Uruguay suscribió tratado sobre propiedad intelectual
El informe correspondiente fue vociferado, con entusiasmo tal vez digno de mejor causa, por el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Daniel Peña (Alianza Nacional). El timbre de su voz alcanzó tal resonancia que despeinó a Silvana Charlone (Espacio 90), que lució una blusa colorada militante, e importunó la serenidad serrana de Adriana Peña (independiente Partido Nacional), toda de amarillo patito, arriba y abajo.
Hay que decir, en consideración a Peña, que debió ser amparado tres veces por enérgicos timbrazos de la presidencia de la Mesa, debido al ambiente bullicioso, típico de regreso de vacaciones, que predominaba en la sala (aunque quienes todavía no salieron, lagrimeaban, pálidos).
El texto aprobado, que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación como ley, establece que «la protección internacional de los derechos de autor es imprescindible ante el universo de Internet y los programas a los que en la misma se puede acceder, que facilitan el desconocimiento de los derechos de la propiedad intelectual».
Posteriormente aclara que, en este escenario, «los tratados internacionales son un instrumento unificador indispensable en la lucha por proteger esos derechos», haciendo conjunta la acción de los Estados.
Al llegar a este punto, pude observar que entre los señores legisladores también predominaba la vestimenta informal, veraniega, salvo casos excepcionales: Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), que parecía el hermano del duque de Windsor; todos los colorados, como si hubiesen hecho un juramente de sobriedad, con la excepción de Washington Abdala (Foro Batllista), cuyo pantalón no mostraba empatía alguna con su saco; y algunos blancos, en general mal combinados (sin alusión política).
Volviendo al tratado sobre propiedad intelectual, el texto define a ésta como todo aquello «que tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones (¿estarán incluidas las de Matosas?), las obras literarias y artísticas, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio». El artículo 16 del Tratado confiere a los Estados partes la posibilidad de establecer limitaciones y excepciones a los términos del mismo, respecto de la protección de los derechos de autor.
Designaciones
El plenario aprobó, además, la designación con nuevos nombres de dos escuelas del interior del país: la Nº 61 de Tiempo Completo de Gerona, en Maldonado, se llamará «Juan José Morosoli», a pedido de los propios alumnos y docentes de la misma; y la Nº 98 del mismo departamento se denominará desde ahora «Islas Canarias».
Numerosos legisladores usaron su legítimo tiempo en sala aunque notoriamente a disgusto de colegas ansiosos por «pelarse como un ajo» del recinto, al decir de los parroquianos de boliches de campaña- para explicar las razones de tales designaciones, que nunca estuvieron en cuestión.
Sobre Morosoli, por ejemplo, abundaron y redundaron Federico Cassaretto (Alianza Nacional), atronador pero simpático, Roque Arregui (Partido Socialista), Lourdes Ontaneda (Espacio 609) y la ya mencionada Adriana Peña. No quedó nada por saber de ese buen hombre, uno de los mejores escritores que en este pequeño país han sido. Salvo el color de los calzoncillos que, uno supone, solía usar.
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