El ex agente Herrera, un testigo clave en la muerte de Berríos

En Vivo y en Directo de Radio Sarandí difundió ayer una investigación especial relacionada a este caso, en momentos en que desde Chile se reclama la reapertura de la investigación en nuestro país, y que coincide con las conclusiones a las que había arribado LA REPUBLICA a partir de junio de 1993 (ver facsímil).

Herrera Jiménez estuvo en Uruguay entre octubre de 1991 y el 18 de enero de 1992. Fue quien arrendó un apartamento en pleno Pocitos para alojar al bioquímico, quien poco antes había ingresado clandestinamente a Uruguay huyendo de la justicia de Chile. El operativo encubierto –que comenzó siendo de protección de Berríos, y luego se convirtió en un secuestro y en un homicidio– congregó a un selecto grupo de agentes de Inteligencia chilenos y uruguayos. El oficial de enlace uruguayo en Chile era nada menos que el ex agregado militar en el país andino: el coronel Héctor Lluis.

El 15 de noviembre de 1992, cuando Berríos denuncia su secuestro en una comisaría de Parque del Plata, Lluis era el segundo jefe de los servicios de Inteligencia del Ejército y subrogaba al general Mario Aguerrondo, quien en ese momento se encontraba circunstancialmente de viaje. Posteriormente, Lluis fue nominado como agregado militar ante el gobierno de Patricio Aylwin.

En febrero de 1996, LA REPUBLICA difundió abundante documentación confidencial de la agencia chilena de inteligencia, DINA, respecto a la operación que culminó con el asesinato del bioquímico experto en la fabricación de armas letales. Uno de los documentos, aún en poder de LA REPUBLICA, expresa textualmente: «El coronel Héctor Lluis, agregado militar de la República Oriental del Uruguay, pondrá en conocimiento del coronel Emilio Timermann Undarraga, agregado militar de Chile en Uruguay, la protección y traslado en operación encubierta del químico Eugenio Berríos (Hermes), quien viajará con la cédula de identidad Hernán Tulio Orellana y el mayor del Ejército Carlos Herrera Jiménez (Bocaccio) con la identidad de Mauricio Gómez». La operación no estaba inicialmente destinada a la eliminación física de Berríos, quien estaba requerido por la justicia chilena y poseía secretos muy comprometedores para Augusto Pinochet: presuntamente estaba al tanto del operativo que terminó con la vida del ex canciller Orlando Letelier y recientemente fue señalado como posible autor material de la muerte del ex presidente Eduardo Frei. Era un hombre que no debía declarar nunca. En una primera etapa se le dio protección en Santiago de Chile, hasta que los riesgos aumentaron y fue necesario su traslado. Se eligió Uruguay como país de destino. Allí los servicios y el propio Pinochet contaban con una persona de la mayor confianza: Thomás Casella. Entrenado en Chile, había cultivado su amistad personal con Pinochet –fue su custodia durante la estadía del dictador en Uruguay en febrero de 1993–. Sin embargo, Berríos por sus características y modalidades, no se amoldaba a las circunstancias de su confinamiento. Necesitaba libertad de movimiento y de comunicación.

Una llamada suya a la embajada de Chile en Uruguay, en la que declaraba que estaba dispuesto a regresar a su país, complicó su situación. Estas circunstancias determinan que sea finalmente trasladado a la vivienda del entonces capitán de inteligencia Eduardo Radaelli: el chalé Eduleo en Parque del Plata. Allí, después de varios días, Berríos intuye que está próxima su eliminación, amenaza con revelar todo lo que sabe y huye. La denuncia presentada por el ex agente en la comisaría del balneario, la intervención policial posterior, el retorno de Berríos con sus supuestos captores, y la aparición de su cuerpo, en El Pinar en abril de 1995, dejó al descubierto que la orden de ejecución fue finalmente dada.

En la investigación radial se señalan que las coincidencias entre Herrera Jiménez y Berríos fueron muchísimas y muestran que ambos fueron objeto de sendos operativos de fuga y encubrimiento con participación de oficiales en actividad en Chile y Uruguay ya en la vida democrática de ambos países. Ambos además abandonaron Chile en forma simultánea e ilegal, en 1991. A Herrera, la justicia chilena lo condena en ausencia por la muerte mediante violencia innecesaria en 1983 del transportista Mario Fernández, a la vez comenzaba la indagatoria por su responsabilidad en la muerte de un dirigente sindical, crimen que ahora ha confesado.

En 1991, ambos coinciden en Montevideo y comparten por unos días el apartamento arrendado en Pocitos. El apartamento, alquilado por Herrera bajo el nombre de Carlos Mauricio Herrera, por tres veces y con un valor de 250 dólares mensuales, tuvo como garante al hoy coronel Thomás Casella.

Casella incluso debió entregar a la dueña del inmueble una suma de 1.500 dólares por la abultada cuenta telefónica de llamadas al exterior. Herrera fue detenido el 18 de enero de 1992 en Buenos Aires.

En Chile, dijo ante la justicia que conoció a Berríos por casualidad y como éste se encontraba en mala situación económica lo alojó en su casa por dos días, ya que no tenía dónde estar.

Según Herrera, luego pidió a Berríos que se fuera porque «era muy bueno parra beber y durante mis ausencias ocupaba el teléfono para hacer llamadas a Chile». Sus confesiones provocaron en Chile una serie de procesamientos de altos funcionarios militares e incluso un fiscal militar que encubrió su fuga a Argentina en 1991. La investigación radial concluyó en que tal vez si se lo volviera a interrogar sobre Berríos, podría arrojar nueva luz sobre estos hechos.

Además, sostuvo que en Uruguay hay varios testigos de los mismos quienes, por otra parte, declararon en el expediente de la investigación que la justicia chilena realizó en Uruguay para esclarecer la muerte de Berríos.