Vázquez aprobó reforma del Estado

La reforma estatal se compone de dos pilares: los aspectos de gestión, relacionados con la modernización y acercamiento del Estado a la ciudadanía, y la descentralización política, que incluye la creación de alcaldías en todo el país.

Durante una sesión extraordinaria de los acuerdos ministeriales en Suárez y Reyes, se aprobó la iniciativa cuya redacción fue encargada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En el documento de 40 páginas ­en el que se incluye un anexo que contiene los 20 artículos del proyecto de ley de descentralización política y participación ciudadana­, al cual tuvo acceso LA REPUBLICA, se procura un Estado «conductor, regulador, social y emprendedor, funcional a un programa de crecimiento, distribución de la riqueza, modernización, democratización e inclusión social».

El texto se compone de los siguientes capítulos: «descentralización política y participación ciudadana; modernización de la Administración Central; fortalecimiento de los institutos, agencias ejecutivas y empresas públicas; acceso a los derechos ciudadanos y el cumplimiento de los deberes; las relaciones laborales, la brecha salarial y los sistemas de funcionarios y contratos temporales públicos; la economía en la asignación de los recursos del Estado; y las estrategias, tiempos, instrumentos y acciones».

El Ejecutivo se ha planteado el desafío, para un eventual próximo período de gobierno, de redefinir el rol de la Administración Central, la cual deberá ser «pequeña, más profesional, mejor paga, con más recursos informacionales e institucionales para timonear el Estado y comunicarse con la ciudadanía».

Para ello el proceso de reforma propone alcanzar la transformación de diez ministerios entre 2007 y 2009.

Una de las transformaciones más significativas consiste en la aplicación de un plan de readecuación del personal a las funciones necesarias del ministerio, el que tendrá en cuenta «los problemas derivados del envejecimiento de la Administración Pública».

Ello incluye «la capacitación de personal y eventualmente su reconversión, un programa de retiros incentivados, de carácter progresivo, a través de la disminución de la edad de retiro de 70 a 65 años, un cronograma de retiros en cargos declarados excedentarios y movilidad horizontal de trabajadores».

Se propone un cronograma de nuevos ingresos, «presupuestados o contratados, para los procesos de reestructura».

Se procurará tender a un modelo en el cual la carrera funcionarial se vea fortalecida y para ello se ha propuesto el Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones (SIRO).

A la vez se plantea modificar el sistema de contrataciones del Estado para aquellos requerimientos que «no son permanentes o, en algunos casos siéndolo, integran áreas periféricas». A estos efectos, se fijó la figura del contrato de función pública y que el contrato a término se extinguirá a fin de 2009.

Por otro lado, se prevé la supresión de proventos y salarización de los mismos, un programa de incentivos colectivos y el cumplimiento de los compromisos de gestión para incentivos individuales.

También se plantea «racionalizar, transformar y simplificar figuras existentes y regularlas desde el punto de vista jurídico, manteniendo el carácter transitorio de la relación contractual, tanto para funciones no permanentes como periféricas».

La contratación deberá ser por un período definido y la renovación del vínculo contractual sólo podrá realizarse en forma expresa, «no tácita o de hecho».

A juicio del gobierno, el núcleo central de los Entes industriales o comerciales del Estado debe permanecer en el derecho público. «Pero ello no implica que toda actividad estratégica deba realizarse necesariamente en el marco del derecho público».

Se avanzará en un proceso de simplificación de trámites y de aproximación al ciudadano en el marco de la jerarquización de la figura del servicio público y de un código de conducta del funcionario.

Por otro lado, el gobierno apostará a la jerarquización de las pequeñas localidades y a la electividad de las autoridades locales mediante el voto secreto y la representación proporcional.

Para ello se propone la creación de municipios en las poblaciones de más de 2.000 habitantes, con una integración plural, pero presididos por un alcalde.

También se jerarquizará la participación social en las políticas públicas, se crearán los Centros de Atención Ciudadana para acercarle al ciudadano de pequeños poblados trámites y servicios.

 

LIMPIEZA DE LA BAHIA

La Administración Nacional de Puertos botó en las aguas de la bahía de Montevideo la primera embarcación que tendrá por cometido la limpieza del espejo acuático de desechos sólidos, hidrocarburos y aceites.

Luego de un proceso licitatorio, la Unidad de Gestión Ambiental de la Administración Nacional de Puertos escogió a la empresa Ecoceane para la adquisición de esta embarcación para limpieza de la superficie acuática llamada Cataglop. El objetivo es la recolección de los desechos sólidos, hidrocarburos y oleosos que estén presentes en la bahía portuaria.

La adquisición también será utilizada como transporte para técnicos en el monitoreo de la calidad de las aguas y como embarcación para la lucha contra incendios a través de una bomba de agua con capacidad de 2 kg/cm2 de presión.

El sistema recoge los residuos flotantes que son depositados en una cesta, para posteriormente ser vertidos en forma automática en un contenedor situado en el puerto. Dotada de una bomba por motor, puede participar en la lucha contra incendios, así como también aspirar las aguas negras (derrames).

La embarcación tiene una eslora (largo) de 6,40 m, una manga (ancho) de 2,50 m y una capacidad de almacenamiento de 1.200 litros. La capacidad de aspiración es de 1,5 m de radio delante de proa, siendo la capacidad de recuperación de hidrocarburos de la superficie del agua con un rendimiento de 5 m3 / hora.