Límite a la propiedad privada

Según señaló la jerarca, la nueva normativa «permitirá sacarle al suelo, al mar y al aire uruguayo todo el partido necesario para el bienestar y el desarrollo sostenible de nuestra gente».

La legisladora enfatizó en que esta iniciativa del Poder Ejecutivo es trascendental para el gobierno y que con el correr del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo crucial de la misma, «ya que nos evitará líos como el que se ha desatado a raíz de la instalación de Botnia». Topolansky dijo que entre otras muchas cosas, la ley prevé que se hagan estudios, que incluyen la participación ciudadana, para establecer el mejor lugar para las nuevas edificaciones. No obstante, la jerarca admitió que se generará otro tipo de líos al tocar otros intereses. «Mucha gente va a patear», señaló. La legisladora dijo que actualmente hay varias leyes que están orientadas a dar orden al territorio, priorizando la dimensión social, como es la recientemente aprobada Ley de Repoblamiento de la Campaña, la Ley de Colonización y la de Centros Poblados entre otras, pero «las mismas dejan muchos agujeros» y la meta de esta ley es cubrirlos. Topolansky afirmó que se trata de una «iniciativa compleja» ya que contiene un extenso articulado en el que se brindan importantes herramientas a las intendencias y organismos gubernamentales para delinear y desarrollar nuevas estrategias de ordenamiento territorial. Entre los principios para la planificación del territorio, figuran: la equidad y cohesión territorial, la cooperación de las entidades públicas, la descentralización de la actividad de ordenamiento territorial, la promoción del desarrollo local y regional, la participación ciudadana, la sustentabilidad ambiental, la valorización del patrimonio cultural y la prevención de los conflictos con incidencia territorial. Por su parte, el director de Desarrollo Territorial del Ministerio de Vivienda, Roberto Villarmarzo, dijo que la norma forma parte del proceso de reforma del Estado, apostando a la gestión planificada de territorio y a la inclusión de la población en la misma mediante consultas populares. Agregó que hace 17 años que esta ley se viene discutiendo y que su aplicación es imprescindible ya que hay varios gobiernos departamentales que tienen dificultades para implementar planes de desarrollo sin una ley que los respalde.

 

EL INTERES SOCIAL

Entre las novedades que incluye el proyecto, tendientes a darle un fin social a la tierra, está la de la «reserva de suelo para vivienda de interés social», estipulada en el artículo Nº 54.

Según este artículo, «en los sectores de suelo urbano con el atributo de potencialmente transformable en que se desarrollen actuaciones de urbanización residencial, los instrumentos de ordenamiento territorial preverán viviendas de interés social de cualquiera de las categorías previstas en la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y sus modificativas…». El arquitecto Villarmarzo dijo que la novedad es que el urbanizador tiene necesariamente que hacer viviendas de interés social. «Esto no es dar las tierras a Mevir para que construya casas ni nada parecido, es él quien debe edificarlas», aclaró. El jerarca expresó que esta obligación apunta a asegurar el equilibrio.