Gobierno apuesta por un modelo de producción que incorpore valor agregado

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) trabaja en la elaboración de un proyecto de precalificación de inversiones privadas, en el marco de la apuesta a un modelo de producción que incorpore valor agregado y no solamente venta de materia prima.

Escrito por: Mauricio Cavallo

El subdirector de la OPP, Conrado Ramos expresó, en entrevista con LA REPUBLICA, que en el gobierno existe la preocupación acerca de si las plantas procesadoras de pasta de celulosa se transformarán en un “enclave y con poco valor agregado”, o si el país es capaz de lograr establecer que se combinen los distintos ciclos de la cadena productiva.

En ese marco, afirmó que la OPP se convertirá en una usina generadora de “políticas de estímulos”.

Por otro lado, el jerarca aseguró que en el proceso de Transformación Democrática del Estado (TDE), la OPP liderará la reestructura ministerial y probablemente habrá muchos puestos de trabajo que “sobren”.

La TDE consta de dos pilares: la modernización de la gestión y la descentralización política.

-Esos pilares pasan por mejorar la calidad de atención de los servicios del Estado que es lo que al ciudadano le interesa a través simplificación de trámites, no estar pagando porque sí determinados trámites simplemente porque van asociados a un provento que cobra el funcionario, sino que pague cuando realmente tiene que pagar y que se elimine la distinción entre trámite urgente o lento.

Simplificación de trámites, mejoras en la calidad del servicio y una cultura del servicio lo tomamos de la gestión empresarial, es decir, un servicio no de espaldas sino de frente y cercano al ciudadano.

Tampoco queremos aplicar el concepto de cliente o de usuario, sino el de atención al ciudadano o al vecino, porque da la sensación de comunidad política donde cada persona tiene sus derechos a servicios de calidad como integrante de esa comunidad, mientras que el cliente es solamente quien paga.

Por otro lado, la creación de la Agencia Electrónica está realizando una tarea muy interesante en adaptar normas, y para el 2010 vamos a poder contar con el expediente electrónico y eso es casi un Plan Ceibal.

A través de este expediente el usuario podrá tener el derecho a saber en qué oficina se encuentra un trámite y cuántos días de retraso lleva y todo esto desde su propio PC o Call Centres.

Esto está atado con los Centros de Atención al Ciudadano que serán instalados en 60 localidades departamentales hasta el final del período de gobierno. A esos trámites los ministerios tienen que darle salida, interoperatividad y respuesta rápida.

Asimismo en el proyecto de Nacido Vivo hay trece unidades ejecutoras interoperando para que desde un hospital del interior del país el niño recién nacido pueda obtener la Cédula de Identidad, registrarse en el BPS, y contar con el carné de salud.

­La otra parte de la TDE es la descentralización política.

­Con ella se le estará brindando al ciudadano de pequeñas localidades rurales, y eventualmente de plantas urbanas, si hay reforma constitucional, la posibilidad de constituirse en municipios y que estos sean un ámbito de decisiones.

Mientras que los caudillos locales tendrán que salir a legitimarse mucho más que antes, porque no estarán amparados solamente por la maquinaria partidaria que apoya al intendente.

­Usted hacía referencia al propósito de instaurar una nueva cultura del servicio. ¿Ello lleva mucho tiempo?

­Sí. Esto implica una gestión del cambio muy profunda. Implica costos para después poder ahorrar. Para que ahorre el ciudadano hay que informatizar, hay que tener estándares y modificar muchas normativas.

­Pero también eso implica un cambio en la mentalidad del funcionario.

­En la mentalidad del funcionario y en la forma de hacer las cosas, pero también se requiere escuchar al funcionario y esto lo están haciendo tanto la OPP como la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Le podemos pedir al funcionario una ética de servicio público, pero también tenemos que generar las estructuras para que esa ética se desarrolle, lo que quiere decir atacar las inequidades salariales, las injusticias y acomodos.

No siempre es el funcionario el causal de los males, pero sí debemos exigirle calidad para lo cual debemos tener indicadores de gestión, es decir, medir lo que hace con indicadores objetivos. Lo que llamamos compromisos de gestión que arrancan desde arriba y van descendiendo en catarata. Pero para tener esos compromisos de gestión hay que tener muy claro qué es lo que se desea hacer y muchas veces lo ministerios no tienen capacidad de diseñar, evaluar e implementar políticas públicas.

