Juez contradijo al fiscal y negó extradición del egipcio

Malestar en el Poder Judicial con mensaje complementario

Tanto en el ámbito de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los magistrados como de los funcionarios judiciales en general, provocó desazón y malestar que finalmente la partida volcada al Poder Judicial sea de 4 millones de dólares, cuando se preveía que ésta fuera mucho mayor.

Incluso una delegación de la Asociación de Magistrados y otra de la Asociación de Funcionarios Judiciales se reunieron días atrás con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, quien les dijo que una partida anual de entre 9 y 10 millones de dólares sería destinada al Poder Judicial, por lo que cayó como una balde agua fría que esa cifra dada por segura terminara reduciéndose a menos de la mitad (los 4 millones contenidos en el mensaje complementario).

Asamblea de Judiciales

En este ambiente, es que ayer se realizó la asamblea general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), donde se analizó lo sucedido hasta el momento con el tratamiento del Presupuesto Quinquenal en lo referente al Poder Judicial, como también las medidas tomadas y a adoptar durante su votación en el Senado.

Dicha asamblea resolvió mantener el trabajo a reglamento, realizar un paro de 24 horas efectuado por materia, oficina y/o departamento, y hacer una conferencia de prensa el próximo miércoles 22 de noviembre, a los efectos de anunciar acuerdos y compromisos que aceptó el Partido Nacional y que fuera transmitido y comprometido por Lacalle con el criterio de mejorar las retribuciones de los judiciales.

También se cuestiona «lo absurdo» del planteamiento del Poder Ejecutivo y su equipo económico respecto a las economías del Poder Legislativo y su monto. Se exige lo comprometido en el documento firmado por el Partido Nacional en oportunidad de apoyar al Dr. Jorge Batlle en el balotaje, donde se parte de lograr un salario mínimo judicial decoroso que entienden se contrapone con el mensaje del Poder Ejecutivo que privilegia a los escalafones más altos.

En la declaración de la asamblea de los judiciales se valoran como positivas las conversaciones mantenidas ayer con senadores del Partido Nacional, en materia de atender las reivindicaciones de los funcionarios judiciales.

«Nosotros planteamos desconocer el mensaje enviado por el Ejecutivo, el que no contempla nuestras reivindicaciones y vuelve a contemplar sólo a determinados sectores. Habiendo un acuerdo avalado por el Partido Nacional esperemos que éste se cumpla», comentó a LA REPUBLICA la presidenta de la AFJU, Elba Rama.

La asamblea se realizó en un clima de gran malestar y desazón entre buena parte de los agremiados, ya que se había generado expectativa luego de que una delegación de AFJU se reuniera con el líder herrerista Luis Alberto Lacalle y escuchara su información de que entre 9 y 10 millones de dólares anuales irían al Poder Judicial.

Luego de ese encuentro con Lacalle los funcionarios judiciales iniciaron contactos fundamentalmente con senadores nacionalistas con vistas a definir la forma de reparto de la suma prometida.

Los diálogos posteriores a la difusión del mensaje complementario fueron también principalmente con legisladores blancos, para saber si votarán el mismo o propondrán mayores recursos para el Poder Judicial, conversaciones que se calificaron como positivas, ya que varios senadores expresaron su disposición a pelear por mayores recursos para el Poder Judicial no sintiéndose atados a votar en su totalidad el mensaje complementario enviado por el Ejecutivo.

El juez en lo Penal del 7º Turno, Pedro Hackenbruch, rechazó el pedido de extradición solicitado por el gobierno egipcio para el ciudadano de ese país El Said Hassan Alí Mokhles.

El fiscal que entiende en el caso, Eduardo Fernández Dovat, se había manifestado favorable a conceder la extradición del ciudadano egipcio, por lo que cuenta con tres días para decidir si apela o no el fallo del magistrado Hackenbruch. Si el representante del Ministerio Público decide apelar, el expediente pasará al Tribunal de Apelaciones, el que deberá expedirse sobre esta cuestión.

Este caso comenzó «de cero» luego de que el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno declaró «absolutamente nulo» todo el proceso judicial llevado adelante, por el cual tanto el fiscal Fernández Dovat como el juez Hackenbruch concedieron la extradición del egipcio acusado de participar de actos terroristas en su país natal.

El Tribunal de Apelaciones en su fallo anuló el proceso entendiendo que hubo claras omisiones de formalidad procesal, aunque igualmente decidió el mantenimiento de la prisión del ciudadano egipcio, quien lleva ya casi dos años en Cárcel Central.

Al ya existir elementos de prueba del anterior expediente anulado por el Tribunal, la resolución fue más rápida que en el proceso anterior.

En este nuevo expediente la abogada del ciudadano egipcio, Cecilia Schroeder, agregó un informe de un abogado egipcio sobre la persona del imputado y un extracto de una organización egipcia de Derechos Humanos que al parecer beneficiaron a su defendido e hicieron variar la posición del magistrado Hackenbruch en esta instancia.

El caso llegó al tribunal superior luego que la Dra. Cecilia Schroeder, presentara un recurso de queja por denegación de apelación ante el juez actuante, por un fallo en el que negó otorgar la libertad del ciudadano egipcio y no dio lugar al pedido de nulidad también interpuesto.

A criterio del Tribunal de alzada, tanto el juez Hackenbruch como el fiscal Fernández Dovat, aplicaron en su resolución lo establecido por artículos de la Ley 16.893 que a pesar de haber sido aprobada por el Parlamento no entró en vigencia (es parte del nuevo Código del Proceso Penal). En virtud de este elemento es que el Tribunal anuló todo el proceso, desde su inicio mismo, por lo que las nuevas instancias surgieron del pedido original del gobierno de Egipto sin tener en cuenta las actuaciones posteriores que se realizaron en todo este tiempo.