gente por las radios CX 36 y CX 44, para que confluyeran al lugar a apoyar su manifestación.

Vale recordar que se oponían a la extradición de tres ciudadanos vascos, presuntamente con vinculaciones en la organización terrorista ETA.

En la denuncia penal se pide que se tipifique un delito de «rebelión calificada». Este delito, según los artículos 141 y 142 del Código Penal, se le puede tipificar a quien o quienes «se alzaren a mano armada contra los poderes públicos o con el objeto de promover la guerra civil» y a «los que impidieren a los poderes del Estado el libre ejercicio de sus funciones».

Sobre la denuncia, Zabalza dijo en su momento que no tiene fundamentos, y que contrariamente a lo que busca García Pintos sería bueno porque podría permitir, «que se investiguen los dos crímenes impunes que dejó la represión».

 

ACCIONES IRREGULARES

Días pasados, en Argentina, el juez federal Julián Ercolini dictaminó que la guerrilla en la década del 70 no cometió delitos de lesa humanidad, tras la denuncia de familiares de víctimas de la misma, y si bien en nuestro país no se han realizado denuncias de ese tipo, el diputado colorado Daniel García Pintos dijo que no se descarta que en un futuro se realicen.

El legislador, quien no estaba muy empapado de lo ocurrido en la vecina orilla, prefirió no extenderse en declaraciones hasta no interiorizarse más sobre lo ocurrido.

Vale recordar que el diputado el año pasado denunció penalmente a ex dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), por los hechos sucedidos el 24 de agosto de 1994 en las inmediaciones del hospital Filtro, cuando iban a extraditar a tres vascos, presuntamente vinculados a la organización terrorista ETA(ver nota aparte). García Pintos denunció a los senadores José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, al dirigente tupamaro Julio Marenales, al periodista José López Merco y a Jorge Zabalza. Justamente la denuncia se basó en el libro escrito por éste último, «Un cero a la izquierda», en el cual relata hechos ocurridos durante esos días de agosto de 1994.

Volviendo a lo ocurrido en la República Argentina, vale decir que el magistrado argentino recibió denuncias por las muertes de un ex jefe del Ejército, de un general y su esposa, entre otros. La intención de los denunciantes era que los declararan crímenes de lesa humanidad. Pero al respecto el juez determinó que esos delitos son aquellos que se cometen bajo el amparo del aparato estatal y no desde organizaciones armadas clandestinas, que no contaron con el apoyo del Estado. Ante lo cual entendió

que dichos crímenes prescribieron y que no pueden ser juzgados en la actualidad, coincidiendo con el fiscal.