La derecha e intereses privados buscan presionar al gobierno

El martes 19 de febrero, LA REPUBLICA tituló: «Vázquez a ministros: No se dejen influir por intereses privados». De esta forma se recogía una de las directivas del Presidente a los ministros actuales y entrantes. «De ninguna manera», reafirmó el Presidente.

El viernes, la ministra María Julia Muñoz, ante una nueva acusación que recibió, habló en el tono del Presidente: «No podemos permitir que las empresas manden en el Ministerio de Salud Pública».

Vázquez se adelantó a la ofensiva de la derecha que se divisaba en el horizonte. Por eso le solicitó a Enrique Rubio, director de la OPP, que anunciara que para el Poder Ejecutivo era prioridad la ley de partidos, que contiene la financiación de los mismos y el acceso igualitario de los partidos, en tiempos electorales, a los medios de comunicación.

La intención del Presidente fue salir a pegarle duro a esa mezcla de dirigentes políticos, empresarios y propietarios de medios de comunicación (trenza o rosca se le decía antes), que quieren desgastar al gobierno mediante presiones y el montaje de una ola de rumores sobre presuntas irregularidades de los gobernantes.

«Es que en el país hoy hay mucha plata (negocios) en danza y los que pierden las licitaciones con el Estado, son capaces de montar cualquier operativo», dijo un dirigente del Frente Amplio con llegada al entorno de Tabaré Vázquez.

La ley de partidos transparenta al sistema democrático, mientras que a la vez corta el cordón umbilical que ciertos empresarios tienen establecido desde hace años con algunos dirigentes blancos y colorados.

El anuncio de priorizar la ley puso en estado de emergencia a los perjudicados, quienes aceptarían controlar las finanzas de los partidos (ya deben de haber inventado la trampa), pero no concuerdan con el libre acceso e igualitario de los candidatos a los medios de comunicación, particularmente la televisión, porque de esa manera se resquebraja el poder mediático, empresarial y político que en Uruguay, a pesar del gobierno progresista, sigue tan campante.

En estos días, los hechos mostraron que la ofensiva de la derecha no era fruto de un delirio persecutorio. Fue así que surgieron acusaciones contra la ministra María Julia Muñoz por parte de una empresa que perdió una licitación. Al mismo tiempo, como parte de una misma partitura, ediles de Canelones quieren que el intendente Marcos Carámbula levante su secreto bancario para saber qué pasó en el Club Juventud de Las Piedras con las obras que se realizaron con apoyo italiano. ¿Casualidad es que los dos acusados sean posibles integrantes de una fórmula presidencial?

No lo es, esto es sólo el comienzo de un enchastre generalizado, que tendrá como bandera Juan Carlos Bengoa si es condenado. Pero, además, sólo basta moverse en esa zona gris del poder de nuestro país, que comparte largos almuerzos bastante caros, para escuchar que hay calumnias, rumores y operaciones de todo tipo que buscan desacreditar a las mujeres y hombres del gobierno. Sin faltar una manito desde la izquierda ingenua y envidiosa, en el mejor de los casos.

Las presiones son y van a ser grandes, por eso Vázquez dijo que no hay que dejarse influir por intereses privados. Razón tenía.