Rechazan críticas a la IMM por "absolutamente erróneas"

La edila de la Vertiente Artiguista Laura Fernández expresó que las afirmaciones del diputado forista Ronald Pais, «son absolutamente equívocas, cuando el legislador se refiere a que la realización de convenios entre la Intendencia de Montevideo (IMM) y el Movimiento Tacurú con la finalidad de realizar el servicio de recolección de residuos en los barrios Sayago, Peñarol y Prado, es ilegal»

Pais expresó que «es un escándalo que se recurra a la donación modal para hacer frente a contrataciones de servicio. Esto responde a una política que está llevando adelante la IMM y no es verdad que esté avalada por el Tribunal de Cuentas porque el único dictamen jurídico que tiene el TCR es contrario a utilizar la contratación modal para disfrazar contrataciones de servicios y burlar a la ley y el Tocaf».

En tal sentido, la edila encuentrista manifestó que «ante las afirmaciones de Pais, con relación a la política de convenios municipales, debemos suponer que el diputado no disponía de información suficiente o que su fuente era errónea». «Es absolutamente equívoco afirmar que la realización de convenios es ilegal, ya que la celebración de los mismos se enmarca en un contexto jurídico predeterminado, propuesto por la comuna y avalado por el TCR, en cumplimiento de sus facultades constitucionales», sostuvo Fernández. Agregó que también es «falso que no se realizan los aportes a la seguridad social. La IMM sí realiza los aportes que le corresponden a la parte empleadora y, como el diputado debería saber, el aporte patronal está exonerado por tratarse de organizaciones sin fines de lucro».

Para la edila, «es además extraña la sorpresa frente a la modalidad jurídica introducida por nuestro gobierno municipal, dado que ésta fue incorporada por su propio gobierno a través de instituciones como el Iname y el INJU, seguramente porque comparten una modalidad que recurre a las experiencias de la sociedad civil organizada para revertir, desde nuestro espacio, una fragmentación social que se agiganta».

Fernández aseguró que la comuna capitalina «actúa bajo el marco jurídico refrendado a nivel institucional por el TCR y no es omisa en el cumplimiento de la legalidad de las aportaciones debidas».