Es la humanidad quien los juzga

La hipótesis de que en Uruguay existió un bando «malo» de insurrectos de izquierda que motivó la aparición de otros «malos», militares de derecha convocados inicialmente por los sectores políticos, quienes luego perdieron los «puntos de referencia» y se instauraron en el poder hasta que se reinstitucionalizó el país, fue destruida.

La teoría de los dos demonios que presentaba a dos presuntos sectores armados enfrentados en los años sesenta y setenta y llegaba a afirmar que la posterior lucha por la verdad, la justicia y los derechos humanos era, en definitiva, una suerte de venganza de los «derrotados» en aquella «guerra», se da de bruces contra la realidad.

Las pretensiones de reducir la historia a dos grupos casi «satánicos» que se enfrentaron para convertir al resto de la sociedad en sus «víctimas» ha fracasado, tanto como el intento de equiparar la Ley de Amnistía a los presos políticos con la Ley de Caducidad o el sostener que todo terminará cuando haya muerto el últimos de aquellos combatientes.

No se puede esgrimir más el concepto de que se tienen «los ojos en la nuca», ni se podrá establecer una defensa a los militares procesados por la Justicia en la que se los califique de «presos políticos» de un gobierno de izquierda… La Justicia italiana ha terminado de definir que es la humanidad quien juzga los delitos contra los derechos humanos.

Del mismo modo que los tribunales de Nüremberg juzgaron los crímenes de los nazis en la segunda guerra mundial, o el juez español Baltasar Garzón encarceló al torturador argentino Adolfo Scilingo y procuró enjuiciar al dictador chileno Augusto Pinochet, la Justicia italiana iniciará ahora proceso a un criminal de la dictadura uruguaya.

 

Il fato Piano Condor

En la tarde del domingo 23 de diciembre, agentes de Interpol detuvieron en una casa de la ciudad de Salerno, al sur de Italia, al prófugo militar uruguayo Jorge Tróccoli, quien debió comparecer días antes ante la Justicia uruguaya para ser procesado por delitos de desaparición forzada junto al dictador Gregorio Alvarez y su camarada Juan Larcebeau.

Tróccoli era objeto de una orden de captura internacional solicitada a la policía internacional por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, ante quien el abogado del marino, Gastón Chaves Sosa, había argumentado que su defendido se encontraba en el exterior porque había conseguido un embarque y regresaría al país antes de fin de año.

Interpol obtuvo información de que Tróccoli había viajado a Italia, pero cuando solicitó la correspondiente ayuda de las autoridades judiciales y policiales de ese país para su arresto y extradición a Uruguay, desencadenó una insospechada reacción interna al reactivar 140 órdenes de captura internacional contra criminales de lesa humanidad.

El proceso contra «Il Piano Condor», se había iniciado en Italia en 1983, cuando la uruguaya Cristina Mihura denunció la desaparición de su compañero Bernardo Arnone en Buenos Aires en 1976. El caso pasó a la órbita del fiscal Giancarlo Capaldo, quien durante años estudió la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. A fines de 2002, Capaldo anunció que abriría proceso contra 80 dictadores y mandos militares de las dictaduras sudamericanas por la desaparición de decenas de ciudadanos o descendiente de italianos. Entre ellos incluía a los uruguayos Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Andrés Bellizzi, Juan Pablo Recagno y Daniel Banfi.

 

La hora del Depredador

El capitán de navío Jorge Tróccoli no esperaba que dos «colaboradores» cooptados por la «computadora» del Fusna un día de 1996 dieran una entrevista a la revista Posdata en la que lo identificarían como uno de los jefes de la tortura contra un grupo de militantes de los Grupos de Acción Unificada (GAU) en 1977.

Tampoco pudo imaginar Tróccoli que su respuesta a aquella denuncia en dos libros titulados «La Ira del Leviatán» (1996) y «La Hora del Depredador» (1997) terminarían transformándose diez años después en pruebas de cargo para su eventual procesamiento en una causa por desaparición forzada de personas.

Tróccoli incluso creía que los documentos que manejaba como defensa sobre su participación en un curso en la Base Belgrano de la marina argentina durante 1978 podrían eximirlo de responsabilidad en la causa de los traslados ilegales de exiliados secuestrados en diciembre de 1977 en Buenos Aires y trasladados un año después.

Cuando Tróccoli eligió viajar a Italia para evitar su procesamiento debía saber que el fiscal Capaldo seguía una causa contra represores del Plan Cóndor, pero presumía que no lo podrían implicar en la desaparición de Gatti, Arnone y Recagno en 1976, en la de Bellizi en abril de 1977 o en el asesinato de Banfi que había ocurrido en 1974. Lo que Tróccoli no debía suponer era que a la causa italiana, sólo dos años atrás, también se habían agregado los casos de desaparición de Edmundo Dossetti, su esposa Iliana García Ramos, y de Julio César D´Elía, con su esposa Yolanda Casco, todos ellos militantes del GAU secuestrados en diciembre de 1977. Por ellos será juzgado.