Medina niega espionaje a fiscal

Desde su celda, en la prisión especial de Domingo Arena, el inspector mayor ( r ) Ricardo Medina negó que espíe la vida privada de la fiscal Mirtha Guianze, y denunció la violación de sus derechos constitucionales tras sufrir la requisa de una computadora y cedés que poseía.

En una carta de su autoría, publicada en la web www.envozalta.net, Medina cita varios artículos de la Constitución y del Código Penal y afirma que los documentos archivados “se corresponden con material aparecido en los medios de prensa, por lo tanto son de uso público y su archivo no reviste carácter ilícito alguno”.

Sin embargo, según el juez de la causa, Rolando Vomero, la documentación que almacenaba no podía tenerla un particular. Entre los archivos, se encontraron datos sobre claves policiales y biografías de varias personas públicas, entre ellas de la fiscal Mirtha Guianze, quien intervino en el caso de Adalberto Soba por el cual fue procesado en setiembre de 2006 junto a otros seis represores. La fiscal ha sido criticada desde esa fecha por los familiares de los militares, sobre todo a través del sitio web www.envozalta.net.

La Dirección de Información e Inteligencia se encuentra analizando los más de mil archivos digitales requisados a Medina y a los otros militares y dos discos compactos que una de las hijas del ex policía le entregó en el centro carcelario de Camino Mendoza y Domingo Arena.

Medina recuerda que el 17 de enero pasado “me fueron retirados el PC y todos los CD que tenía en mi poder, los que como se ha dicho ingresaron con la autorización de la autoridad carcelaria correspondiente. Es de señalar que el material archivado responde en su gran mayoría a información de prensa, a trabajos realizados por el suscrito o bajados de Internet fuera del establecimiento”.

Agrega que “el material que una de mis hijas ingresó fue entregado a la persona encargada dela Revisoría del Penal para su examen y de ser autorizado, entregado al suscrito, lo que no ocurrió. Por el contrario, al inicio del examen del material se constató la existencia de contraseñas, lo que no le fue comunicado al suscrito, quien al consultar por la demora en su entrega, le fue expresado que habían tenido dificultad para su apertura. El suscrito, ante la posibilidad de que no se pudiera por la existencia de contraseñas, ofreció las mismas, lo que no fue aceptado sin ninguna explicación, dándose cuenta a la Justicia Penal”.

Medina también señala que “se ha acusado irresponsablemente a una de las hijas del firmante de llevar a cabo seguimientos a la Sra. Fiscal, con quien podemos discernir en cuanto a sus fallos judiciales, pero a quien nunca hemos molestado y mucho menos es de nuestro interés su vida privada, de la cual nunca nos hemos ocupado”.

El ex represor señala que los materiales requisados “en nada tienen que ver con la vida privada de las personas, sí con su vida pública, lo que surge de sus escritos, de información de prensa o de sus acciones, que constituyen noticia en los medios de comunicación”.

Medina sostiene que “ha sido invadida mi privacidad indiscriminadamente al intervenir material privado, fotos familiares, escritos, documentos, música, etc.”, lo que califica como “un exceso de autoridad”.

Ricardo Medina Blanco, alias “Conejo”, “Rambo”, “306″, ingresó al Cuerpo de Granaderos en 1966, especializándose en comunicaciones y escuchas telefónicas ilegales. Entre 1976 y 1977 trabajó en el SID y en el OCOA, donde conoció a otro granadero, José Sande Lima. Participó en 1976 del falso operativo de detención de militantes del PVP, en Shangrilá.

En 1980, el jefe de la inteligencia policial Víctor Castiglioni lo reclutó para el grupo secreto de espionaje Gama. Trabajó en varias agencias de seguridad privadas. Fue asesor del ex senador colorado Pablo Millor. Está acusado de haber torturado a una treintena de militantes del PVP y de la desaparición de María Claudia García. Fue procesado en 1995 por falsificación de dólares, con su socio, Gavazzo.