Otros proyectos aprobados

Con votos del oficialismo fueron aprobadas las nuevas normas para el tránsito y la seguridad vial en el territorio nacional.

El texto separa lo institucional de lo normativo. Por un lado se crea, en la esfera del Poder Ejecutivo, la Unidad Nacional de Seguridad Vial; por otro, se reúne las normas específicas aplicables en todo el Uruguay.

Juan José Domínguez (Espacio 609) y Horacio Yáñez (Nuevo Espacio) hicieron algunas recordaciones conmovedoras: a nivel regional, hay 30.000 muertos y 300.000 heridos por accidentes de tránsito por año; el 95% de los accidentes en el país son ocasionados por errores humanos; los gastos por esos accidentes ascienden anualmente a 908.100.000 dólares, equivalentes al 4,3% del PBI; y cada empresario o trabajador uruguayo paga, directa o indirectamente, alrededor de 50 dólares anuales por costos de accidentes de tránsito.

Entre las nuevas normas aprobadas se destaca: las luces cortas encendidas de forma permanente para la circulación de todo vehículo automotor; uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes de los vehículos; uso de señales luminosas en las bicicletas; y uso de casco para conductores de bicicletas y motos. Por otra parte, el grado de concentración tolerable de alcohol disminuirá, gradualmente, del porcentaje actual de 0,8 gramos por litro de sangre a 0,3.

Finalmente, se establece el seguro obligatorio, la utilización del mínimo indispensable de señales viales y una mayor severidad en el control mecánico de todos los vehículos.

 

Profesionales de la salud

Cerrando la sesión, también con votos de la mayoría, fue aprobado el proyecto ­y ya es ley, pues contaba con la media sanción del Senado­ que apunta a regularizar la contratación de profesionales de la salud que desarrollan tareas para el Ministerio de Salud Pública a través de contrataciones diversas en forma privada.

La dificultad mayor radicaba en la situación de médicos que son presupuestados de Salud Pública, u de otros organismos del Estado, y a su vez cumplen funciones para el ministerio bajo formas de contratación privada, fundamentalmente a través de las Comisiones de Apoyo. Según la Ley 11.923 ninguna persona podrá ocupar a la vez dos empleos públicos de carácter permanente con cargo a fondos del Estado. Esta incompatibilidad actualmente complicaba la regularización de los contratos que Salud Pública se ha planteado, afectando la continuidad de los servicios sanitarios estatales. El texto aprobado establece, con carácter de excepcionalidad, que tal incompatibilidad no se aplicará a los casos referidos y mientras los involucrados sigan cumpliendo las mismas funciones que hoy.

En otras palabras, los servicios de la salud pública requieren de estos profesionales que trabajan en más de un ámbito estatal, pues si fuesen desafectados, por la incompatibilidad aludida, los dejaría sin personal suficiente.*