Estado de emergencia en Yaguarón y Chui

Melo

Concretamente las ciudades de Yaguarón y Chui fueron declaradas en situación de emergencia, medida adoptada en función de las barreras instaladas por el gobierno uruguayo para evitar el ingreso de productos brasileños.

Los prefectos Vitor Hugo Rosa, de Yaguarón, y Mohamed Jomaa, de Chui, exigen que se respete el llamado acuerdo de Ouro Preto, que establece una cuota de 150 dólares por consumidor.

En la víspera los citados prefectos fronterizos firmaron un documento conjunto repudiando la denominada Operación Cero Quilo, desencadenada por las autoridades aduaneras de nuestro país como resguardo de los focos de aftosa.

Según el diario brasileño Zero Hora hasta la semana pasada ningún consumidor uruguayo podía cruzar la frontera con alimentos producidos en Brasil.

Siempre de acuerdo a la información manejada por el influyente diario de Porto Alegre, ahora se permite la entrada de hasta cinco quilos de mercadería y dos litros de refrescos.

El prefecto de Yaguarón, Vitor Hugo Rosa, dijo «temer que la aftosa esté sirviendo de pretexto para equilibrar la economía en el noreste brasileño».

Con el comercio vacío y las ventas reducidas en un 70 por ciento la recaudación continúa cayendo en Yaguarón y compromete las finanzas públicas de ese municipio. Mientras tanto, en Chui, el polémico prefecto Mohamed Jomaa calcula una reducción del 95 por ciento en la actividad comercial.

Contrabando

En tanto, el diputado del Encuentro Progresista Artigas Barrios sostuvo ayer en un pedido de informes dirigido al Ministerio de Economía que «si el Presidente de la República conoce realmente los hechos que ha denunciado, debe actuar contra los funcionarios involucrados en lugar de tener como rehén a toda la población de la frontera».

El legislador manifiesta que a nivel de la Aduana hay actos de corrupción en conocimiento del presidente Jorge Batlle y que «el señor Presidente habría indicado casos concretos mencionando los negocios en que algunos funcionarios del Chuy participan».

En ese sentido, mencionó una empresa funeraria y una radio. El legislador agregó que «siempre de acuerdo a versiones de prensa, el director de Aduana habría manifestado: ‘Creo que el Presidente tiene sus pruebas sobre lo que dijo. Yo tengo algunas, otras no'».

El diputado socialista reclama que se le conteste si se ha iniciado alguna investigación administrativa o sumario y, en caso afirmativo, aspira a conocer la nómina de los funcionarios, el motivo de la investigación, el cargo y el lugar donde se desempeñan.

También inquiere si se ha separado del cargo a algunos funcionarios y pide información sobre el estado actual de los eventuales sumarios o investigaciones y el resultado de los mismos.