Propuesta del FA para Antel

Las medidas forman parte de un documento, preparado por los técnicos de la coalición, a ser aprobado en los organismos de dirección de la izquierda la semana entrante. El miércoles pasado, el informe recibió el visto bueno del Grupo de Trabajo, que presidido por Tabaré Vázquez nuclea a los máximos dirigentes del EP-FA.

En primer lugar, los especialistas establecen tres escenarios posibles: «la venta de Ancel desmembra al ente, pues la telefonía celular es parte de los negocios de cualquier telefónica del mundo y deja para la empresa estatal la parte menos rentable; el órgano regulador tiende a desregularizar el mercado de la telefonía y permite la competencia dentro del territorio nacional para empresas que tendrán que subordinarse a las leyes nacionales; la modificación del régimen de zonas francas, aún sin intervención de los otros proyectos, lleva a la sustitución de los servicios de la empresa estatal por otras con una competencia desleal porque las empresas situadas en zonas francas están fuera del alcance del régimen impositivo nacional».

Luego, el documento plantea que el desarrollo futuro de la empresa se verá fuertemente trabado, por la intención gubernamental de dividir la telefonía en básica y celular. «Una forma artificial de encarar el negocio en su conjunto, con grave perjuicio a la empresa estatal, ya que tendrá que hacerse cargo de los aspectos menos rentables; por la competencia desleal que se desarrollará desde zonas francas». Los técnicos recuerdan que este último aspecto está contenido en la segunda Ley de Urgencia.

El informe destaca que las medidas de privatización o desregulación del mercado de la telefonía celular se produce en momentos en que Antel califica en segundo lugar de rentabilidad (20,39%) entre las empresas telefónicas de América Latina, «siendo sólo superada por la cuarta empresa más grande de América Latina: la Telmax de México (20,66%), y ello por menos de tres décimas de punto».

Obligaciones y regulaciones

En torno a las propuestas concretas a realizar en el Parlamento, el texto de los técnicos recomienda modificar la carta orgánica de manera de «mantener la telefonía nacional fija y conmutada, los servicios de Ruralcel,y la telefonía celular que hoy presta Antel como una unidad» de manera que esos servicios sean efectuados en forma directa por el Ente, «ya sea los que se presten bajo el régimen de monopolio o de libre competencia».

El informe reafirma la capacidad de endeudamiento, en caso de ser necesario, de una empresa con alta rentabilidad y un patrimonio importante. Así sostiene: «a los efectos de obtener recursos para la realización de proyectos de inversión podrá: emitir obligaciones en moneda nacional o extranjera, con el acuerdo del Poder Ejecutivo y con autorización del Poder Legislativo (artículo 85 de la Constitución) asegurando la forma de amortización y el interés fijado; dichas obligaciones podrán ser cotizadas en bolsas nacionales o extranjeras; la emisión de obligaciones no podrá exceder del 25% del monto del patrimonio total del ente».

Respecto a las posibles asociaciones de Antel con otras empresas privadas, el texto plantea que ellas deben realizarse «en cada caso de acuerdo al artículo 188 de la Constitución, a propuesta del Directorio de Antel, recabándose la autorización del Poder Legislativo quien deberá resolver dentro de los cuarenta y cinco días de su presentación, vencidos el cuales el proyecto se considerará rechazado».

También establece: «Los representantes de Antel en los Directorios de las empresa que integre, deberán ser designados previa venia del Senado a propuesta del Directorio de Antel».

En caso de venta de la parte del ente hechas con actores privados, «en las que Antel sea minoritaria deberá solicitarse autorización al Poder Legislativo, la que se reputará concedida de no expedirse dentro del plazo de 30 días. Previamente deberá recabarse informe técnico de por lo menos dos auditorías que brinden garantías de imparcialidad y transparencia, sobre el valor de la participación total o parcial que se enajene por parte. A estos efectos se requerirá preferentemente la participación de la Universidad de la República».

Los trabajadores de las empresas integradas se regirán por el derecho privado. «Sin perjuicio de esto, los trabajadores de Antel que participen en las mismas se mantendrán en su calidad de funcionarios públicos, excepto que opten por pasar a la actividad privada», subraya el texto.

El documento establece, en este capítulo, una salvaguarda final: «Antel deberá asegurarse el contralor de la gestión, en todas las empresas en que tenga el capital mayoritario, y la participación en la dirección, cualquiera sea el capital que represente en los casos de integración minoritaria».

Los técnicos de la coalición de izquierda concuerdan con el planteo oficial de la creación de un organismo regulador de las comunicaciones, aunque advierten que éste «debe ser exclusivamente estatal, eminentemente técnico sin perjuicio de una razonable integración política en cuanto debe asesorar en materia de política nacional de telecomunicaciones». Sin embargo, subrayan que deben establecerse cláusulas que fijen la incompatibilidad de estos cargos con la participación en las elecciones nacionales.

Finalmente se pronuncian por dotar a la instancia reguladora, del status de un ente autónomo.