Lo que queda por hacer

A lo largo del trabajo se percibe una fuerte crítica al gobierno del Frente Amplio. Ya en la introducción del libro se señala que «sin desconocer algunas voluntades manifiestas y acciones incipientes del actual gobierno, nos atrevemos a señalar que no ha sido suficiente su ‘sensibilidad’ hacia la temática.

Resulta imperioso tomar medidas concretas: diseño de planes de acción, asignación de recursos humanos y presupuestales para su correcta ejecución, elaboración de informes de seguimiento y evaluación de los mismos para las instancias nacionales e internacionales, entre otras». Asimismo advierte que «Uruguay va caminando, pero su paso es tan lento que corre el riesgo no sólo de rezagarse del resto de la región y del mundo, sino de retroceder respecto de su propio recorrido».

La presentación del documento se realizó a las 11:00 horas en el Cabildo de Montevideo. Participaron de la mesa Fernando Willat, por Serpaj, el abogado Alberto Pérez Pérez y el sociólogo Gustavo Leal. Se trata de un libro de 259 páginas que lleva en su tapa una foto a color de tres autoridades (de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea), lo cual se deduce por sus uniformes, ya que no se ven las caras.

El informe está dividido en seis capítulos, cuyos títulos son: los Derechos Civiles y Políticos Impunidad, Seguridad ciudadana y sistema carcelario, Derechos económicos, sociales y culturales, Derechos de los pueblos, Derechos Humanos de colectivos específicos y Derechos Humanos e Institucionalidad del Estado.

En el primero se critica la inexistencia de voluntad del presidente Tabaré Vázquez de anular la Ley de Caducidad y rechaza el día del Nunca Más señalando que el discurso del Poder Ejecutivo se hace difícil de suscribir cuando «la justicia y la verdad aún no llegan».

En este sentido también se objeta la no apertura de todos los archivos relativos a la materia, además de criticar la actuación de las fuerzas armadas, cuyos informes entregados al presidente fueron totalmente «insuficientes» (ver recuadro). Por otra parte, el informe reitera su rechazo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que pretende resarcir a las «víctimas de la sedición».

En lo que respecta a la seguridad ciudadana, el trabajo reclama el desarrollo de una política pública, así como la reforma del proceso penal. Asimismo rechaza el proyecto de ley sobre procedimiento policial, señalando que este «contiene normas que establecen márgenes de discrecionalidad muy peligrosa a favor de la actuación de las fuerzas policiales, sin previo control judicial».

El trabajo manifiesta el desacuerdo de Serpaj con las políticas sociales enfocadas en la pobreza porque «refuerzan la estigmatización» de las personas; reclama más información sobre el estado de derecho de la educación, así como la creación de un plan de acción que de respuesta a los problemas relevados.

Por otra parte, demanda la puesta en marcha de un plan nacional de educación en DDHH y la creación de un instituto nacional de DDHH.