­¿Esas políticas públicas parten de los ministerios o también de la OPP?

­Son políticas sectoriales, es decir que parten de los ministerios que son los que las formulan y deben realizar una rectoría de esas políticas públicas. La OPP junto a la Auditoría Interna de la Nación controlará esos indicadores de gestión.

La OPP está ayudando a los ministerios a crear unidades de evaluación y monitoreo de las políticas, porque en la actualidad los ministerios no evalúan sus políticas, porque no tienen los instrumentos, no saben cuáles son sus productos y, además, no generan información inteligente para determinar si esos productos se están cumpliendo.

­¿La OPP es la encargada de llevar adelante el proceso de reestructura de los ministerios?

­La OPP liderará el proceso de reestructura ministerial y probablemente habrá muchos puestos de trabajo que sobren…

­¿Que sobren?

­Sí. Porque hay una población funcionarial envejecida y poco capacitada no por culpa del funcionario, sino porque los partidos tradicionales tenían una ideología neoclásica de un Estado mínimo como único asignador de recursos eficientes, y ni siquiera hicieron eso porque en los países industrializados con orientación de derecha neoclásica, por lo menos fortalecieron ese núcleo.

El Frente Amplio bajó el peso del Estado de un 32 a un 27%, pero queda mucha “grasa” por recortar y muchas ineficiencias.

Las reestructuras que estamos instalando en las empresas públicas y ministeriales darán como resultado muchos puestos excedentarios. Muchas personas sin la competencia para ejercer las funciones que se definan no tendrán cabida.

Pero quienes no pudieron asistir a cursos ni capacitarse, no los podemos tirar como un saco roto, hay que crear un proceso de reconversión que tiene que ver con una gestión del cambio pensada y planificada.

Probablemente sobre gente en muchos lados y falte en otros, por eso los procesos de reestructura significan revisar todo. Ya hemos comenzado en cuatro ministerios y seguiremos, pero no vamos a llegar a realizar reestructuras en todas las unidades ejecutoras porque esto es un proceso gradual. Esperamos que en el próximo gobierno, más allá del partido político que gane, esto continúe; es decir, que sea una política de Estado.

­¿Pero qué se hará con esos puestos de trabajo que sobren?

­Estamos planteando ir bajando progresivamente la edad de jubilación de 70 a 65 años, dar retiros incentivados y redistribuir a través de la recapacitación de los funcionarios.

Pero como el 60% de los funcionarios tienen más de 50 años, entonces se irá jubilando mucha gente e ingresará gente joven y mejor capacitada. Los procesos de reestructura irán diciendo qué personas se requiere y con qué competencias.

­De todas maneras esto no significa necesariamente seguir achicando el Estado.

-No. Porque si quiero competir con el sector privado debo hacer que los sueldos sean atractivos y no continuar con esta disfuncionalidad de que si quiero contratar a alguien y pagarle bien tengo que incorporarlo como contratado y no como funcionario presupuestado.

De todas maneras, se trata de menos funcionarios, más profesionales, pero caros. Una socialdemocracia inteligente es cara, no es barata, pero lo es en términos relativos, porque se genera riqueza par
a el país si tengo un funcionariado eficiente, bien pago y muy profesional.

Por otro lado la gente deberá concursar por los puestos de trabajo que se requieran y el funcionario se sentirá estimulado a concursar y a ser evaluado objetivamente.

Estamos construyendo un determinado tipo de Estado y si queremos atraer inversiones tenemos que diseñar políticas muy inteligentes. La ley de promoción de inversiones y competencias son dos ejemplos claros.

Concretamente preocupa si las plantas procesadoras de celulosa se transformarán en un enclave y con poco valor agregado o si vamos a combinar los distintos ciclos de la cadena productiva, y cómo la OPP puede ayudar a generar políticas de estímulos junto a los ministerios de producción (Industria y Ganadería).

