Rajoy: más represión a "irregulares"

A diferencia de lo que ocurría con sus ancestros ibéricos que llegaban a América en el siglo pasado, los uruguayos que viajan hoy España se ven enfrentados a una estricta Ley de Extranjería que ha sepultado las normas que regían desde el Tratado de 1870, firmado por ambos países, para la libre circulación de personas.

Los uruguayos que viajan a España, aún en condición de turistas, deben cumplir con el severo reglamento que exige una carta invitación de un familiar o institución radicada formalmente y obliga a llevar más de 1.800 euros por persona para gastos por mes, hoteles pagos anticipadamente y certificados bancarios de sus tarjetas de crédito.

La situación promete agravarse en el presente año, luego que el tema de la inmigración ilegal se ha transformado en una de las banderas electorales del Partido Popular (PP) que impulsa la candidatura presidencial de Mariano Rajoy y ha promovido una serie de leyes que incluyen a los inmigrantes, en normas sobre la prevención del terrorismo.

La «Ley de medidas para la Lucha contra la Inmigración Clandestina» enviada por el Senado al Congreso, crea juzgados de extranjería, suspende permisos de arraigo y empadronamientos, recortes de la atención sanitaria y lleva a la expulsión automática del irregular, entre otras normas represivas violatorias a los derechos humanos. Un proyecto de Reforma de la Ley del Poder Judicial, enviado por el Congreso al Senado, promueve la jurisdicción española y la intervención policial de ese país en situaciones que tipifica como «tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores», que equipara inmigración a esclavitud, y puede aplicarse a un turista.

Un nuevo protocolo de «actuación en las repatriaciones» elaborado por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, determina que el inmigrante sea expulsado como peligroso y violento, y prevé se le embarque atado con «lazos de seguridad», «grilletes metálicos», «capuchas», «cascos», «correas» o «camisas de fuerza».

La normativa es denunciada por organizaciones no gubernamentales como violatorias a los más elementales derechos humanos, en particular a la libre circulación de personas, y son calificadas como un «racismo institucional» por parte de un Estado que no ha ratificado la «Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares» aprobada por Naciones Unidas.