Abogados sienten que no son tomados en cuenta por la SCJ y los funcionarios

–¿A que se refiere el CAU cuando habla de que la SCJ asuma la responsabilidad que le corresponde de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 233 y 239 numeral 2º de la Constitución?

–Los artículos que refieren a que la SCJ es cabeza del Poder Judicial y tiene la superintendencia. De manera que es el jerarca a cuyo cargo está el funcionamiento de este poder. El CAU no es quien, y así lo ha entendido la asamblea, para pedirle, sugerirle o indicarle a la Corte las medidas a adoptar o el camino a seguir; no puede ser así. La Corte es la que tiene que hacerlo.

–¿Qué tan grave e irregular es el funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial para el CAU?

–No para el CAU, es gravísima para todos los abogados. Los abogados en este momento están muy mal, los que viven de su profesión están espantosamente mal, los abogados que viven exclusivamente de lo que producen día a día son hoy un porcentaje enorme. Para utilizar un porcentaje seguro, el 85% cuando menos de los abogados vive con entradas esporádicas, escasas, casi nulas. La gente no se da cuenta de eso, o identifica a los abogados con algunas personalidades que son el 0,0 tanto por ciento que vive de la abogacía. No hay que olvidar que hay presumiblemente cerca de 5.000 abogados, 4.400 según la Caja, que son activos y podemos estar hablando de 150 abogados con cierta solvencia. Pero los abogados jóvenes, que son la mayoría y se han recibido en los últimos cinco años, no tienen de qué vivir, hace un par de meses que tienen paralizadas sus entradas, no cobran nada. El CAU ha obtenido que se prorrogue el pago de la cuota a la Caja de Profesionales y el pago del Fondo de Solidaridad, esto hace que el abogado prorrogue sus obligaciones con la esperanza de que este conflicto termine, pero nada más que eso.

–¿Es de los conflictos más duros de los últimos años?

–Sí, además esta situación es particularmente crítica porque aquí se ha producido un cisma entre la posición que con respecto al Presupuesto sostiene la SCJ y la posición de los funcionarios. Estos últimos vienen cobrando 800 pesos que la SCJ toma de sus economías en los últimos dos años para proporcionárselos a aquellos funcionarios que se encontraban realmente sumergidos. Cuando ahora en el Presupuesto del Poder Judicial se propone un aumento del 26%, se hace indiscriminadamente y se pretende convencer a los funcionarios que la mayoría de su 26% se compensa por la regularización de esa partida de 800 pesos que vienen cobrando hace dos años, lo cual es absurdo. Entonces se le dice que como les arreglamos su problema, los 800 pesos se los incluimos en el sueldo, solamente tienen derecho al resto, ahora los magistrados que no cobramos ese dinero tenemos derecho al 26% y esto no puede dejar bien a nadie. Salta a la vista que esto no es bueno, que este proyecto del Poder Judicial, aunque se apruebe in totum por el Poder Legislativo y se le otorgue todos los beneficios, no puede conformar a los funcionarios; o sea que este conflicto se va a extender por mucho tiempo. Nosotros estamos muy preocupados porque tenemos la intuición de que esto no termina en la instancia presupuestal.

–¿Entonces el CAU discrepa por lo menos en parte con el mensaje presupuestal enviado por la SCJ?

–En primer lugar el CAU nunca es consultado, ni siquiera informado, ni por la Corte ni por los funcionarios, como si los abogados no hiciesen parte del Poder Judicial. Los funcionarios le critican a la Corte que sólo cree que es Poder Judicial los magistrados, ahora los funcionarios incurren en una cuestión más o menos parecida, creen que el Poder Judicial son los magistrados y los funcionarios. Se olvidan que no hay Poder Judicial sin operadores como los abogados, que son los nervios motores, el puente entre los ciudadanos, el justiciable y el Poder Judicial, situación que nos parece absurda. Parecería que los abogados no tenemos nada que decir ni nada que ver con el Poder Judicial y esta situación se siente a la hora de las asambleas porque todo el mundo la pone de manifiesto. Estamos muy molestos con todos, con los ministros de la Corte y con los funcionarios, ya que ambos no consideran que los abogados son parte del Poder Judicial. Las medidas tomadas por los funcionarios en los hechos perjudican básicamente a los abogados, quienes no pueden cobrar nada, porque al menos los magistrados y funcionarios los sueldos ridículos que tienen los siguen persiguiendo trabajen como trabajen, pero los abogados que viven de la profesión no pueden mantenerse, no cobran nada.