Hay estudios, sobre todo en Chile, que demuestran que la industria de la celulosa de por sí no contribuye demasiado al desarrollo de las comunidades locales. Por tanto, los esfuerzos del gobierno es que deben combinarse los distintos ciclos de la cadena y esto ya se está produciendo. Pero hay que insistir y trabajar para que se produzcan esos encadenamientos. Porque transformarnos solamente en un país celulósico no es el modelo que queremos y menos el de Zonas Francas.

Con Botnia se negoció bastante, con las empresas que vienen hay que negociar más, pero para eso también hay que capacitar y anticiparnos, y eso es planeamiento.

­En ese marco, la OPP está trabajando en la realización de un estudio de precalificación de inversiones privadas.

­Es así. No cualquier proyecto califica para una inversión, por eso necesitamos tener estudios técnicos. Debemos definir si vamos a generar mecanismos de incentivos para determinados tipos de inversiones, porque una inversión puede calificar técnicamente pero puede aportar poco hacia el modelo de producción y desarrollo de país que se pretende. Entonces, el Estado puede tener políticas activas de promoción de determinado tipo de inversiones. Tenemos que calificar la inversión, es decir si deja trabajo o no, si hace arrastres de cadenas productivas, si hay empresas que aprovisionan a esta actividad o no, si generan empleo o no, si descentraliza o está concentrada en Montevideo. Todo esto tiene que ver con el modelo de desarrollo productivo que queremos. Por ello la apuesta a un modelo de producción que incorpore todo esto tiene que ser más fuerte.

 

AUMENTAR EL GASTO, MEJORAR LA GESTION

-La próxima Rendición de Cuentas será la última en la que se pueda incrementar el gasto. ¿Cuáles serían las prioridades?

-Si bien las prioridades las define el Consejo de Ministros, de todas maneras hay refuerzos de rubros ya comprometidos. Pero si los ministerios no tienen claro cuáles son sus prioridades, en términos de producción de valor público, tampoco pueden saber qué pedir.

Quizás se pueda pedir más policías en la calle, pero tal vez eso no es lo que se precisa porque después se envían a una jefatura que no los necesita, y eso porque no había un monitoreo de jefaturas lo que recién ahora estamos construyendo con el Ministerio del Interior.

Mientras que si se incrementa el presupuesto de ASSE, pero no se diseña una política de gerencia para determinar cómo comprará medicamentos, o en la Universidad no se mejoran los mecanismos de evaluación, se estarán desperdiciando recursos. Si ponemos dinero sin mejorar la gestión estaremos tirando la plata.

 

INAMOVILIDAD DESCARTADA

El subdirector de la OPP, Conrado Ramos, aseguró que el gobierno “no piensa sacar la inamovilidad de los funcionarios públicos porque es lo que da las garantías de que no habrá persecuciones políticas”. De la inamovilidad preocupa que “si la administración no necesita más a un funcionario, porque dejó de ser interesante la función, de igual manera debe continuar cargando con él. También preocupa la falta de evaluaciones para determinar si la persona cumple adecuadamente.

Recordó que se modificó el Decreto Nº 500, para que cuando se debe sancionar a un funcionario “no se encajone el sumario por razones políticas o de amiguismo” y, además, “se acortaron los plazos para presentar pruebas sobre ineptitud, omisión o delito”. Añadió que “se flexibilizaron algunas formas de contratación” al crear una figura, dentro del derecho público, de carácter no permanente y que deba ser renovada.

 

EQUIPARACION SALARIAL  GRADUAL

“Hoy las inequidades salariales en el Estado son muy grandes, pero no podemos pagar lo mismo al portero del Edificio Libertad que al portero del Banco Central, porque, entonces, aumento 20 veces el sueldo del primero o rebajo el sueldo del segundo, y si aumento hago estallar la caja del Estado”, aseguró Ramos.

Por tal motivo, “hay que ir hacia una equiparación gradual”, dijo Ramos y acotó que en la actualidad se prefiere “ser el último grado de una unidad ejecutora rica y no el grado más elevado de una unidad ejecutora pobre. Entonces, la carrera no tiene sentido”. “Por primera vez estamos enderezando el barco en la dirección correcta, porque antes era un barco sin rumbo, un pollo sin cabeza”, ironizó.