Escrito por: Roger Rodriguez | rogerrodriguez@adinet.com.uy
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó sus nuevas autoridades y asignó las relatorías a cada uno de sus miembros, al iniciar este mes su 131º Período de Sesiones en el que, entre otros casos, resolvería pasar el Caso Gelman a la Corte Interamericana para que se enjuicie la conducta del Estado uruguayo.
La causa ante el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) había sido presentada en 2006 por el poeta argentino Juan Gelman y por su nieta nacida en cautiverio, Macarena Gelman, cuya madre María Claudia García fue desaparecida en Uruguay luego de trasladarla ilegalmente desde Argentina en 1976.
La CIDH pasó a ser presidida este año por el abogado norteamericano Paolo Carozza, quien hasta la fecha tenía a su cargo las relatorías sobre Uruguay, cuyos casos pasaron ahora a ser estudiados por el presidente saliente, el salvadoreño Florentín Menéndez, quien se caracterizó por sus severos enjuiciamientos durante su mandato.
La denuncia contra Uruguay se produjo luego que por tercera vez el fiscal Enrique Moller resolviera cerrar la indagación sobre el Caso Gelman, por considerar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, vigente desde 1986, implicaba una amnistía que inhabilitaba al ministerio público a acusar en la causa.
La denuncia contra el Estado uruguayo fue presentada el 16 de mayo de 2006 .
La llamada Ley de Impunidad ya fue declarada violatoria de los convenios internacionales firmados por el Estado uruguayo, a través de una resolución que la CIDH divulgó en 1992, en la que recomendó al presidente Luis Alberto Lacalle que anulara los efectos provocados por la normativa.
Sin embargo, las consecuencias de la ley aprobada durante el primer mandato de Julio María Sanguinetti, no fue modificada ni durante el gobierno de Lacalle ni el de sus sucesores: Sanguinetti en su segunda elección y Jorge Batlle, mientras que el actual presidente Tabaré Vázquez modificó la interpretación de la norma.
La Ley 15.848 establece que caducó la pretensión punitiva del Estado sobre los crímenes cometidos durante la dictadura que se impuso en Uruguay entre 1973 y 1985. El caso Gelman era instruido por el juez penal de 2º Turno, Gustavo Mirabal, hasta que en 2004 por un decreto del Poder Ejecutivo, el presidente Jorge Batlle amparó el caso en la Ley de Caducidad y ordenó su archivo, decisión acompañada por el fiscal Enrique Moller. El caso fue reabierto en 2005, al surgir nuevas pruebas en una investigación periodística publicada por LA REPUBLICA, pero el fiscal Moller volvió a ordenar el archivo del caso cuando el juez Mirabal se disponía a interrogar a un grupo de subalternos del Servicio de Información y Defensa (SID).
María Claudia García y su esposo Marcelo Gelman fueron secuestrados en Buenos Aires en agosto de 1976 y recluidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, en el que las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay coordinaban operativos de represión en el llamado Plan Cóndor.
Marcelo fue asesinado y su cuerpo arrojado en un tonel al delta del Tigre, y María Claudia, embarazada a término, fue entregada a militares uruguayos, quienes la trasladaron a Montevideo en octubre de 1976 con un grupo de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que también están desaparecidos.
María Claudia estuvo recluida en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID), ubicada en Bulevar Artigas y Palmar, y dio a luz a Macarena el 1º de noviembre en el Hospital Militar. En diciembre la madre fue trasladada hasta la Base Valparaíso y asesinada. La hija fue dada a la familia de un policía.
En 2005, al asumir Vázquez, el Poder Ejecutivo cambió la forma de interpretar la ley a través de un “protocolo”, elaborado por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, a través del cual se permite a la Justicia la investigación de todos los casos y se reserva el amparo a la ley luego de conocida la verdad.
Gonzalo Fernández pasó este mes a ser el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, y en esa condición sería que tendrá que enfrentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si ésta decide iniciar un enjuiciamiento al Estado uruguayo por incumplir los convenios internacionales.
Gonzalo Fernández, además, había sido el abogado del propio Juan Gelman desde el año 2000, cuando el poeta argentino encontró a su nieta. Fernández también asesoró jurídicamente a la joven Macarena cuando decidió realizar los trámites filiatorios para pasar a utilizar su apellido paterno.
Sólo dos semanas atrás, la propia Macarena Gelman se presentó ante el Juzgado Penal de 2º turno, donde el caso de la desaparición de su madre había sido archivado, para exigir que, ante el surgimiento de nuevas pruebas, se reabra la causa y se indague el paradero de los restos de María Claudia García.
Sin embargo, la eventual reapertura de la causa penal no impediría una condena de la Corte Interamericana sobre el Estado uruguayo, que sólo podría evitar el enjuiciamiento del organismo internacional, con sede en Costa Rica, si se llega a un acuerdo firmado con los dos denunciantes, Juan y Macarena Gelman.
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