Rama: Carta de confianza al Partido Nacional para cumplir compromiso

—Los funcionarios judiciales han insistido en el cumplimiento del acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado previo al balotaje. ¿En qué consiste ese acuerdo en lo referente al Poder Judicial?

–Hay un documento firmado del 9 de noviembre de 1999, donde está planteado especificamente brindarle más recursos al Poder Judicial a través de dos dos puntos: por el ahorro del 10% del presupuesto del Poder Legislativo y que la percepción y administración de la totalidad de los timbres, tasas e impuestos que se cobran por la actividad jurisdiccional se vuelquen al Poder Judicial y éste los administre (…) Estos dos planteos referidos al Poder Judicial fueron realizados por el Partido Nacional y aceptados por Jorge Batlle previo al balotaje, pero además son coherentes con un planteo anterior del Partido Nacional y del propio doctor Luis Alberto Lacalle.

–Sin embargo ni el Presupuesto ni el mensaje complementario cumplen con el contenido del acuerdo.

–El Presupuesto inicial del Ejecutivo no envió nada referente al inciso del Poder Judicial, lo cual se interpreta como que se mantiene el presupuesto vigente y nada más. En el mensaje complementario se contemplarían algunas cosas y ello era lo que defendía el Partido Nacional. Inclusive la misma noche en que vencía el plazo para enviarlo nosotros estuvimos en el Palacio Legislativo y conversamos informalmente con senadores nacionalistas. Nos dijeron que venía bien el tema del Poder Judicial y se estaba trabajando en el acuerdo. La sorpresa fue cuando supimos el contenido.

—AFJU mantuvo una reunión con Luis Alberto Lacalle, quien les prometió entre 9 y 10 millones de dólares anuales para el Poder Judicial. ¿En qué queda ese compromiso luego de conocido el mensaje?

—Fue lo que planteamos. En una conversación posterior Lacalle nos dijo que capaz no se llegaba hasta 9 millones pero se estaba trabajando para ello. Después de conocido el mensaje complementario fue que preguntamos dónde estaba el compromiso que se nos venía diciendo se iba a cumplir. En las conversaciones que mantuvimos fundamentalmente con el senador García Costa, nos expresó que también ellos habían sido sorprendidos por el contenido del mensaje complementario, que estimaban no podía superar los 30 o 35 artículos y se encontraron con un mensaje que era como un nuevo presupuesto de más de 150 artículos, el que desconocían, y no respetaba las líneas de acuerdo de las conversaciones de los días anteriores. Interrogado sobre la posición que iban a asumir nos dijo que a ellos no los comprometía el mensaje complementario, porque había sido elaborado de esa manera y que desde el punto de vista legal el Poder Judicial tiene posibilidades hasta el último día de tratamiento del Presupuesto de modificar el destino de partidas. En la medida que hay un mensaje de la Suprema Corte, está en las potestades de los legisladores en base al monto global destinar más dinero al Poder Judicial.

—¿Qué reflexión le merece el contenido del mensaje complementario respecto a las economías del Poder Legislativo?

–Lo primero es que nos llama mucho la atención el monto que se maneja. Cuando se hablaba de un 10% eran unos 7 millones de dólares o más y ahora se transformaron en dos. El presupuesto del Poder Legislativo, aunque parezca mentira, es casi igual al del Poder Judicial, teniendo en cuenta que son muchos menos funcionarios, que está centralizado en Montevideo en dos edificios y el Poder Judicial tiene 4.300 funcionarios en todo el país repartidos en sedes en todo el Interior. Cuando se habló de un 10% se estimó que eran 7 millones y algo en ahorro. Nosotros tenemos datos de que en el ejercicio 1999 se ahorarron 7 millones 85 mil dólares, en un año que se pagaron incentivos por retiro a funcionarios del Poder Legislativo, lo que achicaba un poco ese ahorro.

Se pensaba que para el 2000 y años subsiguientes esa cifra se iba a incrementar, porque no iba a existir el pago de esos incentivos y porque se lleva una política de ahorro según manifiestan los legisladores. Todo conduce a que ese monto del 99 debería incrementarse, pero el propio Poder Legislativo no tiene conocimiento real de los ahorros porque hay independencia del manejo del presupuesto de la Cámara de Diputados, de Senadores y está la Comisión Administrativa; funcionan en forma paralela y no han recibido la rendición de cuentas de 1999… Por eso es que esa diferencia de monto nos llama mucho la atención. Se habla de 2 millones y algo y dista bastante de lo prometido y aseverado, qué pasó no sabemos.

