El director de DGI expresó molestias por discusión mediática del caso Casal

El director de la DGI, Nelson Hernández, dijo a LA REPUBLICA que le «molesta» que este tema «se pretenda discutir en los medios, sacándolo de su ámbito habitual que es el de la administración fiscal».

Hernández reiteró que todos los contribuyentes pueden realizar medidas de negociación dentro de la administración, pero que, por parte de Casal «ninguna fue planteada». De esta forma, para Hernández se pretende «incidir en la opinión pública y presionar a la administración con otros elementos ajenos».

Asimismo, el director de la DGI respondió a las acusaciones realizadas por uno de los abogados de Casal, Oscar Brum, que criticó ayer, en radio El Espectador, que el ministro de Economía, Danilo Astori, le pidiera a la DGI, que la investigación sobre el empresario se dilucidara rápidamente.

Según Hernández, «en la medida que no exista ningún pronunciamiento de la Justicia continúa el trámite administrativo, tal como corresponde». El jerarca indicó que, si hay un pronunciamiento de la Justicia «actuaremos en consecuencia, no desconociendo el fallo».

Para el director, «se ha pretendido decir que la administración no tiene claro» las obligaciones de Casal, cuando «la administración tiene muy claras las disposiciones del Impuesto a la Renta, Industria y Comercio (IRIC)». Hernández explicó que las actividades empresariales comprendidas en la compra­venta de cesión de derechos de deportistas profesionales «están gravadas por el IRIC, pero eso no quiere decir que no exista otro impuesto que grave las utilidades que generan en el país», en referencia al Impuesto al Patrimonio y al IVA.

«Es una actividad desarrollada en el país, se utiliza capital y trabajo ­la selección de futbolistas­ intervienen bienes en el país ­los derechos de futbolistas­ se les hace un seguimiento, es claro que hay actividad personal en el país, y el objetivo es obtener un beneficio, jamás se tuvo dudas» de que correspondía que tributen por IRIC, según explicó Hernández.

Si bien no se refirió a la investigación puntual, Hernández señaló que, cuando se investiga una actividad «se realizan actuaciones a un núcleo de empresarios relacionados, no a un sólo contribuyente». El director dijo que la DGI «no puede controlar a todos», pero que se analiza a un núcleo de contribuyentes para «mantener la justicia en la aplicación de la carga». Por su parte, en el escrito presentado a la Justicia por la defensa de Casal, se afirma que hace seis años que la DGI investiga sólo a su defendido y no a los restantes 46 empresarios del sector.