La Justicia retoma hoy su actividad al culminar la Feria Judicial Mayor

La presencia de connotados dirigentes políticos en los estrados judiciales, así como la comparecencia ante la Justicia de militares investigados por violaciones a los derechos humanos durante el proceso dictatorial, concitan la atención de la sociedad toda.

El dictador Gregorio «Goyo» Alvarez, el coronel (r) Carlos Calcagno, el ex director de Casinos Juan Carlos Bengoa, el ex presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) Salomón Noachas, el ex senador Carlos Julio Pereyra, el ex secretario del vicepresidente de la República Gonzalo Nin, entre otras figuras, concurrirán ante la Justicia como indagados o patrocinantes en causas que los involucran.

 

Declarará Alvarez

El general (r) Gregorio Alvarez, quien fue procesado por el juez Luis Charles, por el «delito de desaparición forzada» en el marco de la investigación por el traslado clandestino de presos políticos hacia Uruguay en 1978, deberá comparecer ante la Justicia por varias causas que los involucran.

La abogada de oficio Estela Tonar, quien asumió la defensa del dictador tras la renuncia de los doctores Carlos Curbelo Tammaro y Pedro Montano, apelará el procesamiento de Alvarez al considerar el delito de «desaparición forzada» como una figura «absurda y mal redactada».

La intención de Tonar es que el Tribunal de Apelaciones determine si el delito de «desaparición forzada» puede aplicarse de manera «retroactiva» o si la imputación que se le realiza al dictador viola el principio de legalidad.

Gustavo Bordes, representante del otro procesado por esta causa, el ex marino Juan Carlos Larcebeau, apeló el procesamiento el pasado 24 de diciembre, horas antes de que se iniciara el receso judicial. Bordes solicitó la nulidad del fallo por ser contrario a la Constitución de la República.

La presencia de Alvarez en los estrados judiciales no culminará con la investigación en torno a los traslados clandestinos de 1978, sino que también deberá comparecer por la muerte de los militantes del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) Horacio Ramos y Roberto Luzardo y por la causa que investiga la muerte de Cecilia Fontana, madre del senador herrerista Luis Alberto Heber.

 

Vinos envenenados

Alvarez y el coronel (r) José «Nino» Gavazzo concurrirán en los primeros días de febrero ante la jueza Gabriela Merialdo para declarar en la causa que investiga la muerte de Fontana de Heber, porque eran «actores muy importantes de la época», según expresó el abogado patrocinante Javier Barrios Bove.

El desarrollo de las actuaciones provocó que la jueza Merialdo librara dos exhortos ante órganos judiciales de países extranjeros (Brasil y EEUU) con el objetivo de obtener información que posibilite identificar al autor material del asesinato, así como a los responsables intelectuales del «atentado».

La SCJ enviará la solicitud de la jueza para que el gobierno de EEUU remita toda la información que poseen sus organismos de defensa e inteligencia sobre la muerte de Fontana, ya sea la CIA, el FBI, el Departamento de Estado o el Consejo de Seguridad Nacional.

Barrios Bove incorporó al expediente de la causa catorce documentos del Departamento de Estado de EEUU que revelan vínculos entre ese país y la ultraderecha uruguaya en el asesinato de Fontana. La CIA negó al abogado la posibilidad de acceder a los documentos que este organismo posee sobre el caso alegando motivos de «seguridad nacional» y «como forma de proteger a sus fuentes».

La magistrada solicitó además que la Justicia de Brasil interrogue al ex agente de Inteligencia uruguayo Mario Barreiro Neira, detenido en Porto Alegre por delitos comunes, luego de que éste confesara conocer al médico forense que preparó el vino envenenado que dio muerte a Fontana de Heber. El exhorto aún no fue contestado.

 

Militares al Juzgado

Los militares y policías, que fueron procesados por la desaparición del militante del PVP Adalberto Soba, podrían tener la misma suerte en la causa del «segundo vuelo», cuya investigación continuará en febrero a cargo del juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze.

Los militares (r) José «Nino» Gavazzo, Luis Maurente, Jorge Silveira y Ernesto Ramas, los ex militares Gilberto Vázquez y Ricardo Arab, así como los policías Ricardo «Conejo» Medina y José Sande Lima, estarían implicados en el traslado clandestino hacia Uruguay de 22 uruguayos militantes del PVP secuestrados en Buenos Aires. Soba sería uno de los pasajeros del vuelo que se realizó el 5 de octubre de 1976.

El juez Charles, en tanto, pasaría el expediente del caso Soba «en vista» de la fiscal Guianze para que ésta analice la investigación y, en caso de que así lo entienda, solicite la condena de los militares y policías procesados por esta causa.

Los militares fueron procesados por «asociación ilícita» y «privación de libertad», aunque no se descarta que Guianze pueda pedir su condena por el delito de «desaparición forzada». La megacausa del «segundo vuelo» podría implicar el procesamiento de más militares, como el caso del ex piloto Walter Pintos y del aviador (r) José Uruguay Araújo Umpiérrez (bajo arresto administrativo ante trámite de extradición).

 

Apelaciones en masa

El procesamiento del ex director de Casinos Municipales Juan Carlos Bengoa, así como de sus «asesores» Orestes González y José Luis Antúnez, del empresario Felipe Ruiz y del funcionario Gustavo Dalmonte, será apelado por sus respectivas defensas antes del 11 de febrero.

