El Poder Ejecutivo presenta un proyecto antilavado de activos

La iniciativa incluirá, entre otros aspectos, la tipificación de nuevos delitos, la aceleración de los procedimientos para decomisar mercaderías provenientes de actividades ilícitas, la aplicación de nuevas técnicas de investigación y la creación en todo el país de juzgados especializados en crimen organizado.

La actual administración tiene el propósito de mejorar los mecanismos de prevención y control del ingreso al país de divisas provenientes de actividades ilícitas, y realizar un eficaz seguimiento de las organizaciones que están detrás de esas maniobras. En ese marco, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos (SNAA) viene trabajando desde comienzo de año en la redacción de un proyecto de ley, como lo informó el pasado 9 de enero LA REPUBLICA.

El director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, afirmó ayer que el anteproyecto de ley está redactado y que se encuentra en la etapa de discusión con los actores involucrados, tanto del Poder Judicial como del Legislativo, aunque la iniciativa será remitida al Parlamento hacia fines de marzo.

En el proyecto se introducen varios aspectos en los cuales se han detectado ciertas carencias en el marco normativo vigente.

Si bien desde el gobierno se considera «positiva» la Ley 17.835 de 2004, por la cual se establece un sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de todas maneras se entiende que la norma puede ser mejorable. Es que el universo del crimen organizado ha perfeccionando su accionar en forma acelerada en todo el mundo, y por ello en Uruguay se hace imprescindible acompasar la legislación.

Por ejemplo, se incluirá la tipificación de nuevos delitos que actualmente están incluidos en recomendaciones internacionales, pero que, sin embargo, la legislación uruguaya aún no incorporó, tales como: «la falsificación marcaria o de marcas, de patentes, de moneda, y la piratería».

Actualmente, el FBI considera la falsificación marcaria como «el delito del siglo XXI», y se han conocido datos referidos a que dicha actividad mueve anualmente «más de US$ 500 billones».

Otros de los aspectos que incluirá la norma, acelerar los procedimientos para decomisar mercaderías provenientes de actividades ilícitas.

«Pretendemos que los bienes de narcotraficantes y contrabandistas vuelvan a la sociedad. Es decir, una vez detectado que un bien proviene de este tipo de delitos, debe ser devuelto a la sociedad y eso implica medidas preventivas o cautelares y el decomiso definitivo de la mercadería», explicó Gil Iribarne.