Guianze: la Justicia se transformó en un "fenómeno mediático"

La titular de AFU participó ayer en un seminario sobre la relación entre la Justicia y las políticas públicas, organizado por el Instituto de Educación Popular «El Abrojo», el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Unicef Uruguay, que se realizó en el Salón de Actos del Edificio de la Unión Postal de las Américas. En su intervención, Guianze sostuvo que el proceso de «judicialización» que está viviendo Uruguay tiene estrecha relación con el protagonismo que han tomado los fallos de los jueces y los dictámenes fiscales en los medios de comunicación. «La Justicia se transformó en un fenómeno mediático», afirmó.

No obstante, la fiscal aclaró que el hecho de que las decisiones de los magistrados y los pronunciamientos del Ministerio Público sean discutidos públicamente «no tiene que ser tomado como una presión».

Según la presidenta de AFU, el Poder Judicial no puede ingresar al ámbito de las políticas públicas que dependen del Estado, sino que tiene que analizar esas acciones desde un ámbito estrictamente jurisdiccional.

Guianze también advirtió acerca de una «penalización» de la Justicia, ya que muchos asuntos que anteriormente se dirimían en otras materias, actualmente se están llevando a la órbita de la Justicia penal. «Los dichos de un periodista, de un político; por todo se inicia un juicio penal», cuestionó.

En tanto, el catedrático de Filosofía y Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, doctor Oscar Sarlo, centró su intervención en la relación entre el poder político y los operadores del sistema judicial.

«Es insostenible pensar que el Derecho sea cerrado absolutamente en sí mismo», expresó y agregó: «Increíblemente, en nuestra facultad se sigue enseñando el paradigma de que el Derecho es una cosa aislada de la política».

Sarlo reclamó que Uruguay instaure un tribunal constitucional para que la Carta Magna deje de ser modificada por la vía parlamentaria. Agregó que «no tiene sentido votar políticas públicas si no se aprueban los fondos económicos», y citó como ejemplo el caso del Estatuto de la Niñez y la Adolescencia, norma que por la ausencia de presupuesto, en países como España o Alemania habría sido declarada inconstitucional.

Finalmente, Sarlo hizo referencia a la última encuesta de aprobación pública del Poder Judicial, que asciende al 55%, al tiempo que el sistema político ronda el 30%. «El sistema judicial no puede no dar una respuesta al ciudadano, lo cual lo transforma en una herramienta muy atractiva», explicó.

 

«Riesgos»

Por su parte, el presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Víctor Giorgi, sostuvo que «algunos fallos de la Justicia colidan con decisiones del organismo que se tienen que tomar a nivel político», dijo en alusión a la decisión adoptada hace dos meses por la jueza de Familia Graciela Barcelona, quien intimó al organismo a retirar a los niños de la calle en un plazo no mayor a los tres meses.

Giorgi alertó sobre los «riesgos» que conllevan algunos fallos del Poder Judicial que obligan a realizar modificaciones a la planificación prevista por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.

Para el jerarca, la actuación de la Justicia puede generar un «desplazamiento de la autoridad competente para definir las políticas sociales», porque «los niños y adolescentes reciben tratamientos ordenados por jueces y no por especialistas». *