Parte del producto de la venta de Ancel se destinará a amortizar deuda pública

A los efectos de definir la nueva redacción se aplazó la votación del capítulo de Ancel, en un debate en que la coalición de gobierno defendió la propuesta asociativa frente a una férrea oposición de los legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), que calificaron el emprendimiento como «privatizador».

El senador Atchugarry expresó que se promoverá que el tema Ancel se analice dentro del capítulo tributario, y al fundamentar respecto a las virtudes que significará la venta del 40% de la empresa estatal, afirmó que la misma permitirá bajar la deuda pública, bajar los intereses y, por tanto, viabilizar el camino para la reapertura económica, agregaron los informantes.

Por su parte, el senador Francisco Gallinal (Partido Nacional) acompañó la iniciativa, reivindicó que el tema fue puesto en la escena pública a través del presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, e insistió en que «no se trata de una privatización».

Desde la coalición de izquierdas los senadores Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), Danilo Astori (Asamblea Uruguay), Alberto Couriel (Vertiente Artiguista), Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) y Reinaldo Gargano (Partido Socialista) marcaron distancia, tanto del contenido de la iniciativa como de la instancia en que el tema fue incorporado.

«Viola voluntad popular»

Al hacer uso de la palabra anoche, el senador Gargano calificó la propuesta de privatizar Ancel como una de las disposiciones más pesadas que trae el proyecto de Presupuesto.

«Para decir rápidamente nuestra opinión, viola la voluntad popular expresada el 13 de diciembre de 1992″.

Gargano recordó que «hubo un intento de privatizar el sector de las telecomunicaciones, se votó una ley, ésta fue objetada a través del recurso del referéndum, el 72% de los ciudadanos votó por la derogación de esa disposición legal y ahora la tenemos de nuevo en el Presupuesto».

Según el legislador este asunto «nada tiene que ver con la materia presupuestal» sino que «tiene que ver con las empresas públicas y con el patrimonio del Estado».

«¿Qué pensaría la coalición de gobierno, por ejemplo, si lo que hoy es la oposición a nivel nacional, es decir el Encuentro Progresista-Frente Amplio y el Nuevo Espacio, tomara la iniciativa y consiguiera una mayoría circunstancial en el Poder Legislativo para aprobar una ley que sometiera a los violadores de los derechos humanos a la Justicia, después que hubo un pronunciamiento popular que ratificó una ley que establecía la caducidad de la pretensión punitiva del Estado sobre las violaciones de los derechos humanos?», expuso como ejemplo.

Rentabilidad de Ancel

Por tanto, señaló Gargano, «si esto se hiciera, en los dos casos se estaría revisando lo que ha sido, ya no materia de la democracia representativa sino de la directa que, desde el punto de vista político, tiene una importancia mucho mayor porque está prevista como una excepción dentro del sistema institucional uruguayo».

El legislador socialista sostuvo que Ancel en 1999 dio una rentabilidad de entre U$S 42 millones y U$S 45 millones». «Nosotros nos oponemos a la venta de la empresa de telefonía celular y pensamos que es posible, cuando se planteen las nuevas tecnologías, lo que se llama los nuevos contenidos, analizar caso por caso si hay necesidad de que la empresa pública se asocie con el capital privado para un emprendimiento de determinada magnitud», indicó.

Asimismo, Gargano mencionó que los técnicos nos dicen que Antel es una empresa que tiene un patrimonio superior a los U$S 1.000 millones y que se han hecho transferencias al Estado superiores a los U$S 150 millones anuales por impuestos y ganancias».

El senador socialista manifestó que «en determinado momento se dijo que a la empresa Ancel se la podía vender en U$S 200 millones», sin embargo, «solamente la telefonía celular tiene en perspectiva, como patrimonio futuro, un estimativo del cuádruple de los U$S 200 millones».

El legislador insistió en que para el Frente Amplio, este sector «no es materia privatizable».

Asimismo, consideró que en Uruguay «se vende, más que el valor material de lo inmediato, la perspectiva del negocio en el futuro, es decir que se compran los clientes futuros».

Reinaldo Gargano admitió que «este no es el mercado brasileño ni el norteamericano, pero los grandes monopolios internacionales están interesados en captar aunque sea un mercado de dos millones o de medio millón de habitantes, que importa mucho, porque este es el sector punta en materia de rentabilidades en el mundo».

Reglas de juego

Al finalizar su exposición, Gargano alertó que ignorar la voluntad popular es «romper las reglas de juego, que puede llegar a romper otras».

«Sé que el debate en comisión es nada más que el entrenamiento del que vamos a dar en el plenario, pero quería adelantar que esto no debe tratarse en el Presupuesto y que, a mi juicio, es una clarísima violación de una decisión popular de enorme trascendencia que fue adoptada por una mayoría muy calificada de la ciudadanía, ya que llegó al 72%», enfatizó el legislador del Partido Socialista.

Luego agregó: «No involucro en esto a mi partido, el Frente Amplio, ni al Encuentro Progresista.

Si se rompen estas reglas de juego, se podrá romper otras, porque esto es desconocer la voluntad popular».

Aplazamientos

En la deliberación de ayer, la comisión aplazó los capítulos referidos a los organismos del 220 de la Constitución; subsidios y subvenciones; disposiciones varias y Ancel.

En cambio, se pronunció sobre los artículos del Ministerio de Deporte y sobre algunas de las normas tributarias.