Gobierno remite proyecto sobre ex presos políticos y exiliados

En la mañana de ayer un grupo de integrantes de la Comisión por los Derechos Jubilatorios de los perseguidos en la dictadura se reunió con el secretario de la Presidencia, Raúl Lago, a quien le entregaron una carta dirigida al presidente Jorge Batlle, al que le reclaman una solución a su situación.

En la reunión, Lago les informó que la semana próxima el Consejo de Ministros aprobaría un proyecto de ley que establecería una solución definitiva al tema, el cual abarcaría a unas 800 personas. Además, los invitó para el próximo lunes para que analicen este proyecto.

«Nos vamos satisfechos y con una expectativa muy grande», dijo tras el encuentro el dirigente Ariel Ferrari, quien informó además que el proyecto elaborado por el gobierno tendría el consenso de los cuatro partidos, lo cual garantizaría una «votación urgente».

Por su parte, Clara Ugarte recordó que hace 16 años vienen reclamando por «este derecho, porque fue una lesión de parte del Estado –que en ese momento era la dictadura–, el que nos cercenaba estos derechos. Restablecerlo es una deuda de la democracia».

Además, la Comisión entregó al gobierno el proyecto de ley elaborado en 1994. En este proyecto se comprende a todas aquellas personas que perdieron su lugar de trabajo y fueron despedidas o forzadas a dejar su empleo por razones políticas, ideológicas, gremiales, o de similar naturaleza, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. «A los beneficiarios de esta ley se les computará como efectivamente trabajado en la última actividad desempeñada, el tiempo que medie entre la cesantía en la misma y el reingreso a una actividad incluida en leyes jubilatorias.

En el curso de dicho período se configurarán válidamente las causales legales», dice el texto.

En la misiva entregada a Lago, la Comisión recuerda que «no se buscan reparaciones monetarias, sino morales y fundamentalmente el cómputo de los años de postergación a los efectos jubilatorios y pensionarios, con lo cual se contribuirá a mitigar en algo el drama que viven muchos uruguayos en los últimos años de su vida». Agrega que son «perfectamente soportable por el erario, BPS mediante, las prestaciones a las que tendrían derecho los involucrados al sancionarse el proyecto en cuestión».

«Por otra parte, el proyecto contempla el reintegro, con algunas limitaciones obvias por la edad de los involucrados, de los aportes jubilatorios correspondientes, en condiciones relativamente accesibles que permitan a los beneficiarios hacerse cargo de parte de los mismos».

En la carta se afirma: «No podemos dejar de considerar que lo que está en juego es la reparación de trabajadores que fueron violentados en sus Derechos Humanos Fundamentales. Conocemos su especial sensibilidad respecto de estos temas, de lo cual la instalación de la Comisión de la Paz es un ejemplo claro».