Ya es ley la regulación de las emisoras comunitarias

Quizás incumplió su promesa porque Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) pudo haberlo desconcentrado: exhibió un elegante porte de un impresionante agamuzado saco y una renovada e intensa relación con su nueva computadora, a la que toqueteó durante toda la sesión.

Ortuño recordó que «en Uruguay la historia de la radiodifusión es la historia de la radio privada», añadiendo que hoy se reconocen sólo dos servicios: el privado comercial y el público estatal.

El proyecto, aprobado con votos del oficialismo, y que pasará al Senado, consta de veinte artículos organizados en cuatro capítulos. Justo cuando Víctor Semproni (Claveles Rojos) amagaba, cabeceando, a «entregar el rosquete» (como decía mi abuela Honorata), resistiendo hasta ser vencido, Ortuño pudo destacar que «se establecen los principios para la administración del espacio radioeléctrico, promoviendo la pluralidad y la diversidad, la no discriminación, la transparencia y la publicidad de los procedimientos».

Las radios comunitarias han sido incluidas como un servicio no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro, orientado a satisfacer necesidades de comunicación social. «Su finalidad ­declamó el informante, oteando por encima de los lentes a la oposición- será promover el desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de información y opinión, los valores democráticos, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social de Uruguay. No podrán realizar proselitismo político o religioso, ni promover ningún tipo de discriminación. Cualquier trasgresión será causal de suspensión o revocación del permiso».

Hubo aquí otra pasajera distracción. Adriana Peña (independiente, Partido Nacional) apareció con la misma chaqueta del otro día pero luciendo una pollerita acampanada, que, mire, no sé cómo decirle… ¿se imagina?

El Poder Ejecutivo, previo informe de la Ursec y opinión del Consejo Honorario Asesor en Radiodifusión Comunitaria, que se crea, reservará para estas emisoras al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad, en todas las bandas de uso analógico y digital. La asignación de frecuencias será por llamados públicos y se otorgarán por diez años. «Las organizaciones que brinden este servicio, concluyó Ortuño, podrán asegurar su sustento con recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinio y publicidad».

Pablo Abdala (Herrerismo), si bien aclaró que «no se opone a legislar en la materia», calificó al proyecto de «mamarrachudo». ¿Sus discrepancias? La limitación de alcance y potencia de las frecuencias; las fuentes de recursos, que admiten la publicidad oficial; y «el excesivo plazo de asignación». Además, aclaró que la cuestión del «proselitismo» deja afuera a las radios religiosas, que hoy son clara mayoría entre las comunitarias, consagrando una discriminación.

El debate ardió, pero la mayoría sacó pecho y aprobó el proyecto.