Ahora, mirado de afuera parecería ser bastante racional que en la actual coyuntura el Poder Judicial no puede aspirar a desarrollar servicios administrativos no imprescindibles y en cambio debería priorizar la función jurisdiccional de este poder, eso es lo fundamental. La Corte misma ha dicho que está dedicando menos de un 20% a la función jurisdiccional y más de un 80% a la parte administrativa, esto no puede ser. Debe priorizar todo lo que tenga que ver con los servicios jurisdiccionales.

Parece razonable también que todos los ensanchamientos de los programas edilicios queden acotados, en un momento en que todos los organismos públicos están tercerizando servicios, la SCJ está embarcada en el ensanchamiento de su División de Arquitectura, la compra de inmuebles para juzgados, la reforma de inmuebles, tiene asesor inmobiliario. Este es un tema muy discutible, por supuesto que el CAU no se va a meter en este tema de la administración, pero entiende que los funcionarios puedan estar muy afectados por el hecho de que se ensanchan esos servicios y se les retacea aumentos a quienes están cumpliendo la función jurisdiccional. Parecería razonable también compartir la opinión del proyecto que proponen los funcionarios, de que los aumentos se realicen por otorgamiento de ciertas partidas que no son exactamente salario, porque eso permitiría acortar la diferencia que existe entre los sueldos más elevados y los más bajos (…) una diferencia tan grande entre magistrados y funcionarios en algún momento va a provocar un conflicto. En este aspecto si hay algo que se le puede atribuir a la Corte es no darse cuenta que existe una gran diferencia entre las retribuciones a los magistrados y a los funcionarios, y el Poder Judicial no funciona si no trabajan todas las tuercas.

—Los funcionarios han marcado esas diferencias que tienen con la SCJ.

–En esta situación nos encontramos los abogados, la dicusión está entablada entre la filosofía de la Corte sobre el Presupuesto y los aumentos, y la de los funcionarios. Entonces qué hace el jamón del sanwiche en este caso, no se puede en esas condiciones pensar con claridad y es muy tarde además. De esta situación tampoco somos responsables, a pesar de que integramos una comisión pro defensa del Poder Judicial, que integran funcionarios, actuarios, etc. nunca se ha informado ni por parte de los funcionarios ni por la Corte de cuáles eran los bosquejos o esquemas presupuestales, nunca. Tuvimos que pedir información a la Corte y a los funcionarios a posteriori, cuando ya estaba entablado el diferendo.

–¿Qué opinión tiene de lo destinado al Poder Judicial en el Presupuesto y el mensaje complementario enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento?

–Nosotros hacemos observaciones sobre varios artículos, como el Impuesto a las Retribuciones Personales. El CAU no se ha pronunciado contra el Impuesto a la Renta, al contrario, es un impuesto redistributivo. Pero cuidado, este no es un Impuesto a la Renta, es un impuesto de supuesta capacidad de contribución que contraviene principios tributarios, desodernada, impuesta a personas que viven de su trabajo personal. Si el gobierno decide instituir el Impuesto a la Renta en Uruguay, no tenemos ningún inconveniente, pued
e ser una decisión loable, el impuesto a la renta de las personas físicas ya existió en Uruguay y no habría que escandalizarse. Pero después de hacer una propaganda proselitista enorme en la etapa electoral contra el impuesto a la renta, ahora pretende imponerlo contra –y no sobre– aquellos que viven exclusivamente de su trabajo. El gobierno es contrario al Impuesto a la Renta, excepto que uno disponga de su trabajo para vivir.

–¿Y respecto a las cifras destinadas al Poder Judicial?

–Nosotros creemos que destinando menor cantidad de la que pide la SCJ, pero distribuyéndola de una forma diferente y acotando algunos rubros, se puede mejorar la situación general del Poder Judicial. Es probable que se diga qué tienen que ver lo abogados en este tema, lo aceptamos, pero cuando el tema se ha instalado con esta fuerza entre la Corte y los funcionarios y que ha hecho que el Poder Judicial quede absolutamente parado, pienso que algún derecho tenemos a opinar.