Juez determinó el día "D" para el Goyo

El juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, tomará declaración a Alvarez, Tróccoli y Larcebeau el próximo 5 de diciembre ,en el marco de la causa que investiga varios traslados clandestinos de presos políticos en 1978, informó a LA REPUBLICA el abogado del ex dictador, Carlos Curbelo Tammaro.

El magistrado, de acuerdo a lo que establece el artículo 126 del Código del Proceso Penal, intimará a los militares retirados para que designen defensor, los notificará sobre los pedidos de enjuiciamiento y les dará la posibilidad de solicitar el diligenciamiento de prueba.

Curbelo Tammaro sostuvo que tras estudiar el expediente pedirá la realización de nuevas instancias probatorias, por tanto indicó que el juez Charles no podrá pronunciarse en esta instancia. No obstante, otras fuentes del caso dijeron que no se puede descartar que el magistrado resuelva ese mismo día.

El teniente de navío (r) Jorge Tróccoli será patrocinado por el abogado Gastón Chaves Hontou, mientras que Gustavo Bordes representará al alférez de navío (r) Juan Carlos Larcebeau. Ambos ex marinos admitieron ante la Justicia haber desempeñado tareas en Argentina en 1978.

Esta causa busca esclarecer el destino de unas 40 personas detenidas en el vecino país entre 1977 y 1978, y que habrían sido ingresadas a Uruguay de forma ilegal, en una serie de cinco o seis traslados por tierra, cielo y agua. Todos permanecen desaparecidos.

Alvarez, en caso de ser procesado, será alojado en un sector aislado de la cárcel especial para militares y policías violadores de los Derechos Humanos donde están recluidos los ex represores enjuiciados por la desaparición de Adalberto Soba. Su compañero de celda será Jorge «Pajarito» Silveira.

 

El pedido de la Fiscalía

El pasado 12 de noviembre, la fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, pidió los procesamientos de Alvarez, Tróccoli y Larcebeau por el delito de «desaparición forzada», figura delictiva prevista en la Ley 18.026, que Uruguay aprobó a fines del año pasado.

Este delito, establecido en la legislación internacional de Derechos Humanos a través del Estatuto de Roma, se considera permanente hasta tanto se conozca el destino de las personas privadas de libertad y prevé penas de entre 2 y 25 años.

Según trascendió, en el caso de Alvarez, la Fiscalía apuntaría a su «responsabilidad cupular», ya que durante 1978 fue comandante en jefe del Ejército, por tanto para Guianze no habría dudas de que tuvo conocimiento sobre los traslados clandestinos.

Si bien Alvarez al declarar por este caso dijo no saber ni recordar nada, una importante cantidad de documentación aportada por el abogado denunciante, Oscar López Goldaracena, lo incriminaría. Esos elementos son una pieza clave para la decisión del juez Charles.

La fiscal Guianze tampoco tiene dudas acerca de la responsabilidad penal de los ex marinos Tróccoli y Larcebeau, ya que ambos admitieron ante la Justicia que «operaron» en Argentina en 1978, año en que tuvieron lugar los traslados que investiga la causa.

Larcebeau reconoció haber viajado a Buenos Aires para participar en interrogatorios a presos políticos, al tiempo que Tróccoli admitió que en 1978 se desempeñó en una base naval ubicada en Bahía Blanca donde, según se ha denunciado, funcionó un centro de torturas clandestino. *