–¿Cómo valora la resolución de la SCJ de suspender el funcionamiento de las oficinas judiciales?

–Es en los plazos, mucha gente piensa que se cierran las oficinas y no es así. Nosotros reconocemos que todo está más lento ya que trabajamos a reglamento, pero hay garantías, se funciona y además hay un mecanismo por el cual el abogado si va y le dicen que no está el expediente puede registrar como que estuvo y eso tiene el valor de que realmente se interesó. Son cosas que de alguna forma también se han perdido en la utilización, como se han perdido muchas otras en la práctica del funcionamiento del Poder Judicial, por las razones obvias de deterioro que ha implicado el no contemplarlo como un poder del Estado, sus recursos humanos, sus necesidades básicas para un funcionamiento adecuado. Desde ese punto de vista, la SCJ como dirección del Poder Judicial, consideró que era el momento adecuado para aumir esa medida. Desde nuestro punto de vista implica el reconocimiento que existimos y somos necesarios y lo obsoleto de la estructura escalafonaria. Los juzgados no funcionan sólo con los jueces, ni sólo con los funcionarios o los actuarios. Tiene que funcionar como equipo de trabajo.

–Hubo diferencias entre el mensaje presupuestal enviado por la SCJ y lo pretendido por AFJU. ¿Se había dado alguna vez esta situación?

–Las aspiraciones que hemos planteado los trabajadores en su totalidad no han sido recogidas por la SCJ, pero siempre se ha llegado a una instancia que ante lo planteado por ésta y por el Poder Ejecutivo, terminamos apoyando en definitiva, aunque no colmara nuestras expectativas y necesidades, el mensaje de la SCJ. En esta instancia, lo fundamental fue el espectro de incrementos salariales y el proyecto de reestructura, que para nosotros son aspectos medulares, con la SCJ hubo una gran decepción ya que no contempló en absoluto lo planteado y no sólo lo estrictamente planteado desde el lugar del trabajador y sus reivindicaciones sino un proyecto de reestructura que abarcaba todo el Poder Judicial, que abarcaba reordenar, aplicar nuevos criterios de trabajo, por supuesto reivindicar las condiciones de trabajo y las remuneraciones. Pero que apuntaba a todos los involucrados en el Poder Judicial en un camino de mejora del servicio que lo reclama, no sólo nosotros, sino la ciudadanía y así lo demostró el plebiscito donde casi un millón de ciudadanos dijeron que es necesario mejorar el Poder Judicial.

La Corte, trabajando conjuntamente con su grupo de directores administrativos y asesores del BID, distó mucho de apostar a una mejora del servicio, solo reflejó y solicitó recursos para el área administrativa de apoyo, que nosotros pensamos sigue estando sobredimensionada en algunos aspectos y mal organizada porque está descordinada. Además privilegia determinados escalafones desconociendo a la mayoría del funcionariado y desconociendo todo lo que apunte a mejorar a los juzgados, que para nosotros es lo básico del funcionamiento del Poder Judicial ya que allí está la verdadera fábrica de la Justicia y lo que necesita la sociedad.

–¿Puede agravarse con medidas más radicales el conflicto?

–Est
á planteado evaluarlo en la asamblea. Se dio ahora una carta de confianza a lo planteado por legisladores del Partido Nacional en cuanto al cumplimiento del compromiso y en ese marco se apostó a seguir trabajando sobre la discusión de este tema para que se cumpla dicho compromiso. En los próximos días veremos si se va a cumplir o no dicho compromiso y la asamblea evaluará si es conveniente o no profundizar las medidas…

Por otra parte, últimamente se viene dando una mentalidad que se aplica al Poder Judicial, a la enseñanza y a la Salud Pública de que para adjudicarles recursos, ellos mismos tienen que ver de dónde salen, porque lo ven como un gasto y no como una inversión y una necesidad de la sociedad de brindar a determinadas áreas recursos para que funcionen bien. Son servicios que la sociedad realmente necesita, sin embargo muy pocas veces se habla de analizar si la masa de dinero que se pone en el Presupuesto nacional está bien distribuida.

En una forma, que considero justa y que da ejemplo: desde el principio nuestras reivindaciones, a diferencia de los demás gremios, abarcaban absolutamente a todos por igual, tales como el viático por comida para todos, desde magistrados hasta auxiliares, cuota mutual íntegra y apuntando a una solución de fondo del Poder Judicial, planteamos el artículo que establece un plazo para elaborar un proyecto de reestructura que apunte a la mejora del servicio como tema de fondo más allá de los salarios.