Autorizan a Canelones a enajenar catorce predios en la Costa de Oro

Con 7 votos de los 7 diputados presentes (estaban ausentes los legisladores Felipe Michelini del Nuevo Espacio y Luis Alberto Lacalle Pou del Herrerismo) la Comisión de Constitución y Códigos aprobó una resolución de la Junta Departamental de Canelones, la 1.673, que habilita a la Intendencia Municipal de Canelones a la enajenación de 14 predios inmersos en la enmarañada ciudad de la Costa de Oro. En total, 57.231 metros cuadrados de espacio sin construcciones.

El argumento defendido por la administración de Tabaré Hackenbruch es que con el resultado de producto de la venta de esas parcelas, la comuna destinará el 80 por ciento para la realización de obras de alumbrado público y caminería de asfalto en el 30 por ciento de la zona cercana a la ubicación de los predios; 50 por ciento para el resto del departamento y el 20 por ciento restante destinado a la construcción de un nuevo edificio para el deliberativo comunal.

La administración Hackenmbruch espera recoger 6 millones de dólares como producto de la venta de estas catorce parcelas.

La enajenación de los terrenos se realizaría mediante llamado a licitación pública, sin conocerse el destino que le dará en el futuro el eventual propietario, por lo que podría instalarse en el entorno urbanístico un hospital, un parque de diversiones o una discoteca.

El precio mínimo base para las ofertas del llamado a licitación referido será –según voceros de la municipalidad canaria– de 40 dólares por metro cuadrado para los predios mayores a una hectárea y de 80 dólares por metro cuadrado para los predios menores de una hectárea.

Tras conocerse oportunamente la resolución de la Junta canaria, casi dos mil habitantes de las zonas de San José de Carrasco, Shangrilá, Lagomar y Solymar interpusieron un recurso de inconstitucionalidad, por entender que los predios a enajenar deben permanecer como «espacio verdes y públicos».

El recurso interpuesto está amparado en el artículo 303 de la Constitución de la República.

A juicio del diputado Jorge Barrera de la Lista 15 como de algunos del herrerismo, caso Gustavo Borsari a la Intendencia de Canelones le asiste razón jurídica «y la Comisión de Constitución y Códigos tiene como función obrar en función de la legalidad y «así fue cómo actuamos» subrayó Barrera. Nuestra intención no es politizar este tema por lo que no nos expedimos basándonos en simpatías y antipatías políticas» dijo el diputado quincista.

En tanto, quien más notoriamente se había pronunciado a favor de los habitantes de la Costa de Oro fue el representante Luis Alberto Lacalle Pou que no concurrió a la instancia definitoria de ayer.

«Aquí no se trata sólo de evaluar argumentos de oportunidad, sino que el artículo 303 de la Constitución marca claramente que sea violatorio de la Constitución y las leyes». Lacalle Pou también consideró la situación generada en la Costa de Oro desde el punto de vista personal: «Esto engloba toda una crítica que le hemos hecho al gobierno departamental canario» había dicho en oportunidad de que los vecinos interpusieran un recurso de amparo.

«Las calles de Ciudad de la Costa fueron pavimentadas con una técnica que no está acorde con el tránsito que hay en la zona, según dijo en la misma Junta Departamental de Canelones el director de la comuna Alberto Pereyra y agregó que en el período pasado únicamente se le había otorgado a la administración municipal el 10 por ciento de los fondos solicitados» afirmó Lacalle.

«Nosotros vemos que la Intendencia se está atando las manos para un crecimiento desordenado» sentenció días atrás.