Polémica entre dos empresas públicas llegó a Comisión sobre ley de urgencia

Ayer comparecieron en la Comisión especial que trata la segunda ley de urgencia los presidentes y correspondientes directorios de Ancap y UTE.

La convocatoria era para analizar qué posición defiende cada uno de estos entes sobre la posibilidad de dejar sin efecto un impuesto a la importación de gas natural por cañería que Ancap, en su carácter de monopolio cobra a UTE.

Para el presidente de la Comisión, el forista Ronald Pais, la posición de Ancap de querer mantener el canon se debe enfocar en un tema mucho mayor.

«Los uruguayos debemos elegir si vamos a tratar a las empresas públicas como empresas o como reparticiones estatales recaudadoras», dijo.

Pais sostuvo que Ancap se siente debilitada porque «se le va derogando una serie de privilegios monopólicos sustentados hasta ahora», mencionando el sector asfáltico (derogada en la ley presupuestal ya aprobada por la Cámara de Diputados) y en el rubro alcoholes en su momento, y ahora en este canon que en la segunda ley de urgencia se propone derogar. «En contrapartida –sostiene el legislador forista– no se la libera a Ancap, en este caso, de algunas cargas muy pesadas que tiene». Pais mencionó en ese sentido la frustrada derogación del Impuesto a la Compra de Moneda Extranjera (Icome) que deben pagar las empresas públicas, y la rebaja en los aportes patronales al Banco de Previsión Social, dos aspectos que el Poder Ejecutivo decidió mantener como forma de solventar gastos extra incluidos en el Presupuesto.

«No podemos ponerle más cargas a las empresas públicas, por más que el Estado lo necesite para su financiación que las que tiene cualquier otra empresa privada», afirmó. Por su parte, el presidente de UTE, Ricardo Scaglia, dijo que este impuesto que cobra Ancap deja al ente generador de energía en una posición muy incómoda y en franca desventaja (porque) «UTE no tiene el monopolio en la generación de energía con el gas como materia prima, sino que tiene a la empresa Conecta como competidora, además de las 42 empresas generadoras de energía de la Argentina».

Para Scaglia, si un empresario debe abonar más por consumir energía en Uruguay, «porque el impuesto que nos cobra Ancap lo trasladamos a las tarifas, sin dudas se decidirá por adquirir esa energía en algunas de las 42 empresas argentinas».

«Es muy importante para el ente energético no contar con costos adicionales en la importación de gas, sentenció el presidente de UTE.

A Uruguay llegarán por el gasoducto del Sur, en un principio, dos millones de metros cúbicos diarios.

De ese volumen, un millón setecientos mil consumirá UTE, «y ese mayor costo que se genera por los dos dólares por cada mil metros cúbicos de gas que se importa, nos dejaría fuera de competencia con los generadores argentinos y por lo tanto, no tiene sentido generar energía en Uruguay y tampoco tiene sentido la construcción del gasoducto», aseguró Scaglia, «porque tiene que quedar claro, el que tiene que generar energía es UTE».

El presidente de UTE recordó que la derogación de ese impuesto fue una condición planteada oportunamente al Poder Ejecutivo para que el ente energético firmara el correspondiente contrato de construcción.

Ese convenio tiene inserto también la remodelación o adecuación para funcionar a gas de las viejas plantas generadores termoeléctricas de Batlle y Ordóñez y de La Tablada

Para el presidente de la comisión de la segunda ley de urgencia, el diputado del Foro Batllista Ronald Pais, la propuesta de dejar sin efecto el impuesto es totalmente aceptable, «porque además es coherente con un artículo de la Ley del Nuevo Marco Regulatorio Energético, que permitía comprar libremente a los grandes consumidores el insumo que necesitan para producir o consumir».

Pais destacó que el impuesto que defiende Ancap «lo único que genera es inclinar al consumidor a adquirir la materia prima en Argentina, porque los generadores del vecino país no tienen ese canon y sí se aplica a los dos generadores de energía que hay en Uruguay».

Para el legislador forista, el mantenimiento del canon estaría además alejando posibilidades de inversión extranjera.