Ediles piden hoy auditar a la Intendencia de Tacuarembó ante presuntas irregularidades

El departamento de Tacuarembó ha sido gobernado por el Partido Nacional desde hace varios decenios, pero desde hace tres períodos la lista perteneciente al sector de Alianza Nacional (50) es rectora de la comuna.

 

Cuentas viejas

El actual senador Da Rosa fue intendente por dos períodos seguidos. En la última etapa, el actual intendente era su suplente y quedó en ese lugar cuando Da Rosa tuvo que renunciar para hacer campaña por el Senado. Luego también renunció para competir por la Intendencia.

«El pedido de auditoría externa se basa en el incumplimiento reiterado del Tocaf y de la Constitución de la República durante varios años, pero sobre todo en las rendiciones de cuentas de 2003, 2004 y 2005, que no fueron aprobadas por la Junta Departamental», indicó a LA REPUBLICA Daniel Gadola, edil del FA.

Hoy, en la Junta Departamental de Tacuarembó, la bancada del Frente Amplio, compuesta por 7 ediles, propondrá al cuerpo pedir una auditoría externa al Tribunal de Cuentas de la IMT desde el año 2003 en adelante.

 

Cuentas complicadas

A los votos del FA se le sumarán el del representante del Partido Colorado, capitán retirado Juan Osorio. Y otro edil de la lista 8 del Partido Nacional, doctor Franco Freducci. Juntos suman 9 votos, faltando dos para poder solicitar la auditoría, por lo tanto, tienen que sumarse algunos ediles de la Lista 400 (herreristas).

Pero la situación se vuelve compleja. La 400 tiene la segunda bancada más grande de la Junta, luego de la 50 (integrada por 12 ediles), y siempre estuvieron enfrentados.

Los votos de la 400 fueron decisivos a la hora del llamado a sala del intendente Ezquerra durante el mes pasado, debido al aumento de sueldo de varios jerarcas para no pagar el IRPF, sin autorización del Tribunal de Cuentas.

 

Indecisión fatal

Los ediles de la lista 400 no acompañarían el pedido de auditoría, aunque puede haber cambios de última hora, porque en su seno hay varias posiciones al respecto.

Al parecer, según informaron diversas fuentes a LA REPUBLICA, estarían negociando entre los líderes de ambos sectores del Partido Nacional, el senador Da Rosa y el ex intendente Sergio Chiesa, para llegar a un acuerdo y dejar afuera al actual intendente.

Si esa negociación entre los blancos se concreta y no votan el pedido de auditoría a la IMT «se estaría jugando con la gente, por cambiar de actitud tan rápidamente. Eso no es serio», indicó a LA REPUBLICA el edil del Partido Colorado Juan Osorio.

 

¿Un error fatal?

Sin embargo, los ediles de la lista 400 están dispuestos a acompañar una investigación sobre hechos que hayan sucedido en el gobierno actual de Ezquerra. «La auditoría es un error del Frente Amplio en estos momentos, no nos parece conveniente», indicó a LA REPUBLICA uno de los dirigentes nacionalistas de este sector.

La solicitud de auditoría externa se concentraría sobre todo en el período de Da Rosa, haciendo hincapié en la época de la campaña electoral y los gastos que allí se efectuaron.

«Primer punto a investigar: Tenemos la posible conjunción pública-privada, donde se hicieron compras o pagos a empresas vinculadas al intendente Ezquerra», explicó Gadola.

Durante el primer mandato de Ezquerra, cuando remplazó a Da Rosa entre agosto de 2004 y febrero de 2005, hubo varias denuncias de compras por parte del municipio a algunos de los comercios vinculados al intendente y su familia, como la «Tienda Ezquerra».

En aquel momento, el intendente salió a defenderse y dijo que el comercio en cuestión estaba a nombre de un integrante de su familia y que detrás de los ediles denunciantes había motivos políticos, pues se estaba en plena campaña electoral.

 

Compras cuestionadas

La Junta Departamental intervino pero la banca mayoritaria del Partido Nacional pasó «la aplanadora» y se solicitó a la intendencia averiguar quiénes «fueron los responsables de divulgar la información reservada, sobre personas físicas o jurídicas que contratan con la intendencia», como dice la resolución de la Junta de mayo de 2005.

