Ex canciller de Brasil apoya reclamo contra Estado uruguayo

El ex canciller de Brasil Francisco Rezek, apoyó públicamente el reclamo que el empresario paraguayo Eduardo Bó realizó contra el Estado uruguayo, porque “no se puede concebir un beneficio para el Estado o un perjuicio para los particulares que resulte de algún engaño o falsedad”. Rezek, también un respetado abogado internacional, ex ministro de la Corte Suprema de Brasil y del Tribunal de La Haya, dijo que “es un punto pacífico en Derecho Internacional contemporáneo que el Estado tiene responsabilidad por los hechos de sus funcionarios, especialmente de sus funcionarios graduados”. El Estado no puede apartarse “del compromiso con la buena fe en el trato de los ciudadanos y de los intereses privados”, por lo que no puede concebirse “un beneficio para el Estado o un perjuicio para los particulares que resulte de algún engaño o de falsedad”, dijo Rezek en una carta en la que comunica su disposición de representar al empresario en caso de que la Justicia uruguaya no haga lugar al reclamo. El empresario recibió, en plena crisis financiera, información de parte del interventor de los bancos Montevideo y Caja Obrera, Jorge Xavier, de transferir dos depósitos por 10 millones de dólares al Banco Caja Obrera, al transmitirle que el BCU respaldaría a dicha institución financiera para que la misma “honrase” sus depósitos. Bó pretendía depositar el dinero en el ABN-Amro.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia estudian la demanda que presentó el empresario, luego de que un Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno revocaran el fallo de primera instancia, con el alegato de que Xavier “mintió” pero lo hizo en defensa de la institución que intervenía.

“Hay organismos internacionales, más de uno, preparados para examinar reclamaciones de particulares por daños que les haya causado el Estado, cuando se tratase de un particular que no tiene la nacionalidad del Estado en que hizo su inversión y que le causó un perjuicio inicuo”, explicó Rezek en la carta enviada a Bo y a su abogada uruguaya, la doctora Cristina Herdt.

Ante la naturaleza del caso lo primero que se espera “es que la autoridad judicial del Estado soberano en que ocurren los hechos, se encargue y responsabilice por remediar los errores de la Administración y hacer prevalecer el Derecho”, concluyó Rezek.

Como se recordará, un tribunal de Justicia de Uruguay dio la razón a Bo y estableció que el ex interventor Xavier había mentido y cometido dolo. Luego, un tribunal de apelaciones -en un fallo dividido de tres votos contra dos- reafirmó que Xavier había mentido pero sostuvo que “cierto nivel de mentira” puede ser admitido en un funcionario público. El tema se encuentra ahora a consideración de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia.