Diputados: tras extenso debate se aprobó la reforma de la salud

Fue al borde de la extenuación –o tal vez de cierto incordio cerebral–, pero los legisladores oficialistas lograron su objetivo.

Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de ley de Sistema Nacional Integrado de Salud. Al texto, que llegó con la media sanción del Senado, le fueron incorporados varios aditivos por lo que regresará a la Cámara alta. No obstante, ya se supo porque siempre aparece un bocazas: hay acuerdo para que sea votado la semana próxima sin observaciones. Por tanto, la ley se promulgaría de inmediato.

Los aditivos refieren en su mayoría a cuestiones formales; por ejemplo, que la recaudación, administración y fiscalización de los recursos correrá por cuenta del BPS, aunque será la Junta Nacional de Salud la que determinará cuánto se paga y a qué prestadores de servicios de atención a la salud.

De los aditivos más relevantes vale la pena consignar: a) quedan comprendidos en el fondo de atención todos los hijos de 18 a 21 años, siempre que no trabajen y que sus padres aporten al Fonasa; b) los empresarios rurales dueños de menos de 500 hectáreas seguirán con su cuota mutual bonificada, ahora en un 45%, y en un 60% si tienen hijos menores a cargo; y c) a las empresas unipersonales y monotributistas se les mantendrá el aporte opcional.

 

Descubrimiento revelador

Descubrí que «redundancia» es una palabra tramposa. De acuerdo con la más común de sus acepciones –que yo pensaba propinarle a alguno, inspirado por el agotador debate de anoche– significa «repetición o uso excesivo de una palabra o un concepto».

Ya me veía usándolo, babeante la boca de espíritu vengativo: «Los señores legisladores redundaron de tal manera que, aun a su pesar, causaron una catalepsia a los periodistas que siguieron, con un hálito de vida, las exposiciones».

Pero hete aquí que también quiere decir «repetición de la información contenida en un mensaje, que permite, a pesar de la pérdida de una parte de éste, reconstruir el contenido del mismo».

Marché. Redunden nomás, muchachos, ahora y siempre. Los amparará esta por mí indeseada y hasta hoy ignorada acepción.

No pego una. Por algo el lío del martes lo miré de lejos.

 

Arranque en buen clima

Trabajadores de la Federación Uruguaya de la Salud llegaron a las barras. Quizás influyó el hecho de que su líder natural, Jorge Bermúdez, simpáticamente conocido como «El Fogata», asumió anoche una banca como suplente de Doreen Ibarra (Fidel ­ 1001). En la sala se inició de inmediato, en clima de distendido bullicio, el comentario de la velada pugilística pasada.

Ajena a tamañas trivialidades, María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública, ingresó como una reina, luciendo un trajecito gris perla, de ajustado pantalón, que la favorecía tanto como el bellísimo esmaltado de sus uñas, cuyo color no supe definir.

 

Parecía la antesala de una fiesta.

De pronto, los diputados Juan Arambillete (Espacio 609), Carlos Naya (Claveles Rojos) y Luis Lacalle Pou (Herrerismo) hicieron su esperado ingreso –no a la vez, tampoco la pavada–, notándose que, luego de unos minutos, y secos como tamango viejo, entraban y salían repetidamente, provocando que algunos escribas y camarógrafos –televisión había hasta de Uganda–, ya frenética su expectativa, pretendieran seguirlos hasta el baño.

No pasó nada. O sí, porque fue en el baño que Naya le pidió disculpas a Lacalle, quien las aceptó, y ambos se estrecharon la mano en un hidalgo gesto. Posteriormente, el diputado blanco se me apersonó y me dio su palabra de honor de que jamás, contrariamente a lo que ciertas fuentes hicieron trascender, llamó «asesino» a Juan José Domínguez (Espacio 609), al inicio del incidente ocurrido el martes.

Así las cosas, de pronto elevóse la pedagógica voz de José Luis Gallo (Asamblea Uruguay) para informar el proyecto de Sistema Nacional Integrado de Salud, sorprendiendo por el uso de una computadora portátil, desde la cual enviaba imágenes a dos grandes pantallas. En cierto momento el aparato se le disparó –y, doctor, ¡no es un estetoscopio!– obligándole a interrumpir la exposición como si un hijo de mala madre le hubiese trancado el telepronter; por fortuna, y cuando el presidente Pintado empezaba a perder su carbonera paciencia, apareció Alfredo Asti (Asamblea Uruguay), que a las computadoras las hace de goma como Gates, aunque sin tanto dólar, y lo sacó del apuro.

 

Características esenciales

Según el informante, reconfortado porque el teclado perverso respondía a su nerviosa digitación, «el proyecto compete a Salud Pública la implementación del nuevo sistema, que articulará a prestadores públicos y privados de atención integral».

