Derogación del secreto militar sacudió el ámbito castrense

El decreto de Presidencia establece que a través de la invocación del secreto profesional militar se han constatado «limitaciones a los esfuerzos tendientes a alcanzar la verdad material y eventual responsabilidad personal sobre hechos vinculados con presuntas violaciones a los derechos humanos, acaecidas entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985″.

Por ello declara que «toda la información militar relativa a tales hechos y circunstancias, carece de carácter secreto, reservado o confidencial, por lo que quienes estén en condiciones de brindar información no se encuentran alcanzados por el deber del secreto profesional militar».

La ministra de Defensa, Azucena Berrutti expresó ayer a radio Sarandí que el proyecto se le ocurrió porque algún oficial superior le dijo que no podía hablar porque existía la orden ejecutiva que se lo impedía.

Dijo que la norma busca «liberar la conciencia de aquellos que quieran hacer algún aporte y no pueden hablar porque su ética militar se lo impide».

Las repercusiones sobre la determinación del gobierno, no se hicieron esperar. Desde ámbitos castrenses el general (r) Oscar Pereyra expresó públicamente que el decreto «pone las cosas en su lugar». A la vez que «sincera el término secreto profesional», el cual actualmente es «mal utilizado».

Consideró que el significado del secreto militar «nunca estuvo bien definido, y varios, por conveniencia, interpretaron que el mismo implicaba mantener en reserva lo actuado fuera de la ley durante la dictadura».

El coronel (r) Carlos Silva, integrante de la logia de los Tenientes de Artigas, expresó a Canal 4 que «estas son cosas más morales, de camaradería y espíritu de cuerpo que un problema de decretos o definiciones legales».

Aseguró que «en algunos juicios se ha mencionado el amparo en el secreto militar para no decir algo, pero si este no existe los militares tampoco tienen porqué decir nada».

Por su parte, el contralmirante (r) Oscar Lebel, contestó a Silva: «A la ocultación de asesinatos y desapariciones, lo llaman camaradería».

El general (r) Iván Paulós manifestó a Observa que «va a ocurrir un problema que la sociedad toda lo va a sufrir. El péndulo de la historia está en un extremo, pero no siempre se mantiene en el mismo lugar».

En tanto, desde el ámbito político, las opiniones también han sido dispares. El senador nacionalista Gustavo Penadés (Herrerismo) considera como un «error» que se plantee el levantamiento del secreto militar por la vía de un decreto. Añadió que «eso es demostrativo de la frágil concepción que el gobierno y el Frente Amplio tienen sobre el estado de derecho».

«El secreto es un elemento que todas las profesiones tienen y está sustentado en el valor de preservar intereses superiores. Pero eso no quiere decir que ante situaciones de carácter delictivo pueda invocarse dicho concepto para apartarse de declarar», dijo. Añadió que comparte el fondo, pero no la forma en cómo fue presentada la solución.

En tanto, el diputado colorado Washington Abdala (Foro Batllista) afirmó que el decreto va en la línea de seguir profundizando la búsqueda de información en cuanto a los derechos humanos. «Es un instrumento más que pretende desobstruir la posibilidad de que alguien se ampare en la norma jurídica para no brindar información».

«Podrán seguir apareciendo instrumentos jurídicos e interpretaciones novedosas pero es muy difícil que pueda seguir ampliándose la información que se ha logrado», puntualizó.

Mientras que el coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereyra calificó la decisión de Presidencia como «muy positiva», porque amparados en el secreto militar «durante décadas se le escondió la verdad al pueblo sobre lo que sucedió con nuestras familias, amigos y compañeros».

Dijo que se trata de «otro paso en el camino hacia la verdad, el conocimiento y la generación de normas democratizadoras».

 

Huelga de hambre

En otro sentido, Lebel también se refirió a la huelga de hambre iniciada por el represor Jorge «Pajarito» Silveira, la cual catalogó como «un acto más de cobardía».

Es «algo ridículo», agregó, «porque nadie que se quiere morir haciendo una huelga de hambre lo va a ir a hacer a un hospital, porque se sabe que justo en ese sitio no se lo van a permitir por razones humanitarias. Justo lo que a él le faltó en la dictadura: humanidad. El y quien opera para él lo saben bien, solo están buscando publicidad», culminó Lebel.

 

La decisión del gobierno de derogar el decreto por el cual los militares se amparaban en el secreto profesional para negarse a brindar información por violaciones a los DDHH, generó reacciones dispares tanto en ámbitos castrenses como políticos. El PIT-CNT evaluó la medida como «muy positiva».