Nueva documentación de Cancillería evidenciaría que el Goyo sabía todo

Una serie de documentos y testimonios sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, algunos de los cuales evidenciarían que el ex dictador Gregorio «Goyo» Alvarez estaba informado de lo que ocurría, fueron presentados ayer por el abogado Oscar López Goldaracena ante la Justicia Penal. La abundante prueba documental (unos diez kilogramos de fojas, folios y legajos) se entregó al juzgado penal de 19º Turno, a cargo del juez Luis Charles, quien indaga la megacausa sobre secuestros, traslados ilegales, torturas y desaparición de uruguayos exiliados en Argentina entre 1976 y 1978.

La documentación incluye 12 legajos, certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dan cuenta de una serie de asuntos despachados por el Departamento de Comunicaciones de la Cancillería y dirigidos al ya presidente Gregorio Alvarez donde se le informa de denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos.

También se incluyen los testimonios del ex integrante del Ejército Hugo Walter García Rivas, realizado en París en junio de 1980, en las que narra el proceso de secuestro en Porto Alegre y traslado ilegal a Uruguay en noviembre de 1978 (cuando Alvarez era comandante en jefe) de Lilián Celberti y Universindo Rodríguez.

 

Nuevos viejos testimonios

El material presentado al juzgado también contiene el primer testimonio del sindicalista Washington Pérez sobre el secuestro extorsivo de Gerardo Gatti y León Duarte en 1976, las declaraciones del ex marinero Víctor Pablo Laborde en La Haya en 1982, y las acusaciones del ex funcionario diplomático Mario Enrique Biglino.

Uno de los documentos confirma que ya en 1975 existía persecución contra uruguayos residentes en Argentina, quienes llegaron a ser interrogados y golpeados en los propios hoteles en donde estaban alojados; y un oficio que da cuenta de un sospechoso vuelo de la Fuerza Aérea a Argentina a fines de octubre de 1976.

La prueba presentada por López Goldaracena también incorporó a la causa a cargo del juez Charles y la fiscal Mirtha Guianze, una entrevista de la revista Posdata de abril de 1996 donde dos integrantes de los servicios de inteligencia de la Armada confirman la coordinación represiva uruguayo-argentina en la desaparición de uruguayos en 1978. *