Martín Tornaría, representante legal de Bengoa, apelará el fallo de la jueza Fanny Canessa, entre otras cosas, porque las peritos designadas por el Poder Judicial no pudieron probar que las pérdidas de los Casinos se deban al cambio de estrategia en la explotación de los slots.

La defensa insistirá con los careos entre Bengoa y las jerarquías municipales de la época: Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli. Tornaría solicitará además la comparecencia de Mario Areán, ex secretario personal de Arana, y de otros empresarios «que surgen del expediente» para que presten declaración, en particular por la firma del contrato de explotación de los slots en el Hotel Oceanía.

La jueza Canessa en tanto solicitó que se levante el secreto bancario de los procesados, así como que el Banco Central informe sobre los movimientos de cuentas que realizaron los indagados previo a su procesamiento.

 

El caso Nin

El juez Rolando Vomero iniciará las indagatorias en la causa que involucra al hermano del vicepresidente, Gonzalo Nin, por presunto «tráfico de influencias» para beneficiar a empresarios «amigos», en la licitación para la compra de armamento por parte del Ejército Nacional.

Gonzalo Nin ratificó ante el juez Vomero la denuncia que él mismo presentó, en compañía de su abogada Hebe Martínez Burlé, por lo que el magistrado citará a declarar a los involucrados en la denuncia para luego pasar el expediente a la fiscal Diana Salvo, quien resolverá si existen méritos para iniciar la investigación y solicitar el diligenciamiento de pruebas.

La doctora Martínez Burlé solicitó, en este sentido, la comparecencia de todos los involucrados en el anónimo que llegó a la Presidencia de la República. Ellos son: Gonzalo Nin, el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, los empresarios Igor Svetogorsky y Eduardo Coronel, el diputado del MPP Carlos Gamou y los generales Miguel Dalmao y Milton Ituarte.

La defensa de Nin afirmó que en los primeros días de febrero presentará un escrito donde se establece la disposición del ex secretario del vicepresidente a levantar su secreto bancario, ante el pedido de la fiscal, lo que «acelerará» los tiempos de la investigación. Salvo pidió además que la Presidencia de la República informe sobre cómo llegó el anónimo.

La denuncia por «estafa» que presentó el diputado Gonzalo Mujica contra el líder del Nuevo Espacio, el senador Rafael Michelini, por diferencias en
cuanto a una deuda por gastos de la campaña electoral de 2004, también podría tener resolución en el correr de febrero.

La doctora Martínez Burlé, quien representa a Michelini, solicitó el archivo de la causa «porque está documentado que Mujica pagó sólo una parte de la deuda, pero ahora asegura que pagó todo el dinero», y todos los testigos que se presentaron fueron «coincidentes» en este punto.

El juez Sergio Torres pasará el pedido de Burlé a la fiscal Ana María Tellechea, para que la representante del Ministerio Público decida la clausura o no de las actuaciones.

La denuncia de Mujica comenzó luego de que Michelini impulsara una demanda civil contra el diputado, solicitando el embargo de sus bienes, ante la existencia de una deuda de 40 mil dólares por concepto de gastos de publicidad para la campaña electora del 2004.

El juez civil Ruben Eguiluz consideró que los vales en poder de Michelini son auténticos y por lo tanto Mujica deberá pagarlos, por lo que ratificó la medida cautelar de embargo del 33% de los bienes del diputado.

 

Noachas y compañía

El reinicio de la actividad puede traer consigo el procesamiento de seis ex directores del BHU, por irregularidades relacionadas con gastos injustificados en viáticos y viajes al exterior, durante el período 1995-2005.

La jueza penal de 7º Turno, doctora Graciela Gatti, notificó antes de la Feria Judicial al ex presidente del BHU Jorge Sacchi y a los ex directores Jorge Conde, Norberto Sanguinetti, Fernando Caride y Néstor Moreira Graña, sobre la solicitud de procesamiento que pesa en su contra. El ex presidente Salomón Noachas no pudo ser notificado al no presentarse a declarar por encontrarse fuera del país.

El fiscal Eduardo Fernández Dovat pidió el procesamiento sin prisión de los ex directores por el delito de «abuso de funciones», pero en el caso de Noachas (Partido Colorado) y Sacchi (Partido Nacional) solicitó prisión, porque estos ex jerarcas financiaron intervenciones quirúrgicas personales que se realizaron en EEUU con el dinero de la institución.

 

Extradición

El coronel (r) Carlos Calcagno fue notificado durante el receso judicial del pedido de extradición en su contra que libró el juez paraguayo Gustavo Santander, quien investiga el secuestro y desaparición de Federico Tattler, un opositor al régimen del dictador guaraní Alfredo Stroessner, en junio de 1976.

El militar, que se encuentra bajo arresto administrativo en la cárcel especial de la calle Domingo Arena desde el pasado 7 de diciembre ante la orden de arresto que libró el juez Santander, se negó a ser extraditado «de manera voluntaria» a Paraguay por no confiar en la Justicia de ese país. La solicitud será tramitada por el juez Julio Olivera Negrín una vez que se reinicie la actividad en los Juzgados.

El militar también es indagado en Uruguay por la jueza Graciela Gatti quien instruye la causa por la desaparición de los militantes del PVP Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, secuestrados en Paraguay en 1977 y presuntamente asesinados en Uruguay.