Cáceres: "Hice lo que me dijo el TCA, que fue derogar la decisión inicial"

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuestionó al ministro Cáceres al conceder a la empresa Copsa un permiso para explotar un recorrido entre Montevideo y Parque del Plata. El dictamen del tribunal coincidió también con el de dos fiscales y de los abogados del propio Ministerio. La firma perdedora entabló una demanda por 10 millones de dólares contra del Estado.

Fuentes parlamentarias confiables aseguraron que el Ministerio encabezado por Lucio Cáceres había propuesto 900 mil dólares para laudar el trámite judicial, a lo que la parte que se considera damnificada negó.

No obstante, el ministro de Transporte dijo desconocer si ya había alguna demanda, al afirmar que «si llegara la notificación de una indemnización, será un tema que procesarán los abogados del Ministerio y los abogados de la empresa, si es que hay, como aparentemente lo anuncia hoy (por ayer) la prensa, una demanda judicial de reparación contra el Ministerio».

El secretario de Estado señaló que oportunamente se le había concedido un permiso precario a la empresa Raincoop sobre el final del período anterior de gobierno. «Nosotros entendimos que había dos temas en esta concesión. Uno de sustancia, de que si había o no mercado insatisfecho y otro tema de legalidad, sobre si se había dado cumplimiento al derecho de los administrados».

Del análisis de estas dos áreas, se determinó por parte del Ministerio una suspensión que se dilató en el tiempo, y que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo nos dijo lo que teníamos que hacer y definitivamente hicimos lo que nos reclamaron, que fue derogar la decisión inicial» aseguró el ministro Cáceres.

Contenedores

Para el Encuentro Progresista-Frente Amplio, la gestión del ministro Lucio Cáceres al frente de Transporte y Obras Públicas puede determinar acciones «que van más allá de su comparecencia en una comisión». El diputado encuentrista Víctor Rossi sostuvo que son muchas las observaciones que se han detectado en la gestión del MTOP.

Nuevamente ayer concurrió a la Comisión de Transporte de la Cámara Baja el ministro Lucio Cáceres. Lo hizo a los efectos de informar sobre la marcha del pasaje a un régimen de economía mixta de la gestión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo, proyecto ya redactado por vigésima primera vez y en poder del Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación final. Para el secretario de Estado, ayer «se dieron respuesta a todas las interrogantes que había en este proceso sobre la Terminal de Contenedores».

Cáceres señaló que esas interrogantes pasaron por conocer por qué se vende un 80 por ciento de las acciones de la Terminal, si genera o no un monopolio, cuáles son los compromisos que toma el Estado «y se contestaron todas a satisfacción» aseguró. Sin embargo, para Rossi quedaron sin aclararse dos aspectos sobre el proceso de privatización y que a su entender son sustanciales, como el control que ejercerá el Estado en la administración de la playa de Contenedores y si la subasta del 80 por ciento de las acciones se pretende que la adquiere uno o más interesados.

Un negocio «a resultado»

El ministro de Transporte aseguró que no hay mejor control para la próxima administración que las pautas que se establecen en esta subasta de acciones.

Cáceres señaló que al momento de adquirir las acciones el comprador no necesariamente deberá demostrar que está capacitado para cumplir con los requisitos que se establecen en las condiciones. «El comprador contrae al hacerse del paquete accionario la condición posterior de hacer dinámico al puerto de Montevideo».

Las acciones que a razón del 80 por ciento se subastarán se hará por el mecanismo de oferta y demanda «aunque puede pasar que existan acuerdos previos entre grupos empresariales y decidan internamente participar en porcentajes menores» reconoció Cáceres, lo que estaría determinando más de un grupo propietario de la Terminal.

Otro tipo de empresario

Sobre los operadores locales, Cáceres afirmó que no reúnen los requisitos de idoneidad y solvencia, aunque en el futuro, dijo, «pueden funcionar como contratados de quien ostente la mayoría de las acciones».

«Además –dijo– en este proceso de subasta se está hablando de invertir, y si miramos lo que los operadores locales han hecho en todos estos años, vemos que han invertido alrededor de 16 millones de dólares desde 1992 a la fecha, y nosotros estamos hablando de que en seis o siete años habrá que invertir 100 millones de dólares. Está claro que estamos hablando de otro perfil de empresario».

Más garantías

Para el ministro de Transporte, «habrá tantas garantías de control en la nueva administración de la Terminal de Contenedores que me pregunto si no estamos espantando inversores».

Aseguró que el nuevo directorio tendrá a dos integrantes de la Administración Nacional de Puertos, elemento que para el diputado Rossi no es garantía de control. «No basta con ser buenos, hay que controlar» le dijo el representante al ministro Cáceres a quien le reclamó una mayor transparencia en la fiscalización de la actividad del nuevo directorio. «Yo no dudo de la honorabilidad del ministro, pero el Parlamento y el país pueden llegar a tener una visión riesgosa sobre la marcha del proceso y se corre el tremendo problema de perder los valores de la Terminal. Nosotros reclamamos más garantías y mayores controles para defender el patrimonio de los uruguayos» sentenció Rossi que puso como ejemplo el caso similar de gestión que se implantó oportunamente en Pluna.