"No es verdad"

El comunicado de AFJU indica que el documento público firmado el 9 de noviembre de 1999 entre blancos y colorados se compromete y exige a Jorge Batlle el traspaso de economías del Poder Legislativo (se calculaba de 7 a 10 millones de dólares) más el uso de todo lo que se recaude (aproximadamente 6 millones de dólares), compromiso acordado y que llevó a la presidencia a Batlle.

Respecto a las declaraciones de Hierro y Abdala, de que las economías del Legislativo habían pasado al Poder Judicial, los funcionarios judiciales expresan que ese planteo «no es verdad, pero sería buena cosa que contaran las mejoras para el organismo para no quedar como mentirosos».

Se aclara que el compromiso primario como paliativo para el Poder Judicial era de aproximadmente 14 millones de dólares. Luego Luis Alberto Lacalle les transmitió que la cifra era de aproximadamente 9 millones y medio y posteriormente los senadores del Partido Nacional planteaban en los medios de comunicación que el acuerdo con el Partido Colorado era de 7 millones. Señalándoseles en todas las instancias que las partidas eran destinadas para las retribuciones más bajas, planteando incluso un salario mínimo judicial decoroso.

El comunicado luego reseña que el equipo económico anuncia una partida de 4 millones, financiada con 2 millones de economías del Poder Legislativo, que al leer el mensaje complementario se convierte en una transferencia de aproximadamente 1 millón 869 mil dólares de un poder a otro, «y como si fuera un chiste de muy mal gusto» se privilegian las retribuciones más altas. Los judiciales se preguntan dónde está el resto del dinero de las economías del Legislativo, lo comprometido por los presidentes de cada cámara y lo comprometido por el Partido Nacional y Jorge Batlle.

Por ello, la AFJU exige el cumplimiento de lo acordado el 9 de noviembre de 1999, en caso contrario promete hacer saber quiénes han mentido, «no sólo por el trato de tercera que se le da al Poder Judicial, si no para conocer a quienes prometen y no cumplen y por ende se le hace un gran daño a la democracia y a quienes creemos en ella».

Pérdida de remuneraciones

La secretaria general de AFJU, Elba Rama, comentó a LA REPUBLICA que «otro aspecto importante es que además de la constatación de que las partidas que se envían son totalmente insuficientes y lejanas a lo prometido, tampoco se incluye una partida que estamos percibiendo como ahorros de economías en nuestro sueldo básico desde hace cerca de cuatro años. La posible pérdida de esa partida y lo que se destina en el mensaje complementario por el Ejecutivo implicaría una merma en nuestras remuneraciones».

Respecto a la medida de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de suspender los plazos, el dirigente Dagoberto Pereira afirmó: «Nosotros no estamos de acuerdo con la resoluçión adoptada por la SCJ, aunque la entendemos. Aquí vienen los reclamos y la exigencia del buen funcionamiento del Poder Judicial siempre que los funcionarios estamos en justas luchas para mejorar nuestro salario. Pero debemos de refrescar la memoria de la opinón pública y decir que muchas veces no estamos en conflicto y los ministros de la SCJ salen clamando por soluciones porque están al borde de no poder hacer funcionar más el servicio de Justicia. Porque siempre, sistemáticamente, se le han negado recursos al Poder Judicial. Lamentamos que en esas circunstancias, cuando no estamos en conflicto y salen los ministros de la SCJ a clamar por soluciones, esos sectores que siempre presionan cuando estamos en medidas de lucha no hagan notar su voz en esas circunstancias».