Convocan a Ministerio de Trabajo y al BPS  por exoneraciones

El diputado nacionalista Pablo Abdala convocó al ministro Eduardo Bonomi (Trabajo y Seguridad Social), y al presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, a la Comisión de Seguridad Social para conocer los criterios que aplicará el gobierno con relación a las exoneraciones de aportes patronales de distintas organizaciones de bien público, tanto asociaciones civiles como instituciones religiosas.

En opinión del Partido Nacional, el Poder Ejecutivo estaría realizando un manejo discrecional de este asunto, a partir de una interpretación excesivamente restrictiva del Artículo 69 de la Constitución de la República.

«Es un tema que deriva de la reforma tributaria. Esta exoneración quedó en entredicho, primero se quitó la exoneración pero a partir de las dificultades sociales que esta situación generaba el gobierno dejó en suspenso esa iluminación, y confirmó temporalmente esas exoneraciones», recordó.

Sin embargo, recordó Abdala que el gobierno anunció que «se tomaría un tiempo para estudiar caso a caso y determinar en qué situaciones se confirmaría la exoneración y en qué situaciones estas organizaciones sociales, muchas de ellas de carácter religioso, deberían empezar a tributar».

Abdala dijo poseer información «en el sentido que el gobierno estaría por abordar una solución restrictiva y obligaría a la mayoría de estas instituciones y en particular a las de carácter religioso a pagar aportes, subiéndoles los costos, y por tanto, queremos información sobre eso y que el gobierno transparente esta situación y expliquen en el Parlamento los responsables de las mismas».

 

DISPOSICION SUSPENDIDA

El 27 de julio de 2007 el Poder Ejecutivo suspendió la disposición a través de la cual caían las exoneraciones con las que contaban los Organismos No Gubernamentales (ONG).

Previamente, el 7 de julio del mismo año, la Asociación Nacional de ONG (Anong) realizó una asamblea de la cual resultó que reclamarían al gobierno nacional la suspensión de la disposición que aparejaba la pérdida de los beneficios.

Asimismo la directiva de Anong promovió, que en caso de que se aplique la normativa, sus afiliados no hicieran efectivo el pago de la misma.

Desde el colectivo se afirmó que el decreto tenía muchas ambigüedades y se planteó la necesidad de instaurar una nueva disposición que reinstale las exoneraciones.

Con este panorama el gobierno nacional decidió dejar en suspenso la disposición.