Gallo reseñó los principios rectores de la reforma: «a) la promoción de la salud con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población; b) la intersectorialidad (¡linda palabra para un poema romántico!) de las políticas de salud (…) encaminadas a mejorar la calidad de vida; c) la cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad (otra, para hacer una rima de mierda) de los servicios; d) la equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones; e) la orientación preventiva, integral y de contenido humanista; f) la calidad integral de la atención de acuerdo a normas (…) que respeten los principios de la bioética y los derechos humanos de los usuarios; g) el respeto al derecho de los usuarios a la decisión informada sobre su salud; h) la elección informada de prestadores de salud por parte de la población; i) la participación social de trabajadores y usuarios; j) la solidaridad en el financiamiento general; y k) la sustentabilidad (¡dale con la palabreja!) en la asignación de recursos para la atención integral de la salud».

El proyecto crea la Junta Nacional de Salud como un organismo desconcentrado, cuyos cometidos serán: a) administrar el Seguro Nacional de Salud; b) velar por la observancia de los principios rectores y objetivos del nuevo sistema. Tendrá carácter honorario y estará integrada por dos miembros de Salud Pública, uno de Economía y Finanzas, uno del BPS, un representante de los prestadores integrados, un representante de los trabajadores de esos prestadores y un representante de los usuarios. La Junta dispondrá el pago de «cuotas de salud» a los prestadores del Sistema, de acuerdo con sus padrones de usuarios y previo cumplimiento de sus obligaciones.

El Sistema Nacional Integrado de Salud se organizará en redes por niveles de atención, según las necesidades de los usuarios y la complejidad de las prestaciones. En la cobertura de atención se incluirán actividades de promoción y protección de la salud, diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno, acciones de rehabilitación y cuidados paliativos y acceso a medicamentos y recursos tecnológicos suficientes.

 

Usuarios y financiación

Gallo –quien fue respaldado por los mosqueteros Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) y Silvana Charlone (Espacio 90)– aclaró que serán usuarios quienes residan en el territorio nacional y se registren, de modo espontáneo, a solicitud de la Junta Nacional de Salud, en una de las entidades prestadoras de servicios; no se admitirá la doble cobertura de atención médica integral a cargo del Sistema, debiendo los usuarios optar por una de las que eventualmente le correspondan.

Los recursos del Fondo Nacional de Salud serán el 100% de los aportes obligatorios de trabajadores y empresas privadas; de los trabajadores del sector público incorporados al Seguro Nacional de Salud; del propio Estado sobre la masa salarial que abone a sus dependientes incorporados a dicho Seguro; de los pasivos; y, además, de las rentas generadas por sus activos.

A los trabajadores públicos y privados se les descontará 6% de su salario si éste supera 2.5 Bases de Prestaciones y Contribuciones y tienen a cargo hijos menores de 18 años, discap
acitados u otros de entre 18 y 21 años que no trabajen y siempre que sus padres aporten al Fonasa; 4,5% si su salario está por encima del mismo tope anterior pero no tienen hijos menores a cargo ni discapacitados, incluyendo los hijos menores del cónyuge o concubino; y 3% en los casos en que el salario no supere el tope aludido, independientemente de si tienen hijos menores o discapacitados a su cargo.

Para los jubilados regirá el sistema actual y, a partir del 1º de enero de 2008, aquellos cuya pasividad, sumada al ingreso total de su hogar, no supere 12.5 BPC, podrán optar por ingresar al Seguro Nacional de Salud aportando un 3%.

 

Oposición ardida

Blancos y colorados, con un do de pecho pero muy civilizados, sacudieron los mármoles de la sala.

En el Partido Nacional –sobre todo Miguel Asqueta (Alianza Nacional), Jaime Trobo (Herrerismo) y Javier García (Alianza Nacional)– se dijo que esta «es una reforma estatista, con una poderosa centralización política», que no están «todos los habitantes del país incluidos», que se eliminan «potestades de gestión y administración que legítimamente tienen las empresas», que existe la posibilidad «de que todas las prestaciones requieran copagos», que el poder «de la Junta Nacional de Salud es desmesurado» y que la forma de cálculo de la «cuota salud» –a pagar a los prestadores de servicios públicos o privados- es «vaga y dudosa».

En el Partido Colorado, la molestia principal, algo como una verruga impertinente en el abductor, supongo que derecho, es –según José Amorín y Daniel Bianchi (Lista 15)– que «no se les haya dado la oportunidad de proponer ideas para mejorar esta parte de la reforma, tal como sí ocurrió, en cambio, con la descentralización de ASSE y la creación del Fonasa».

Amorín fue casi cruel, aunque a esa altura muchos tomaban mate en el ambulatorio o respondían a exigencias de una próstata delicada: «Esta ley es rotundamente mala, no se trató debidamente en comisión y conduce a un fiscalazo y a un aumento de la recaudación del Estado».

Pero, ya dije, se aprobó. *