La fiscal pidió procesamiento con prisión para el "Goyo" y dos marinos

La solicitud también involucra a los ex oficiales de la Armada Tróccoli y Larcebeau, quienes actuaron en Argentina en ese año. Tras notificar a las defensas, el magistrado dispondrá de 45 días para resolver.

Guianze se hizo presente en el juzgado de la calle Misiones entre 25 de Mayo y Cerrito, a las 14 horas, y le entregó al juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, el dictamen en el cual solicita los enjuiciamientos con prisión de Alvarez y de los ex marinos Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau.

Si bien el contenido del extenso pronunciamiento de la fiscal se mantendrá bajo reserva hasta que el magistrado notifique a las defensas, ya que todavía rige el secreto de presumario, en el caso de Alvarez se apuntaría a su «responsabilidad cupular» como jefe del Ejército.

En ese sentido, fuentes cercanas a la investigación indicaron a LA REPUBLICA que el pedido de procesamiento en relación a los tres militares retirados tipificaría el delito de «desaparición forzada», figura delictiva prevista en la Ley Nº 18.026, surgida del Estatuto de Roma, que fue aprobada en setiembre de 2006.

Este delito tiene las características de imprescriptibilidad que rige en todos los casos de crímenes de lesa humanidad. La «desaparición forzada» prevé penas de dos a 25 años de prisión y se trataría de los primeros pedidos de procesamiento bajo esta normativa.

Ahora, el magistrado deberá citar a los tres indagados para notificarles formalmente acerca del pronunciamiento de la fiscal, según lo dispuesto en el artículo 126 del Código del Proceso Penal. En esa instancia, las defensas tendrán la posibilidad de solicitar el diligenciamiento de prueba.

Luego, el juez Charles dispondrá de un plazo de 45 días para resolver si hace o no lugar a la solicitud de la Fiscalía. No obstante, versiones de prensa que circularon ayer indicaron que el magistrado podría resolver en los próximos días, inclusive en el transcurso de esta semana.

Este caso busca esclarecer el destino de cerca de 40 presos políticos detenidos en Argentina ­en su mayoría miembros de los GAU y el PCR­ que habrían sido ingresados a Uruguay en forma clandestina en cinco o seis traslados realizados por tierra, cielo y agua, y que todavía están desaparecidos.

 

Comandante del Ejército

Alvarez asumió como comandante en jefe del Ejército el 1º de febrero de 1978 y se mantuvo en el cargo hasta la misma fecha del año siguiente, por lo que para la fiscal no existen dudas de que tuvo conocimiento de los traslados clandestinos llevados a cabo durante ese año.

En ese contexto y siendo jefe de la fuerza de tierra, Alvarez suscribió el 3 de marzo de 1978 la Resolución Nº 777, en la que resolvió la «descompartimentación» de las acciones de las Fuerzas Armadas en el accionar contra la «subversión».

«Este Comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido por su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto en la época de referencia», aseguraba el entonces jefe del Ejército. Al declarar ante el juez Charles y la fiscal Guianze el lunes 5, Alvarez dijo no recordar nada ni tener información sobre los traslados clandestinos de 1978. Lo mismo había asegurado tiempo atrás al comparecer por la desaparición de Washington Barrios y por el «segundo vuelo» de Orletti.

Sin embargo, una importante cantidad de documentos agregados a la causa por el abogado denunciante, Oscar López Goldaracena, evidenciaría que Alvarez tuvo información de los traslados, hecho que permitiría imputarle responsabilidad penal.

La documentación incluye certificados del Ministerio de Relaciones Exteriores que dan cuenta de una serie de asuntos despachados por el Departamento de Comunicaciones de la Cancillería, que informaron en 1981 al por entonces presidente Alvarez acerca de las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

 

Tróccoli y Larcebeau

El pedido de procesamiento de la fiscal Guianze incluye también, tal como había adelantado LA REPUBLICA, a dos ex oficiales de la Armada vinculados con la represión que los Fusileros Navales (Fusna) llevaron a cabo con efectivos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Argentina.

Se trata del teniente de navío (r) Jorge Tróccoli y del alférez de navío (r) Juan Carlos Larcebeau, quienes admitieron ante la Justicia haber desempeñado tareas en Argentina en 1978. Incluso, Larcebeau reconoció haber viajado a Buenos Aires para participar en interrogatorios a presos políticos.

Tróccoli, por su parte, al comparecer ante el juez Charles y la fiscal Guianze admitió haber operado en Buenos Aires, pero dijo que su participación estuvo vinculada a una base naval ubicada en Bahía Blanca, en la que, según se ha denunciado, funcionó un importante centro de torturas clandestino.

Además, Tróccoli, en su libro «La Ira de Leviatán», editado en 1996, confirmó los operativos represivos contra opositores a los regímenes de facto realizados por la Armada en Buenos Aires, en el marco de la coordinación entre las fuerzas de ambos países.

«Algunos operativos realicé con ellos (con militares argentinos), no se podía estar solamente de espectador, al igual que acá había que demostrar el valor de no ser rechazado. Ese es el precio por permanecer y poder obtener alguna información, precio no exigido, no explícito, pero fuertemente implícito en un grupo humano que diariamente hacía gala de eficiencia y valor personal», admite Tróccoli en la publicación. *