Sin embargo, los cheques de pago a esta tienda existieron y fueron corroborados por la contadora Lourdes López, quien era la delegada del Tribunal de Cuentas en la IMT en carta fechada el 10 de mayo de 2005.

Segundo punto del pedido de auditoría: «Solicitamos a la IMT que nos explique desde cuándo existía una empresa constructora trucha, a nombre de un funcionario, que tenía personal en negro y realizaban obras para la intendencia», explicó el edil frenteamplista.

Como tercer punto, el legislador departamental plantea que en el año 2004, durante el gobierno de Da Rosa, hubo muchas compras fraccionadas, «en rubros excedidos, bloques, madera, portland, etc. Compras sin licitación, observadas por el tribunal», indicó Gadola.

En el ejercicio 2004, el tribunal dice, «no se ha dado cumplimiento en todos los casos a estas normas (artículos 33 y 40 del Tocaf), al efectuarse adquisiciones de artículos de un mismo ramo en forma fraccionada sin dejar constancia de sus fundamentos».

 

Observaciones antiguas

El cuarto punto para solicitar la auditoría es «la quita de multas y recargos a determinados contribuyentes, por fuera de las normas votadas por la Junta Departamental», indicó el edil del FA.

«Desde el año 1999 hemos venido pidiendo que se haga una investigación administrativa en la Intendencia. Porque en el informe final se verá si hay responsabilidades o no», indicó el edil colorado.

El Tribunal de Cuentas ha observado la gestión de la comuna de Tacuarembó desde hace un buen tiempo. Desde el año 2003 las observaciones se repiten casi con las mismas letras hasta el año 2005.

Una de las observaciones más importantes es el no pago de la deuda con UTE que asciende, hasta diciembre de 2005, a más de 650 millones de pesos. La IMT, debido a esta deuda, promovió un recurso administrativo de anulación.

 

Sin luz y sin vivienda

Es una de las pocas comunas del país que todavía no ha hecho convenio con el Ente y esto ha dificultado tareas de alumbrado público en el departamento. «Por ejemplo, en unas viviendas ubicadas en la localidad de Laureles. Las obras están trancadas porque la intendencia se comprometió a hacer gestiones ante la UTE. Pero no puede hacerlo por esta situación», dijo a LA REPUBLICA el diputado departamental del FA (MPP) por Tacuarembó, Edgardo Rodríguez.

Otro punto observado por el tribunal y que tiene larga data es sobre los fondos impagos al Fondo Nacional de Viviendas (FNV). En este punto, el Tribunal observa que «en los estados presentados (por la Intendencia) figuran como pagos al FNV un importe de 1.304.886 pesos, no obstante la comuna no ha abonado, desde 1991, sus aportes al mencionado organismo. Lo señalado denota que la información proporcionada por el sistema contable no es correcta, restando confiabilidad a la misma«.

Otra observación es que hasta mayo del año pasado la IMT compraba a los proveedores sin exigir los certificados de estar al dia con el BPS y la DGI. Como muestra, LA REPUBLICA tiene en su poder un recibo de compra de dólares realizado en un estudio de negocios rurales en marzo de 2002.

Por otra parte, la IMT no tiene una Unidad de Auditoría Interna y el tribunal lo viene recomendando desde el año 2003 para un mejor control de los gastos de la comuna. Esta unidad «deberá estar a cargo de un contador público con formación y experiencia en la materia», dice el documento.

 

A ordenar la cuentas

En resumen, el tribunal recomienda a la IMT comenzar a ordenar sus cuentas y capacitar al personal de contaduría para enviar los datos exactos al organismo nacional.

Hasta diciembre de 2003, la gestión municipal del actual senador Da Rosa tuvo un déficit de casi 290 millones de pesos.

Por este motivo, la
Junta Departamental aceptó el 29 de setiembre de 2005 las observaciones del Tribunal de Cuentas y dice en el resultando I que «de la rendición de cuentas se desprende que del total de gastos tan sólo un 9% se volcó a inversiones».

En la parte II del mismo documento dice que el «Ejercicio arroja un incremento del déficit de casi 39 millones de pesos». Debido a las observaciones, la Junta no aprueba la rendición de cuentas de 2003 y exhorta a la IMT que ponga el «máximo celo en el control y mejora de la gestión».

En los años 2004 y 2005 la situación en la Junta se repite y las observaciones del tribunal también. *